Desarrollos
clave desde mayo del 2000: Colombia ratificó el Tratado para la
Prohibición de las Minas el 6 de septiembre del 2000. Grupos guerrilleros
continuaban usando minas terrestres antipersonal. El monitor de minas terrestres
identificó un número creciente de áreas afectadas por las
minas, incluyendo al menos 168 municipalidades en 27 departamentos en las cinco
regiones de Colombia. Se está llevando a cabo un nuevo proyecto piloto
en la sensibilización sobre las minas y asistencia a las víctimas
en 16 municipalidades. En el 2000 se registró un total de 83
víctimas de minas, lo que significa un aumento de las 63 registradas en
1999. Desde enero a julio del 2001 se han registrado 138 víctimas de
minas. Colombia ha informado que su arsenal de minas antipersonal comprende de
18.294 minas.
Política de prohibición de minas
Colombia firmó el Tratado para la
Prohibición de Minas el 3 de diciembre de 1997. El presidente colombiano
Andrés Pastrana Arango firmó la ley de ratificación
554/2000 el 14 de enero del 2000 aprobando el
tratado.[1] Como lo establece la
constitución de Colombia, el tribunal constitucional preparó el
instrumento legal para la ratificación del tratado, completando esta
tarea en agosto del 2000 con la aprobación de la Pena C991/00, la cual
declara la constitucionalidad del Tratado para la Prohibición de las
Minas.[2] El 6 de septiembre del
2000 el Presidente Pastrana depositó el instrumento de
ratificación de las Naciones Unidas durante la asamblea Millenium. El
Tratado entró en vigor en Colombia el 1º de marzo del 2001.
Aunque Colombia no ha promulgado ninguna legislación para la
implementación, varias agencias gubernamentales incluyendo al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, la Oficina del Defensor
Nacional del Pueblo, la Oficina de la Vicepresidencia, el Programa Presidencial
para los Derechos Humanos, la Ley Humanitaria Internacional y el Ministerio de
Planificación Nacional están trabajando juntos para la elaborar un
decreto que establezca un comité inter-agencia para trabajar sobre las
minas terrestres.[3] El gobierno
de Canadá y agencias no gubernamentales incluyendo la UNICEF de
Colombia, la Cruz Roja de Colombia y la Campaña colombiana contra minas
(CCM) han sido invitadas para apoyar, supervisar y asesorar el
proceso.[4]
Colombia debe presentar su informe inicial de transparencia del
Artículo 7 del Tratado para la prohibición minas el 28 de agosto
del 2001. En noviembre del 2000 un funcionario del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Legislación Humanitaria Internacional (PPHR/HIL)
expresó que: “la voluntad del gobierno es cumplir con el
Artículo 7 de manera exhaustiva y oportuna, y para lograr este objetivo,
varias oficinas del gobierno como ésta, por ejemplo, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajarán coordinados en
la preparación del
informe”.[5]
Colombia participó en la Segunda Reunión de los Estados Parte
en septiembre del 2000, con una delegación conducida por el embajador de
su misión permanente a las Naciones Unidas en Ginebra, Camilo Reyes
Rodríguez. El Embajador Reyes Rodríguez declaró que:
“en esas situaciones en las cuales las obligaciones derivan del estado de
la ley humanitaria internacional, las obligaciones de la Convención se
aplican tanto a los Estados Parte como a los actores armados no estatales y por
lo tanto, en el caso de un conflicto armado que no tenga carácter
internacional, en el territorio de un Estado Parte, cada uno de los contendores
tiene la obligación de aplicar las normas de esta
Convención”.[6]
Colombia no asistió a las reuniones del Comité Permanente
Intersesional en diciembre del 2000, pero participó en las reuniones de
mayo del 2001.[7] Además la
CCCM informa regularmente a funcionarios del Ministerio de asuntos exteriores
sobre el programa de trabajo intersesional.
Del 6 al 7 del 2000, Colombia asistió al seminario de
destrucción de arsenal regional que tuvo lugar en Buenos Aires, con una
delegación de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y de la
Oficina de Armas de la Marina.
También en noviembre del 2000 Colombia votó a favor de la
Resolución 55/33V de la Asamblea General de las Naciones Unidas llamando
a la universalización del Tratado para la Prohibición de las
Minas. Los representantes de Colombia han hecho declaraciones sobre el Tratado
para la Prohibición de las Minas en varias ocasiones. Por ejemplo, en
noviembre del 2000, durante la Cumbre Iberoamericana, el Presidente Pastrana
renovó la voluntad del gobierno de cumplir con el Tratado y
agregó: “otros gobiernos también deben pedirle a las
guerrillas colombianas que respeten la voluntad de todos los colombianos de
prohibir y erradicar las minas
terrestres”.[8] En febrero
del 2001 la Universidad del Rosario auspició conjuntamente la CCCM un
seminario en Bogotá: “Minas terrestres antipersonal: Colombia y la
Convención de Ottawa”.
De acuerdo a la CCCM, el gobierno presenta en el escenario internacional la
ratificación del tratado de parte de Colombia como un paso hacia el
reconocimiento de la voluntad del estado para controlar los medios del uso de la
fuerza armada y como un paso hacia una perspectiva más amplia en los
derechos humanos. Aunque el gobierno reconoce cada vez más el problema de
las minas y ha iniciado medidas para abordarlo, la CCCM cree que el problema de
las minas terrestres aún no parece ser prioritario para el gobierno y le
inquieta que asuntos tales como la destrucción de arsenales, el desminado
humanitario y la implementación de la legislación nacional
todavía no se hayan debatido en los sectores de la sociedad civil que
tienen que ver con asuntos de las minas
terrestres.[9]
El movimiento de la sociedad civil en apoyo a la prohibición y
erradicación de las minas de las armas en Colombia está creciendo
y ha ampliado sus esfuerzos para asegurar el apoyo a la prohibición de
minas antipersonal.[10] En
septiembre del 2000, la UNICEF Colombia y el CCCM emitieron un informe de 61
páginas tomado de monitor de minas terrestres y con investigación
adicional titulado “Sembrando minas, cosechando
muerte”.[11] La
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) está examinando las
responsabilidades legales del estado no solamente en materia de
implementación del Tratado sino también con respecto a la
asistencia a los sobrevivientes y asistencia a las comunidades afectadas por las
minas.[12] El Centro de
Investigaciones en Educación Popular (CINEP) está recopilando
información sobre el problema de las minas y ha desarrollado un sistema
destinado a ayudar a las víctimas en procesos legales de reclamaciones
ante gobierno por sus
derechos.[13] La Asamblea
Permanente por la Paz (APP) está involucrada en el desarrollo de un
acuerdo humanitario sobre minas terrestres para influir a todos los actores
armados que toman parte en el conflicto interno
colombiano.[14]
Colombia ratificó el Protocolo II Enmendado anexo a la
Convención sobre Armas Convencionales (CAC) el 6 de marzo del 2000, que
entró en vigor el 6 de septiembre del 2000. Colombia todavía no ha
presentado su informe anual del Artículo 13 para el Protocolo II
enmendado. No asistió a la Segunda Conferencia Anual de los Estados
Parte al Protocolo II enmendado en diciembre del 2000.
Producción
En el pasado Colombia ha sido productor de minas
antipersonal. De acuerdo al Comando General de las Fuerzas Armadas Colombianas
las instalaciones de producción de la industria militar del gobierno
(INDUMIL) dejó de producir minas antipersonal en noviembre de
1999.[17] En una carta del General
Nelson Mejía Henao, administrador general de INDUMIL, fechada en
noviembre del 2000 y dirigida a Bernardo Ortiz Bravo, Ministerio de Defensa, el
General Mejía declaraba que INDUMIL había informado a la
dirección de asuntos especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores
acerca de la producción de 22.300 minas terrestres destinadas a la
Marina, al Ejército y a la Fuerza
Aérea.[18]
INDUMIL continúa con la producción de munición de
fragmentación direccional (del tipo Claymore) Carga Direccional Dirigida
(CDD).[19]
Casi todos los grupos más importantes de la guerrilla han reconocido
públicamente que fabrican minas
terrestres..[20] De acuerdo a la
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la producción y
uso de minas caseras antipersonal, minas antivehículo y otros
dispositivos explosivos improvisados por parte de los grupos guerrilleros, se ha
incrementado en la segunda mitad del
2000.[21]
Transferencia
Colombia sostiene que nunca ha exportado minas
antipersonal.[22] En el pasado, el
Monitor de Minas Terrestres informó que Colombia importaba minas
antipersonal de los Estados Unidos y quizás de otras naciones.
[23] Colombia ha informado
actualmente que también ha importado minas antipersonal SOPRO NR409 de
Bélgica. [24]
Funcionarios de gobiernos han declarado en ocasiones de que el comercio
ilícito de armas hacía Colombia ha incluido minas antipersonal
aunque el Monitor de Minas Terrestres no tiene evidencia documentada de esto.
Un funcionario del Ejército colombiano, que comentó sobre la casi
imposibilidad de seguir la pista a este comercio, especulaba que las minas
terrestres que entraban a Colombia eran en su mayor parte originarias del Medio
Oriente.[25] De acuerdo a una
fuente militar, cuando el Obispo anglicano Walter Crespo fue capturado por la
policía en marzo del 2000, trataba de hacer ingresar al país
desde Libia por lo menos 120 minas terrestres
antipersonal.[26] De acuerdo a
informes de los medios de comunicación en septiembre del 2000 la
policía panameña habría confiscado un número de
armas que según las declaraciones, incluía minas antipersonal de
fabricación rusa, destinadas, según la declaración, a
rebeldes colombianos. [27]
Almacenamiento y destrucción de minas
En el Seminario sobre Destrucción Regional de
Arsenales que tuvo lugar en Buenos Aires en Noviembre del 2000, Colombia
declaró que las Fuerzas Armadas tenían 18.294 minas
antipersonal.[28] Las Fuerzas
Armadas indicaron que en 1999 había al menos 18.000 minas antipersonal
almacenadas.[29]
La Marina colombiana es la única rama de la Fuerzas Armadas que hasta
la fecha no ha proporcionado información sobre las minas antipersonal
almacenadas. De Acuerdo a un documento proporcionado al monitor de minas
terrestres, la Marina tiene un total de 4.194 minas
antipersonal.[30] Esto incluye
2.194 minas MN-MAP-1 (fabricación colombiana), 1.986 minas AP-SOPRO
(fabricación belga NR-409) y catorce minas M-14 (fabricación
estadounidense).
Existencias de minas terrestres antipersonal de la Marina colombiana[31]
Unidad
Tipo
Situación
Cantidad
PD Mochuelo
MN – MAP-1 (Colombia)
A ser destruidas
294
BPN M21
MN – MAP-1
A ser destruidas
150
BAFI M3
MN – MAP-1
A ser destruidas
22
Cerro Mako
MN – MAP-1
A ser destruidas
28
BAFI M6
MN – MAP-1
A ser destruidas
225
BAFI M8
MN – MAP-1
A ser destruidas
74
FNS
MN – MAP-1
A ser destruidas
450
CESYP
AP-SOPRO (NR409 Bélgica)
A ser destruidas
1.986
CESYP
AP –M14 (US)
A ser destruidas
14
CESYP
MN – MAP-1
A ser destruidas
951
TOTAL DE MINAS EN EL ARSENAL DE LA MARINA
4.194
De acuerdo a una declaración de un miembro del Grupo Mars que estaba a
cargo de la división de explosivos de la Escuela Militar de Ingenieros
parecería que el arsenal de minas SOPRO era en algún momento
sustancial. Expresó que, “el Ejército, así como el
resto de las fuerzas militares están reduciendo el número de minas
SOPRO en el terreno mediante la remoción militar de minas cerca de bases
militares en desuso”.[32]
Un funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Defensa expresó al Monitor de Minas Terrestres que: “los arsenales
colombianos están mantenidos bajo medidas de seguridad amplias. Los
arsenales están en cinco puntos diferentes del país, dado que en
el pasado estaban distribuidos entre el Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea”. [33]
En febrero del 2001, un funcionario de la Oficina de inspección de la
Marina expresó al Monitor Landmine que “la Armada ya ha definido un
plan para destruir todas las minas terrestres almacenas entre el 3 de marzo y el
20 de mayo del 2001 a tiempo para cumplir con el “el Reto de
Managua” - destruir todos los arsenales para la Tercera Reunión de
los Estados Parte [34] -
agregó, “ las minas serán destruidas usando un
método de detonación abierta. Solamente estamos esperando la
directriz presidencial sobre la materia para iniciar este proceso”. El
funcionario expresó, “las minas terrestres serán destruidas
en las instalaciones donde están actualmente almacenadas debido a los
riesgos de seguridad involucrados en transportarlas a otros sitios. Invitaremos
al Ministerio del Medio Ambiente y a ONGs ambientales para que se unan a
nosotros y certifiquen las normas ambientales”.
En mayo del 2001, un oficial del Ministerio de Defensa reconoció que
la destrucción de los arsenales no había
comenzado.[35] Hasta el fin de
julio del 2000 no se habían hecho anuncios públicos de
destrucción del arsenal.
De acuerdo a INDUMIL, 2.542 minas antipersonal que quedaban en las
fábricas de armas fueron destruidas el 2 de julio de 1999. INDUMIL
también declaró que todo el material restante necesario para
producir minas terrestres había sido destruido el 11 de noviembre de
1999.[36]
Colombia no ha solicitado asistencia internacional para la destrucción
del arsenal, pero Canadá ha ofrecido contribuciones en especie y en apoyo
técnico y
capacitación.[37] En
febrero del 2000 un oficial del Ejército dijo que el departamento estaba
procesando información con respecto a los costos para destruir las minas
almacenadas.[38]
Uso por parte del gobierno
El Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el
general FernandoTapia Stahelin, ha declarado previamente que, antes de la firma
del Tratado para la prohibición de las minas terrestres, las Fuerzas
Armadas habían sembrado aproximadamente 20.000 minas antipersonal a
través del territorio de
Colombia.[39]
De acuerdo al Coronel Guillermo Leal Abadía, Colombia se reserva el
derecho a usar minas Claymore.[40]
El Coronel Leal expresó al Monitor de Minas Terrestres “las minas
Claymore no están prohibidas bajo la Convención de Ottawa y
solamente son detonadas por comando, por lo tanto, Colombia no debe considerarse
como infringiendo el tratado para su uso de CDDs”. De acuerdo al
administrador de producción de INDUMIL la mina CDD puede “ser
detonada solamente por control remoto y están ubicadas en sitios donde no
representan absolutamente ningún peligro a la población
civil”.[42]
Hubo un alegato de que los miembros del Ejército colombiano usaron
minas en San José de Apartadó del departamento de Antioquia.
Justicia y Paz, una organización no gubernamental involucrada en trabajo
comunitario en San José de Apartadó hizo circular un comunicado
público firmado por las comunidades de paz de San José de
Apartadó informando de un incidente relacionado con una mina:
“...Con profunda tristeza nuestra comunidad de paz de San José
de Apartadó informa que hoy 5 de enero del 2000 a la 1:00 p.m. el joven
campesino de 16 años EUDIQUIO VASQUEZ ha sido víctima de una mina
que explotó dejándolo sin las dos piernas y sin un brazo. La mina
había sido instalada por tropas del Ejército Nacional en terreno
de uso y tránsito de la población civil sin ningún letrero,
marcas ni advertencias que pudieran haber evitado la tragedia...el lugar donde
ocurrió esta tragedia está ubicado en un lugar donde en los
últimos días...acamparon miembros del batallón Vélez
y Bejarano[43]
El Monitor de Minas Terrestres solicitó formalmente información
del defensor del pueblo de la municipalidad de Apartadó, César
Augusto Muñoz Lopera, quién replicó, “ en esta
oficina en enero del 2000, la Sra. Alicia Vásquez Restrepo
denunció que su hijo de 16 años WILTON EMILIO VÁSQUEZ
RESTREPO había sufrido la amputación de su pie derecho, fracturas
en la mano derecha y heridas en la mano derecha y la pierna derecha como
consecuencia de una mina quiebrapata el 23 de septiembre del 2000 que fue
activada cuando él la pisó; los hechos ocurridos en San
José de Apartadó, jurisdicción de esta
municipalidad”. [44]
Muñoz Lopera agregó que no se había hecho ninguna
mención en la declaración acerca de quién era el
responsable por plantar la mina.
La Brigada 17 del Ejército Nacional Colombiano envió un
desmentido a José David Ibarra Contreras, abogado del Estado de la zona
de Urabá, Apartadó, Antioquía, que declaraba que una mina
plantada por FARC había causado el
accidente.[45]
El 23 de marzo del 2001, el Monitor de Minas Terrestres analizó el
incidente en una reunión con el presidente del Estado Mayor Conjunto,
General Alfonso Ordóñez Quintana, Inspector General de las Fuerzas
Armadas, el Mayor General Jaime Humberto Cortés Parada, el
contra-almirante Guillermo Barrera Hurtado y otros oficiales militares de alto
rango. Todos los oficiales presentes en la reunión afirmaron: “se
requiere que las Fuerzas Armadas sigan, respeten y protejan la Convención
de Ottawa, entendiendo que es una política humanitaria y un compromiso
para el gobierno
nacional”.[46]
Uso por parte de la guerrilla
Los principales grupos de la guerrilla de Colombia
son: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del
Pueblo (FARC-EP), la Unión Camilista - Ejército Nacional de
Liberación Nacional (UC-ELN) y el Ejército Popular de
Liberación (EPL). También hay numerosos grupos paramilitares,
colectivamente llamados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los grupos guerrilleros de Colombia han estado usando minas terrestres y
artefactos explosivos improvisados (IEDs) por más de una década y
según la información recogida por la CCCM han usado minas caseras
quiebrapatas por más de quince años en el
pasado.[47] El FARC-EP y UC-ELN y
los paramilitares AUC continúan usando minas antipersonal regularmente,
afectando tanto a combatientes como a
civiles.[48] De acuerdo a un
comunicado de prensa del Ejército colombiano en marzo del 2001, el uso de
cilindros de gas IEDs y minas “quiebrapatas” se había
intensificado desde septiembre del 2000. El comunicado decía: “el
uso indiscriminado de cilindros de gas y minas antipersonal es ahora regular por
aquellos grupos en todos los ataques cuyo blanco son tanto los militares como la
población civil”.[49]
La Oficina de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas informó que en el
2000 hubo 85 “infracciones cometidas por grupos subversivos”
involucrando minas terrestres antipersonal.
[50]
De acuerdo a un informe sobre derechos humanos emitido por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos en febrero del 2001 en Colombia, las fuerzas de la
guerrilla usaban minas terrestres “para defender posiciones
estáticas (campamentos, laboratorios de cocaína y sitios en los
cuales mantenían a la víctimas secuestradas) y como armas
indiscriminadas de terror”.
[51] El informe comentaba que
según la oficina del vice-presidente, FARC-EP y UC-ELN habían
sembrado un número estimado en 50.000 minas en áreas rurales.
Entre las instancias específicas de nuevo uso de minas antipersonal se
encuentran:
Se informó el uso de minas y dispositivos explosivos improvisados
(IED) el 29 de septiembre del 2000 cuando el campo de fútbol comunitario
fue minado en Filo Gringo, municipalidad de Tibú en el departamento al
norte de Santander.[52]
El primero de octubre del 2000, la Tercera Brigada del Ejército
Nacional informó la desactivación de aproximadamente 15 campos de
minas antipersonal, y de varias minas antivehículo de origen chino o
vietnamita, y minas tipo abanico, en El Cedro, zona rural de la municipalidad
Jamundí en el departamento de Valle del
Cauca.[53]
El 4 de octubre del 2000, un bus que llevaba niños de la escuela
“Los Vecinos” golpeó una mina antivehículo en Usme,
área rural de Bogotá, en un camino usado por buses escolares y por
niños que caminan para ir a la
escuela.[54] Según un
funcionario del Ministerio de Defensa, el área fue examinada y se
habían detectado “varios campos de minas antipersonal y antitanque,
todas con dispositivos antimanipulación. Las minas fueron desactivadas en
el lugar y actualmente no presentan riesgos a la población
civil”.[55]
En enero del 2001, se informó el uso de una nueva mina en Vereda
Micoahumado en las áreas rurales de la municipalidad de San Pablo, en el
sur del departamento Bolívar. Hubo cuatro incidentes que resultaron en
tres lesionados y la muerte de un
niño.[56]
En marzo del 2001, se informó el uso de una nueva mina en Vereda
Miraflores en la municipalidad de Pisba, departamento de Boyacá
[57] y en Vereda El Guayabo en la
municipalidad de Versalles en el departamento de Antioquia[58] dejando víctimas de
minas.
En marzo del 2001, paramilitares AUC también reportaron haber usado
minas en Vereda El Diamante, municipalidad rural de Cali donde los combates
entre AUC y UC-ELN resultaron en más incidentes, entre los cuales hubo
dos víctimas de
minas.[59]
El FARC-EP
no niega su uso de minas antipersonal ni ha hecho ninguna declaración en
el sentido de que ya no use esta arma. En febrero del 2000, el comandante en
jefe del FARC-EP declaró que las fuerzas del FARC-EP continúan
usando minas terrestres, pero con “sumo respeto y atención a la
población civil”.[60]
En julio del 2001, Queen Noor de Jordan visitó a Colombia junto con Jim
Kimsey, el presidente de America On Line (AOL). Sostuvieron reuniones con el
comandante en jefe del FARC-EP, Manuel Marulanda, y el Alto Comisionado por la
Paz, Camilo Gómez, en Los Pozos, San Vicente del Caguán, en la
zona bajo control del FARC-EP (zona de despeje). Los participantes firmaron una
declaración la cual, entre otras cosas, decía (el comandante
Manuel Marulanda... explicó que el FARC-EP no planta minas antipersonal
que afectan la población civil y que el FARC-EP no tiene campos de
minas”.[61]
En junio del 2001, la Marina Colombiana del Pacífico incautó un
arsenal de armas mantenidas por las Autodefensas Unidas de Colombia
(también conocidas como paramilitares) en el río Mira en Tumaco en
Vereda El Congal, en la frontera con
Ecuador.[62] Según
declaraciones de la Marina, el arsenal incluía minas quiebrapatas, minas
antipersonal (de origen no especificado), y componentes (cartuchos o tapas) para
minas antipersonal. El 26 de junio del 2001 el admirante Alberto Rojas,
comandante de la Flota de la Marina del Pacífico declaró a los
medios de comunicación que “se había incautado 42 campos de
minas antipersonal destinados a grupos de autodefensa que operaban en Cabo
Manglares,
Nariño”.[63] El
Almirante Rojas confirmó la declaración al Monitor de Minas
Terrestres.[64]
Magnitud del Problema
La información recolectada por la
Campaña Colombiana Contra las Minas Terrestres indica que al menos 168 de
las 1.092 municipalidades de Colombia en veintisiete de los 32 departamentos del
país están afectadas por las minas. Hay zonas minadas en las cinco
regiones de Colombia: Amazonas (cinco departamentos afectados por minas), Andina
(nueve departamentos afectados por minas), Caribeña (seis departamentos
afectados por minas), Orinoquia (cuatro departamentos afectados por minas) y en
el Pacífico (tres departamentos afectados por minas).
Una información previa del Monitor de Minas Terrestres mostraba que en
1999 por lo menos 125 municipalidades en veintiún departamentos estaban
afectadas por las minas y en el 2000 al menos 135 municipalidades en
veintiséis departamentos estaban afectadas por las
minas.[65] En el período
entre mayo del 2000 y mayo del 2001, las municipalidades que anteriormente no
creían estar afectadas por las minas habían informado sobre nuevas
víctimas de minas con lo cual ascendía el total en el 2001 a 168
municipalidades afectadas por las minas en veintisiete
departamentos.[66]
En la región andina, por lo menos nueve departamentos están
afectados por las minas, incluyendo:
Departamento de Antioquia: Veredal en la municipalidad de Versalles
informó que un campo minado estaba plantado en el perímetro en la
única escuela de la zona afectando al menos a 60 niños que no
podían asistir a
clases.[67] La comunidad de unas
350 personas también usaban la escuela para reuniones comunitarias.
Departamento de Antioquia: San José de Apartadó en la
municipalidad de Apartadó informó nueve víctimas debido a
nueva plantación de
minas.[68]
Departamento de Boyacá: La municipalidad de Pisba informó
nuevas minas sembradas y nuevas
víctimas.[69]
Departamento de Cauca: La municipalidad de La Vega informó nuevas
minas y víctimas de pertrechos sin
detonar.[70]
Departamento de Cundinamarca: Corregimiento La Virgen en la municipalidad de
Quipile. La policía informó que estaba afectada por las
minas.[71]
Departamento de Cundinamarca: Hubo informes de nuevos sembrados de minas por
diferentes grupos guerrilleros en la municipalidad de
Sumapaz.[72] Según las
informaciones, los campos de minas se están sembrando en senderos y
edificios comunitarios, y en campos comúnmente usados para pastoreo de
ganado.
Departamento Norte de Santander (a lo largo de la frontera con Venezuela):
La municipalidad de San Calixto informó de nuevas víctimas de
minas
terrestres.[73]
En la
región caribeña, al menos seis departamentos están
afectados por las minas, incluyendo:
Departamento de Bolívar: El Salado en la municipalidad del Carmen de
Bolívar informó estar afectado por las minas después que
los militares descubrieron y desactivaron un campo de minas y varias IEDs
almacenados por FARC-EP.[74]
Departamento de Magdalena: Parrandaseca, un sector de Sierra Nevada de
Santamarta, cadena de montañas aisladas, informó nuevos terrenos
afectados por minas y víctimas de minas terrestres después de los
combates al comienzo del 2001.[75]
En la región de Orinoquia al menos cuatro departamentos
están afectados por las minas, incluyendo:
Departamento de Meta: Residentes locales informaron que la municipalidad de
El Castillo estaba afectada por las minas después de la muerte de dos
niños.[76]
Departamento de Guaviare: La municipalidad de San José del Guaviare
informó de nuevas víctimas de minas y de la posible presencia de
más campos de minas tanto antipersonal como antivehículo,
después que las fuerzas militares incautaron armas en la
zona.[77]
En la
región amazónica, por lo menos hay cinco departamentos afectados
por las minas, pero no se reportaron nuevas municipalidades minadas en el
2000/2001. En la región del Pacífico, por lo menos tres
departamentos están afectados por las minas, pero no se informó
una nueva municipalidad minada en el 2000/2001.
El significativo impacto del uso continuado de las minas terrestres por parte
de grupos guerrilleros en Colombia es cada vez más evidente, dado que
regularmente llega información sobre nuevas víctimas y de
desplazamiento obligatorio de comunidades y negación del uso de tierras
agrícolas. En noviembre del 2000 los habitantes de Vallecito, en la
municipalidad de Morales en el departamento de Bolívar, se vieron
obligados a abandonar sus hogares durante un combate entre la guerrilla y las
fuerzas paramilitares. No podían volver a sus hogares por un mes porque
las casas eran trampas
explosivas.[78] En febrero del
2001, una comunidad de la municipalidad de Mutatá en el departamento de
Antioquia se vio forzada a abandonar sus hogares y sus cultivos después
de un anuncio anónimo de que había campos de minas sin marcar
alrededor de varias instalaciones comunitarias, entre ellas la escuela y la
oficina de inspección
policial.[79]
En las pequeñas comunidades agrícolas, el miedo a la presencia
de minas terrestres plantadas por grupos armados también está
generando enormes pérdidas sociales y económicas. Un campesino de
la comunidad rural de Buenavista, en la municipalidad de Santa Rosa del Sur del
departamento de Bolívar, comentó al Monitor de Minas Terrestres,
“no he podido volver a mis cultivos. De hecho, creo que los he perdido
para siempre por el miedo de pisar en una mina terrestre. Prefiero irme a
mendigar con mi familia antes de volver a un lugar donde la guerrilla ha dicho
que hay minas
terrestres”.[80]
En el período entre mayo del 2000 y abril del 2001, 15 escuelas en
municipalidades, incluyendo Bogotá, Saravena, Tame, Zaragoza, Segovia,
Morales y Santa Rosa del Sur, entre otras se vieron forzadas a parar las clases
debido a la presencia o la sospecha de presencia de minas terrestres. De acuerdo
a un informe sobre los derechos humanos del Alto Comisario de las Naciones
Unidas, en Colombia, los niños continúan estando entre las
víctimas principales de los conflictos armados, “especialmente
víctimas de minas terrestres antipersonal caseras plantadas por
guerrilleros”.[81]
Las minas también tienen un impacto en la economía. Las
compañías eléctricas no han sido capaces de reparar las
torres eléctricas debido a la presencia de
minas.[82] Según
informaciones, los grupos guerrilleros habrían plantado minas para
impedir que tropas militares patrullaran el oleoducto petrolero más
grande de Colombia, el oleoducto de Cano
Limón-Coveñas.[83]
Las minas son una perturbación al proceso de paz. En un incidente, un
senador estadounidense, Paul Wellstone, y la embajadora de Estados Unidos en
Colombia, Anne Patterson, escaparon a ser heridos o muertos cuando la
policía encontró dos minas caseras plantadas a la orilla del
camino desde el aeropuerto a la ciudad de Barrancabermeja, el lugar que estaban
visitando.[84]
De acuerdo a las Fuerzas Armadas colombianas y al Ministerio de Defensa, los
campos de minas plantados por la guerrilla “generalmente no están
marcados, no se mantienen registros y obviamente no se hacen mapas para
asegurarse que los civiles no estén en
riesgos”.[85]
Con excepción de los registros de áreas afectadas por las minas
y de las víctimas de minas que mantiene el CCCM y la UNICEF de Colombia,
ninguna evaluación ni estudio en profundidad se ha llevado a cabo sobre
las minas y el programa UXO en Colombia. En mayo del 2001, el funcionario del
Programa de Minas Terrestres de la oficina del vicepresidente declaró:
“este tipo de estudios se necesitan con urgencia en un país como
Colombia, pero no hay capacidad ni conocimiento del gobierno todavía para
llevarlo a cabo... El gobierno le ha pedido gentilmente a UNMAS que lleve a cabo
una misión exploratoria y estamos esperando la
respuesta”.[86]
Coordinación de la acción contra las minas y su
financiamiento
No hay ninguna agencia ni mecanismo responsable
para la coordinación de la acción contra las minas en Colombia,
pero los organismos del gobierno, en consulta con la CCCM y el Comité
Internacional de la Cruz Roja, están trabajando para establecer un alto
nivel “de autoridad nacional presidida por el vice presidente y con una
Secretaría Ejecutiva desempeñada por el Programa Presidencial de
Derechos Humanos y de Derecho Humanitario
Internacional”.[87]
De acuerdo a un estudio preliminar llevado a cabo por la Oficina Presidencial
para el Plan de Colombia y el Departamento de Planificación Nacional, el
costo aproximado de un programa de acción integral contra las minas,
incluyendo remoción de minas, asistencia a las víctimas y
sensibilización sobre las minas, se estima a un mínimo de $14
millones en los próximos diez
años.[88] Sin embargo, de
acuerdo a un funcionario del Programa del Presidente para Derechos Humanos y
Derecho Humanitario Internacional, esta cifra está basada en estudios
preliminares y en investigaciones no oficiales y “de ningún modo
representa el costo real de los programas de acción contra las
minas”.[89]
El gobierno de Colombia asignó $158.728 dls. estadounidenses para la
acción contra las minas en el país, incluyendo $141.728 para un
proyecto piloto sobre sensibilización sobre minas y asistencia a las
víctimas,[90] y $17.000
asignados por el Ministerio de Comunicaciones como parte del acuerdo con UNICEF
de Colombia y la embajada canadiense para los programas de
sensibilización contra las minas de UNICEF
Colombia.[91] Dada la
población nacional estimada de 39 millones de personas, estas
asignaciones representan sólo US$0.004 de asignación per
cápita para la acción contra las minas.
En abril del 2001, el Departamento de Estado Norteamericano contribuyó
con US$95.000 a UNICEF Colombia para la producción de materiales de
sensibilización contra las minas y para programas de
sensibilización contra las minas en el período desde abril 2001 a
abril 2003.[92] En marzo de 2001,
el gobierno canadiense anunció una contribución de US$64.805para programas de acción contralas minasen Colombia,
que se gastarán en el período comprendido entre agosto del 2001 a
agosto del 2003.[93] Esa
contribución es una extensión del acuerdo firmado en 1999 entre
Canadá, el Ministerio de Comunicaciones y UNICEF Colombia. Los fondos son
para el desarrollo de programas de emergencia sobre sensibilización
contra las minas, programas continuos de sensibilización sobre minas en
comunidades afectadas y programas educativos para niños en comunidades
afectadas por las minas.
Remoción de minas
Según el informe anual 2000 sobre Derechos
Humanos y Derecho Humanitario Internacional del Ministerio de Defensa, el
gobierno está obligado a destruir todas las minas plantadas en territorio
nacional dentro de veinte años, y en negociaciones con grupos insurgentes
busca un compromiso para que ellos limpien y destruyan las minas que han
plantado en territorio
nacional.[94] El Tratado para la
Prohibición de las Minas requiere que se despejen los campos en un
período de diez años con la posibilidad de extender ese plazo.
No hay operaciones sistemáticas de remoción de minas
humanitaria ni programas de capacitación sobre desminado en
Colombia.[95] El General Alfonso
Ordóñez Quintana, jefe del Estado Mayor, expresó al Monitor
de Minas Terrestres “nuestras divisiones de explosivos están bien
entrenadas para ayudar a las comunidades a despejar lugares estratégicos
como escuelas, senderos y lagunas, así como la remoción evidente
de campos de minas durante operaciones
militares”.[96] El General
Ordóñez reconoció la necesidad de más trabajo
continuo con las comunidades para establecer prioridades, pero comentó:
“esto va a requerir entrenamiento especial y recursos financieros, los
cuales desgraciadamente no
tenemos”.[97]
La Escuela de ingeniería de la Universidad de los Andes llevó a
cabo un proyecto de investigación y desarrollo sobre tecnologías
de remoción de minas, pero según los investigadores la iniciativa
fracasó debido a la falta de interés tanto fuera como dentro del
país.[98]
Sensibilización sobre las minas
Canadá, los Estados Unidos (por medio de la
UNICEF) y el gobierno, están actualmente financiando programas de
sensibilización sobre las minas en
Colombia.[99] El gobierno ha
adjudicado aproximadamente US$141.728 para un proyecto piloto de la
sensibilización sobre las minas y asistencia a las víctimas, a ser
implementado en 16 municipalidades de tres de los departamentos más
afectados por las minas en el país (Antioquia y Santander en la
región andina y Bolívar en la región
caribeña).[100] UNICEF
Colombia está implementando el programa en cooperación con la
Asociación Scouts, Indepaz, la Cooperación por la Paz y la
Democracia, el Instituto Roosevelt, la Asamblea Permanente para la Paz (un grupo
de la sociedad civil) y
REDEPAZ.[101] El plazo para el
proyecto piloto es desde julio del 2001 a enero del 2002. Se propone establecer
una base de datos sobre víctimas de minas y comunidades afectadas por las
minas y para comenzar a construir capacidad de acción local contra las
minas y programas de sensibilización sobre las
minas.[102]
Víctimas de las minas
La fuente principal de información sobre
víctimas de minas terrestres en Colombia sigue siendo los medios de
comunicaciones. También se recibe información de parte de los
militares. Los informes son recolectados y verificados por CCCM en
cooperación con UNICEF Colombia, con los alcaldes y hospitales locales, y
también con la Oficina del Defensor del Pueblo en cada municipalidad. De
acuerdo a la CCCM, las cifras informadas estarían significativamente por
debajo del número real de víctimas de minas antipersonal en el
país debido a la falta de información sistemática y al
hecho de que todavía se cree que hay muchas víctimas de minas
terrestres que no han sido registradas.
De acuerdo a la CCCM, el número de víctimas se habría
incrementado desde 63 en 1999 a 83 en el 2000. Los accidentes en el año
2000 incluyen a 23 muertos y 60 heridos; 51 hombres, 21 mujeres y 11 de
género desconocido; 64 adultos, ocho niños y 11 de edad
desconocida. El mayor número de víctimas se registró en los
departamentos de Bolívar y Magdalena en el región caribeña
y en el departamento Norte de Santander en la región andina.
Desde enero hasta julio del 2001, se ha informado un total de 138
víctimas de minas incluyendo 27 muertos y 111 heridos. 61 eran civiles y
77 eran combatientes; 112 hombres, 14 mujeres y 12 de género desconocido;
81 adultos, 43 niños y 14 de edad desconocida. Este enorme incremento en
el número de víctimas informadas en el 2001 es probable que se
deba en parte al aumento del uso de minas por parte de grupos guerrilleros, pero
también refleja el mejoramiento, refinamiento y mayor alcance de los
mecanismos para informar sobre víctimas; los medios de
comunicación están informando los incidentes con minas con
más regularidad y los militares mantienen y actualizan más
información sobre incidentes con minas.
Un estudio estadístico efectuado por la CCCM ha identificado a 736
víctimas de minas en 23 departamentos en el periodo desde 1993 a
1999.[103] El número
más alto de víctimas se registró en 1997 con 151
víctimas.
Asistencia a las víctimas sobrevivientes
Los servicios de rehabilitación
médica y quirúrgica para las víctimas generalmente
están ubicados en los principales centros urbanos, pero la mayoría
de las víctimas viven en áreas rurales. En estas áreas a
veces es imposible conseguir ayuda médica inmediata y puede tomar horas,
incluso días para llegar al hospital más cercano. Se presume a
menudo que la persona lesionada es enemiga, haciendo que el traslado de esta
persona sea extremadamente peligroso. Algunos hospitales grandes pueden
proporcionar asistencia de calidad médica a las víctimas de minas,
pero el costo es alto. Hay relativamente pocos doctores expertos en asuntos
quirúrgicos complejos de heridas causadas por las minas. La
mayoría de las víctimas nunca reciben dispositivos de movilidad
fuera de muletas o prótesis improvisadas.
Hay cuatro instituciones que fabrican prótesis y que proporcionan
servicios para víctimas de minas terrestres y otras víctimas de
violencia.[104] Una de ellas es
CIREC (la Fundación para Cirugía Reconstructiva) con sede en
Bogotá, produce aproximadamente 500 prótesis para miembros
inferiores y cerca de 3.000 artefactos de ortopedia cada año con un
presupuesto anual de $1.5
millones.[105] Otro taller
ortopédico, Rehabilitación Integral (REI), apoyado por Handicap
International (Bélgica), produjo 82 prótesis y 80 dispositivos
ortopédicos en el 2000 con un presupuesto anual de 250.000
Euros.[106]
Los sobrevivientes de minas terrestres colombianas están cada vez
más activos tanto en las campañas nacionales contra las armas como
en apoyo a los esfuerzos de campañas internacionales para la
prohibición de minas
terrestres.[107] Dos
sobrevivientes colombianos están participando en el Landmine Survivors
Advocate Training Programa implementado por una organización no
gubernamental con sede en los Estados Unidos, Landmine Survivors Network
(LSN).[108]
El gobierno reconoce que el cuidado adecuado de las víctimas se ha
hecho difícil por las distancias del sitio del incidente y los centros de
salud, la falta de conocimiento de primeros auxilios y las limitaciones para
proveer rehabilitación
socioeconómica.[109]
En respuesta a la falta de asistencia adecuada a los sobrevivientes, el
gobierno inició un programa para prevención de accidentes por
minas y asistencia a las víctimas. Lo componentes del programa de
asistencia a las víctimas son:
salud y rehabilitación: incluyendo la garantía de que todos
los sobrevivientes de minas recibirán primeros auxilios a tiempo y
especializados, atención, rehabilitación física y
sicológica;
integración educacional: para promover la integración de las
víctimas de las minas de todas las edades al sistema educativo si no han
completado el ciclo de educación básica en nueve años;
la reintegración al empleo: para facilitar el acceso a fuentes de
ingresos para las víctimas de las minas y sus respectivas familias por
medio de apoyo económico y capacitación técnica que les
permita desarrollar autosuficiencia;
accesibilidad: para promover acceso a los espacios públicos a
personas con discapacidades incluyendo hospitales, parques, medios de transporte
y edificios públicos.
El programa comenzó en mayo del
2001 en cuatro departamentos y 20 municipalidades donde un 48% de todos los
incidentes con minas antipersonal habían ocurrido. Los departamentos de
Santander: las municipalidades de Barrancabermeja, San Vicente de
Chucurí, El Carmen, El Playón y Floridablanca. Los departamentos
de Bolívar: las municipalidades de Achi, Morales, Zambrano, Santa Rosa
del Sur, Carmen de Bolívar y San Pablo. Departamentos de
Antioquía: las municipalidades de Segovia, Turbo, Mutata, Caicedo y San
Francisco. Departamento de Aruca: las municipalidades de Arauquita, Saravena,
Tame y Fortul.
La UNICEF y veinte otras ONGs están involucradas en el programa. El
gobierno por medio de Fondos de Inversiones para la Paz (FIP) y la
Compañía Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) han asignado
US$213.181 para un proyecto piloto en veinte municipalidades y $227.272
dólares para extenderlo a 16 otras municipalidades. Para desarrollar e
implementar el programa de asistencia a las víctimas en 164
municipalidades de los 23 departamentos afectados por las minas, el costo total
se estima en casi $8 millones de
dólares.[110]
[1] “Convención sobre la
Prohibición del empleo, Almacénamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, Diario
Oficial (Diario oficial de la República de Colombia), 18 de enero del
2000, p. 1-7. [2] Véase
http://www.mindefensa.gov.co/NuevoWeb/normatividad/C-991-00.htm para la
sentencia. [3] Entrevista con oficiales de
la Unidad de Desarme, Dirección de Asuntos Especiales, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Bogotá, 22 de febrero del
2001. [4] Carta de invitación del
Presidential Program for Human Rights and International Humanitarian Law al
CCCM, 18 de febrero del 2001; entrevista con Alberto Bejarano, Presidente, Cruz
Roja Colombiana, Bogotá, 28 de febrero del
2001. [5] Entrevista con Beatriz Helena
Gutiérrez, Landmines Program Officer, Presidential Program for Human
Rights and International Humanitarian Law, Oficina de la vicepresidencia,
Bogotá, 2 de noviembre del
2000. [6] Declaración del Embajador
Camilo Reyes Rodríguez en la Second Meeting of States Parties to the Mine
Ban Treaty, Ginebra, Suiza, 13 de septiembre del
2000. [7] La delegación colombiana
incluía a Beatriz Helena Gutiérrez, Landmines Program Officer,
Presidential Program for Human Rights and International Humanitarian Law, la
Oficina de la Vicepresidencia, Pedro Agustín Roa, Unidad de desarme de la
Dirección de Asuntos Especiales delel Ministerio de Asuntos Exteriores y
María Alejandra Gutiérrez, Directora de los Derechos Humanos y la
Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.
[8] Declaración del Presidente
Pastrana durante la Cumbre Iberoamericana, Madrid, del 4 al 7 de noviembre del
2000. [9] Ninguna respuesta fue recibida a
las varias peticiones escritas por la CCCM al Ministerio de Defensa, el
Comando General de las Fuerzas Militares y la Oficina de Altos Comisionados para
la Paz. [10] El CCCM ha desarrollado un
patrón descentralizador, apoyado en el establecimiento de campañas
regionales, llevadas a cabo por organizaciones regionales que trabajan en el
problema de las minas. Por ejemplo, el Antioquia Campaign Against Landmines
está formada por 15 organizaciones locales, mientras que la
Campaña de Santander está formada por 9 organizaciones.
Después de la ratificación del Tratado para la Prohibición
de las Minas, las organizaciones iniciaron una llamada unánime para la
promulgación de legislaciones de implementación nacional.
[11] UNICEF Colombia, el Ministerio de
Comunicaciones y la Embajada de Canadá comisionaron la
publicación; 1,000 copias fueron impresas en español así
como 500 en inglés. [12]
Entrevista con Andrés Sánchez Thorin, Coordinador de debates,
Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, el 29 de enero del
2001. [13] Entrevista con Ignacio Arango,
Investigador, CINEP, Bogotá, el 29 de enero del
2001. [14] Entrevista con Luis Alfredo
Fajardo, Investigador, Asamblea Permanente por la Paz, Bogotá, el 29 de
enero del 2001. [17] Informe del Monitor
de Minas Terrestres del 2000, p. 314. [18]
No está especificado si las minas son antipersonal o antivehículo.
Carta del Gerente General de Indumil, General Nelson Mejía Henao al
Viceministro de Defensa, Bernardo Ortiz Bravo, Num. 16971 G-OJ-016, fechada el
7 de noviembre del 2000. [19]
Entrevista con el Ingeniero Sergio Rodríguez, Segundo Gerente
Técnico, INDUMIL, 24 de julio del
2001. [20] Consultar Informe del Monitor
de Minas Terrestres de 1999, pp.
294-5. [21] Entrevista con Coronel Carlos
Julio Castillo, Director de la Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de
Defensa, Bogotá, el 16 de enero del
2001. [22] Entrevista con Álvaro
Arias, Director, Asuntos Internacionales, Ministerio de Defensa Nacional,
Bogotá, 20 de enero del 2000. [23]
Informe del Monitor de Minas Terrestres de 1999,
p.295-296. [24] Formulario de registro de
la Marina Colombiana para el Almacénamiento de minas antipersonal,
presentada por representantes de la Marina en el seminario “Antipersonnel
Landmines: Colombia y la Ottawa Convention”, 27 de febrero del
2001. [25] Entrevista con el Coronel
Guillermo Leal Abadía, Ejército Colombiano, Bogotá, 28 de
febrero del 2001. [26] Entrevista con el
Coronel José Obdulio Espejo, Director, Agencia de noticias de la armada,
Ejército Colombiano, Bogotá, 15 de marzo del 2001. Véase
también, “Falso Obispo traficante de armas habla al Canal Caracol
sobre nexos con FARC”, Caracol Noticias, Bogotá, 16 de marzo del
2001. [27] “El comercio de las armas
en Panamá”, CNN Digital en El Panamá América
(Panamá), 23 de octubre del 2000; “Panamanian Authorities Seize New
Arms Shipment Bound for Colombia”, EFE (Cd. de Panamá) via Comtex,
17 de septiembre del 2000; Jean Michel Chérry, “Armamento
incautado sería para insurgentes Colombianos”, El Panamá
América (Panamá), 9 de enero del 2001; “Incautado en
Panamá arsenal que tenía como destino Colombia”, Caracol
Noticias (Bogotá), el 8 de septiembre del 2000; entrevista con el Coronel
José Obdulio Espejo, Director, Agencia de noticias de la armada,
Ejército Colombiano, Bogotá, 15 de marzo del
2001. [28] Observaciones orales por el
representante de Colombia en el Seminario Regional sobre Destrucción de
Arsenales, Buenos Aires, el 6 y 7 de noviembre del 2000, notas tomadas por el
investigador del Monitor de Minas
Terrestres. [29] Carta del Comando General
de las Fuerzas Militares a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerios de
Defensa, numerada 2850-MDASE-DH-725, firmada por Hugo Mauricio Ortiz Concha, en
ausencia del Alcalde General Mario Hugo Galán Rodríguez, Inspector
General de las Fuerzas Militares de
Colombia. [30] Colombian Navy Registry
Form for Stockpiled AP Mines, presentado por representantes de la marina en el
seminario “Antipersonnel Landmines: Colombia and the Ottawa
Convention”, 27 de febrero del 2001. Se proporcionaron correciones
posteriores a este documento al investigador del Monitor de Minas Terrestres en
julio del 2001. [31] Ibid.
[32] Entrevista con el Teniente Luis
Angel, Mars Group, Bogotá, el 23 de agosto del
2000. [33] Entrevista con el
Capitán Mario Escobar, Dirección de Armas de la Marina, en el
Regional Seminar on Stockpile Destruction, Buenos Aires, el 6 y 7 de noviembre
del 2000. [34] Declaración por el
Capitán Mario Escobar, Dirección de Armas de la Marina, en el
seminario “Antipersonnel Landmines: Colombian and the Ottawa
Convention”, Bogotá, 28 de febrero del
2001. [35] Entrevista con Germán
Espejo, Asistente, Oficina de Asuntos Internacionales, Ministerio de Defensa,
Bogotá, 2 de mayo del 2001. [36]
Carta del General Nelson Mejía Henao, Gerente General de INDUMIL, a
Bernardo Ortiz Bravo, Viceministro de Defensa, Num. 16971 G-OJ-016, fechada el
7 de noviembre del 2000. La carta menciona el Acta 188, 2 de julio de
1999. [37] Entrevista con Mélanie
Regimbal, Coordinadora del Programa, Equipo de Acción contra las Minas,
Canadian Department of Foreign Affairs and Comercio Internacional,
Bogotá, 27 de febrero del
2001. [38] Declaración del Coronel
Guillermo Leal Abadía, Ejército Nacional Colombiano, en el
seminario “Antipersonnel Landmines: Colombia and the Ottawa
Convention”, Bogotá, 28 de febrero del
2001. [39] Entrevista con el
Capitán Miguel Torralvo, Bogotá, 19 de enero de 1999; y entrevista
con el Mayor Juan Carlos Barrios, Director de la Oficina de Derechos Humanos,
División V, Fuerzas Armadas Colombianas, Bogotá, el 24 de febrero
de 1999. [40] Declaración del
Coronel Guillermo Leal Abadía, Ejército Nacional Colombiano,
durante el seminario “Antipersonnel Landmines: Colombia and the Ottawa
Convention”, Bogotá, 28 de febrero del
2001. [42] Entrevista con el Ingeniero
Sergio Rodríguez, Gerente de Producción, INDUMIL, 5 de julio del
2000. [43] Declaración firmada por
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Apartadó,
Antioquía, Colombia, 5 de enero del 2001.
[44] Carta de César Augusto
Muñoz Lopera, Defensor del Pueblo de Apartadó, al CCCM, Num.
PMA-140, firmada el 14 de marzo del
2001. [45] Denuncia penal Num. 01, Num.
00021/DIV-BR17-DH-725, dirigida a José David Ibarra Contreras, Abogado de
Estado para la zona de Urabá, fechada en Carepa, Antioquía, 13 de
enero del 2001. [46] Declaración
por el General Alfonso Ordóñez Quintana, jefe del Estado Mayor
Conjunto, Fuerzas Militares Nacionales, Bogotá, Colombia, 23 de marzo del
2001. [47] El campo del CCCM visita las
áreas afectadas por las minas en Santa Rosa del Sur, San Pablo,
Bolívar, San Vicente de Chucurí, Santander y Apartadó,
Antioquía, Colombia, de noviembre del 2000 a febrero del
2001. [48] US Department of State, Bureau
of Democracy, Human Rights, and Labor, “Country Reports on Human Rights
and Practices-2000: Colombia”, febrero del 2001, pp. 41-42. Véase
también, “En Berrecil, Cesar, desactivan campo minado”, El
Heraldo, Barranquilla, 22 de marzo del
2001. [49] Comunicado de prensa,
“Guerrilla usa más cilíndros y minas”, Agencia de
Noticias del Ejército (Bogotá), 22 de marzo del
2001. [50] Sistema de Información
de la Defensa Nacional, “Fuerza Pública- derechos humanos, ”
en
www.mindefensa.gov.co/siden22/fuerza/ffmm_ddhh_1.html. [51]
US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,
“Country Reports on Human Rights and Practices-2000: Colombia”,
febrero del 2001, p. 42. [52]
“Minan campo de futbol”, El Tiempo (Bogotá), 29 de septiembre
del 2000. [53] “Golpe al ELN en El
Cedro”, El País (Cali), 2 de octubre del
2000. [54] “Niños ilesos tras
explosión de mina”, El Colombiano (Medellín), 4 de octubre
del 2000. [55] Entrevista con el
Capitán Javier Ayala, Director de la Oficina de Derechos Humanos,
Ministerio de Defensa, Bogotá, Colombia, 6 de octubre del
2000. [56] “Los verdugos de los
niños”, Vanguardia Liberal (Bucaramanga), 7 de enero del 2001;
“Dos niños víctimas de las minas quiebrapatas”, La
Opinión (Cúcuta), 30 de enero
2001. [57] “Niño
perdió brazos por mina”, Vanguardia Liberal (Bucaramanga), 27 de
marzo del 2001. [58] “Carretera al
colegio de los niños la descubren minada”, El Informador (Santa
Marta), 17 de marzo del 2001. [59]
“Mutilado por mina quiebrapata”, Diario de Occidente
(Popayán), 22 de marzo del
2001. [60] Declaración
pública por Manuel Marulanda, Comandante de la FARC, Radio Canal Nacional
RCN, el 9 de febrero del 2001. [61]
Comunicado de prensa por la FARC–EP en ocasión de la visita de la
Reina Noor a Colombia. Firmado por la Reina Noor, Jim Kimsey, Camilo
Gómez y Manuel Marulanda en Los Pozos, San Vicente de Caguán, el
7 de julio del 2001, at
www.farc-ep.org. [62] “Golpe a AUC
cerca de Ecuador. La Fuerza Naval del Pacífico decomisó municiones
y armas”, El País (Cali), 25 de junio del
2001. [63] “Desmantelan campo de las
Autofensas en Nariño”, Information service, Caracol noticias, 26 de
junio del 2001. [64] Entrevista
telefónica con el Almirante Alberto Rojas, Comandante, Flota Marina del
Pacífico, 27 de julio del
2001. [65] Informe del Monitor de Minas
Terrestres del 2000, pp. 317-320 e Informe del Monitor de Minas Terrestres de
1999, pp. 299-301. [66] Incrementos en el
número de áreas afectadas por las minas demuestran no sólo
el nuevo uso de minas, sino también una investigación expandida y
mejorada, identificando áreas previamente desconocidas que fueron
afectadas por las minas. [67]
“Descubren carretera minada empleada por niños para ir a la
escuela”, Caracol noticias (Bogotá), 16 de marzo del
2001. [68] “Dos niños
víctimas de las minas quiebrapatas”, La Opinión
(Cúcuta), 30 de enero del
2001. [69] “Niño de cuatro
añoos pierde manos por mina”, El Tiempo (Bogotá), 25 de
enero del 2001. [70] “La Vega bajo
el terror”, El Tiempo (Bogotá), 3 de marzo del
2001. [71] “Policia denuncia ante
Naciones Unidas que las Farc violan el DIH”, Caracol noticias
(Bogotá), 6 de mayo del
2001. [72] “Guerrilla mina
alrededores de zona de despeje”, Caracol Noticias (Bogotá), 4 de
marzo del 2001. [73] Comunicado de prensa,
“Niño víctima de mina en San Calixto”, Agencia de
noticias del Ejército (Agencia de Noticias del Ejército
Colombiano), 5 de diciembre del 2000. [74]
“Autoridades descubren campamento guerrillero para albergar a 200
hombres”, Caracol Noticias (Bogotá), 5 de mayo del
2000. [75] “Más mutilados en
la Sierra”, El Heraldo (Barranquilla), 7 de enero del
2001. [76] Entrevista telefónica
con el Coronel Carlos Vigoya, Comandante del Batallón de Servicio,
Ejército Colombiano, Villavicencio, 15 de marzo del
2001. [77] “Mueren cinco
paramilitares en enfretamientos con el ejército”, Caracol Noticias
(Bogotá), el 5 de mayo del
2001. [78] Entrevista con Rodrigo Vega,
Secretaría de la Oficina del Mayor de la Armada, Morales, Bolívar,
28 de noviembre del 2000. [79]
Alegaciones por la comunidad afectada fueron hechas a la UNICEF Colombia
vía telefónica, 15 de febrero del
2001. [80] Testimonio de una
víctima de las minas que pidió no ser identificada, en la
comunidad de Santa Rosa del Sur, Departmento de Bolívar, dado al CCCM
durante el campamento a las zonas afectadas en Santa Rosa del Sur, San Pablo,
Bolívar, San Vicente de Chucurí, Santander y Apartadó,
Antioquía, noviembre del 2000 a febrero del
2001. [81] Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, “Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia”, Documento
E/CN.4/2001/15, 20 de marzo del 2001, párrafo
108. [82] “Minas terrestres
obstaculizan reparaciones a torres electríca”, El Tiempo
(Bogotá), 5 de enero del 2001. [83]
“Seis colombianos heridos por una explosión de minas
terrestres”, Agence France Presse (Bogotá), 14de junio del
2001. [84] “Policía desbarata
plan de ataque en Colombia”, Associated Press (Bogotá), 1ª de
diciembre del 2000. [85] Entrevista con el
General Bernardo Ordóñez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas
Armadas Colombianas, Ministerio de Defensa, Bogotá, el 23 de marzo del
2001. [86] Intervención de Beatriz
Helena Gutiérrez, Oficial del Programa de Minas Terrestres, Programa
Presidencial para los Derechos Humanos y Ley Humanitaria Internacional, Oficina
de la Vicepresidencia, durante las reuniones intersesionales llevadas a cabo en
Ginebra, Suiza, 9 de mayo del
2001. [87] Anteproyecto del decreto para
establecer una autoridad nacional para trabajar sobre las minas terrestres.
Recibido por el CCCM 22 de abril del
2001. [88] Andrés Celis,
presentación conjunta por la Oficina del Vicepresidente y el departamento
Nacional de Planificación ante funcionarios gubernamentales y ONGs,
Documento informal, Bogotá, Colombia, agosto del
2000. [89]
Ibid. [90] Declaración por Beatriz
Helena Gutiérrez, Oficial del Programa de Minas Terrestres, Programa
Presidencial para los Derechos Humanos y la Ley Humanitaria Internacional,
Oficina del Vicepresidente, ante el Standing Committee on Victim Assistance,
Socio-Economic Reintegration and Mine Awareness, 8 de mayo del
2001. [91] Entrevista con Alida Becerra,
Oficial de Asuntos Sociales, Ministerio de Comunicaciones, Bogotá, 9 de
febrero del 2001, y entrevista con Beatriz Helena Gutiérrez, Oficial del
Programa de Minas Terrestres, Bogotá, 4 de abril del
2001. [92] Entrevista con Clara Marcela
Barona, Funcionaria de Comunicaciones, UNICEF Colombia, Bogotá, 4 de
abril del 2001. [93] Entrevista con Simon
Cridland, Segundo Secretario Político, Embajada de Canadá,
Bogotá, 22 de marzo del 2001. [94]
Ministerio de Defensa Nacional, “Informe Annual Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario 2000”, p.30. Consultar
www.mindefensa.gov.co/publicaciones/ministerio.html. [95]
Entrevista con el General Bernardo Ordóñez, Jefe del Estado Mayor
Conjunto, Ministerio de Defensa , Bogotá, 23 de marzo del
2001. [96]
Ibid. [97]
Ibid. [98] Entrevista con Carlos Francisco
Rodríguez y Carlos Marcelo Hernández, Jefe del Departamento de
Ingeniería Mecánica y investigador de tecnologías de
desminado, Escuela de Ingeniería, Universidad de los Los Andes,
Bogotá, 27 de febrero del
2001. [99] Entrevista con Clara Marcela
Barona, Funcionaria de Comunicaciones, UNICEF Colombia, Bogotá, 4 de
abril del 2001. [100] Entrevista con
Beatriz Helena Gutiérrez, Oficial del Programa de Minas Terrestres,
programa Presidencial de los Derechos Humanos y la Ley Humanitaria
Internacional, Bogotá, 28 de marzo del
2001. [101] Entrevista con Clara Marcela
Barona, UNICEF Colombia, Bogotá, 4 de abril del
2001. [102] El programa será
implementado por la municipalidades de San Vicente de Chucurí, El Carmen
de Chucurí, El Playón y Floridablanca en el departamento de
Santander; Santa Rosa del Sur, San Pablo, Zambrano, Morales y Achí en el
departamento de Bolívar; y Segovia, San Francisco, Turbo, Mutatá y
Caicedo en el departamento de Antioquía. “Convenio de
cooperación técnica y cofinanciación No. 0891-2001”,
entre Unicef Colombia, la Corporación para la Paz y los Derechos Humanos
– REDEPAZ, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI, abril del 2001, p. 1-2
. [103] Estudio estatístico por el
CCCM, basandose en la información dada por la Fundación
Sueños, Ejército Nacional de Colombia, Oficina de
Defensoría Nacional del Pueblo de Colombia, Personería Municipal
de San Vicente de Chucuri, y Personería Municipal de Santa Rosa del Sur.
CCCM, “Lista de víctimas de las minas antipersonal en
Colombia”, 1993-1999, Bogotá, abril del
2000. [104] Véase Informe del
Monitor de Minas Terrestres del 2000, p.
322. [105] CIREC, “Polypropylene
prostheses for Lower Limb Amputees, Victims of Landmines”. See
www.landminevap.org/display.html?id=91. [106]
Handicap International (Bélgica), “Colombia mission report: 26 de
marzo del 2001-11 abril del 2001”, by Handicap International
(Bélgica) Martine Vanacker, Funcionaria Encargada del País, p.
8. [107] Véase por ejemplo la carta
de Edgar Moreno, Campaña colombiana contra las minas terrestres, en
“Commentary: Voice of the People (letter) Mine Survivor”, Chicago
Tribune, 19 de septiembre del 2000, p.
12. [108] Red de Sobrevivientes de Minas,
“Report: Raising the Voices Landmine Survivor Advocate Training
Program”, del 5 al 12 de mayo del
2001. [109] Declaración por Beatriz
Elena Gutierrez Rueda, Coordinadora del Presidential Program on Mine Accident
Prevention and Victim Assistance, al Mine Ban Treaty Standing Committee on
Victim Assistance, Ginebra, 8 de mayo del
2001. [110] Ibid.
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