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Media Kit Archives » Landmine Monitor 2010 Media Kit » Monitor de Minas Terrestres 2010 Síntesis de Hechos

Empleo

El Monitor identificó la colocación de minas antipersonal por parte de un solo gobierno: Myanmar.

Se confirmó el uso de minas antipersonal por grupos armados no estatales en seis países: Afganistán, Colombia, India, Myanmar, Pakistán y Yemen.

Se trata del nivel más bajo registrado desde que el Monitor comenzó a informar en 1999. Por primera vez, no se identificó a Rusia como usuario activo.

Producción

El Monitor identificó a 12 productores de minas antipersonal, el total más bajo registrado hasta ahora.

De los 12, sólo tres participaban activamente de la producción de minas: India, Myanmar y Pakistán.

Luego de que Nepal declarara oficialmente no ser país productor, fue quitado de la lista de productores.

Víctimas

En 2009 se registraron 3 956 nuevas víctimas de minas terrestres y restos explosivos de guerra (REG), el total anual más bajo desde que comenzó el monitoreo en 1999 y 28% menos que en 2008.

Debido a una recopilación de datos incompleta, el número real de victimas fue ciertamente mayor al registrado.

Contaminación

Se presume que un total de 66 estados y siete territorios han sido afectados por minas (entre confirmados y no confirmados). Esto implica una disminución de tres países.

Actividades relativas a las minas

Los programas de actividades relativas a las minas limpiaron como mínimo 198 km2 de áreas minadas en 2009, por mucho el total anual más alto jamás registrado por el Monitor, resultando en la destrucción de más de 255 000 minas antipersonal y 37 000 minas antivehículo. Se limpiaron en 2009 al menos 359 km2 de ex áreas de batalla, eliminando 2.2 millones de REG.

Los programas de Afganistán, Camboya, Croacia, Irak y Sri Lanka representaron más del 80% del total de limpieza registrada.

La educación sobre el riesgo que representan las minas/REG se siguió llevando a cabo en varias localidades afectadas, iniciándose nuevos proyectos en Argelia y Pakistán.

Asistencia a las víctimas

En 2009, se observó una cierta mejora en la calidad y/o el acceso a los servicios de asistencia las víctimas en 11 países o territorios, y una disminución en otros nueve países.

Mientras que la coordinación de asistencia a las víctimas mejoró en muchos lugares, la amplia mayoría de países no suministraron asistencia en base a los datos que evaluaban el número de víctimas y sus necesidades.

Los sobrevivientes o las organizaciones que los representan participaron en la implementación de la asistencia a las víctimas en menos de la mitad de los países afectados, en su mayoría a través de redes de autoayuda de organizaciones no gubernamentales.

Sólo 15 donantes internacionales informaron haber realizado asistencia las víctimas, por un total de USD 38 millones, sólo 9% del total mundial de financiación para actividades relativas a las minas.

Ayuda para las actividades relativas a las minas

Los donantes y los países afectados dedicaron alrededor de USD 622 millones a las actividades relativas a las minas en 2009.

Treinta y tres donantes contribuyeron USD 449 millones a 54 países/territorios, casi lo mismo que en 2008.

El año 2009 fue testigo del tercer nivel más alto de financiación internacional hasta el momento y fue el cuarto año consecutivo en que las contribuciones internacionales llegaron a más de USD 400 millones.

Las contribuciones de los cinco principales donantes en actividades relativas a las minas (Estados Unidos, la Comisión Europea, Japón, Noruega y Alemania) representaron el 61% de toda la financiación.

Los cinco estados principales receptores (Afganistán, Irak, Camboya, Sudán y Sri Lanka) recibieron casi el 50% del todas las contribuciones internacionales para actividades relativas a las minas en 2009. Afganistán recibió la mayor contribución para un solo estado de $107 millones.

Las contribuciones nacionales para actividades relativas a las minas de estados afectados aumentaron de USD 144 millones en 2008 a USD 173 millones en 2009, con Croacia y Angola representando el 56% del total.

Implementación y cumplimiento del Tratado de Prohibición de Minas 2009–2010

Lo bueno

Lo malo

156 países se han unido al Tratado de Prohibición de Minas (80% de todos los países del mundo)

Ningún país se ha unido al tratado desde que Palau se adhiriera en noviembre 2007.

El Plan de Acción de Cartagena adoptado en la Segunda Conferencia de Examen provee un mapa de ruta de cinco años ambicioso y concreto para implementar y universalizar el Tratado de Prohibición de Minas.

No ha habido necesidad de que los Estados Parte invocaran las disposiciones de cumplimiento formales del Tratado para clarificar ninguna cuestión de cumplimiento.

Existen denuncias altamente preocupantes de que miembros de fuerzas armadas de Turquía emplearon minas antipersonal en 2009; esto se encuentra sujeto a una investigación legal por parte de este país.

86 países han completado la destrucción de sus existencias, destruyendo en total más de 45 millones de minas antipersonal almacenadas.

Ucrania no cumplió con el plazo de destrucción de existencias en junio de 2010 y se encuentra en violación del Tratado; como Belarús, Grecia y Turquía, que incumplieron sus plazos en marzo de 2008.

Se encuentra en curso un riguroso proceso para extender los plazos de remoción de minas de 10 años. A septiembre 2010, 22 Estados Parte han recibido o han solicitado formalmente tiempo adicional.

En junio de 2010, Nicaragua declaró formalmente que había completado sus obligaciones de remoción. Fue el 16º país en hacerlo; Albania, Grecia, Ruanda, Túnez y Zambia declararon haber cumplido con sus obligaciones de limpieza en 2009.

Numerosos Estados Parte que habían recibido extensiones en 2008 y 2009 han hecho progresos desalentadores. Gran preocupación genera Venezuela, que no ha iniciado sus operaciones de remoción más de 10 años después de haber ratificado el tratado.

La tasa de cumplimiento con la presentación de informes de transparencia anuales se encuentra en el nivel más bajo hasta el momento (56%); Guinea Ecuatorial está atrasado 11 años con su informe inicial.

Menos del 40% de los estados ha sancionado leyes internas de implementación del tratado.