Desarrollos clave desde Mayo de 2004: La legislación de
aplicación nacional entró en vigencia en Noviembre de 2004. En
Diciembre 2004, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores
cuestionó declaraciones previas formuladas por una organización
desminadora con sede en el Reino Unido, de que aún permanecen
áreas significativas afectadas por minas y munición sin estallar
en El Salvador. En la Primera Conferencia de Examen, El Salvador fue
identificado como uno de los 24 Estados Parte con las mayores necesidades y
responsabilidad de ofrecer asistencia adecuada a las víctimas. En Junio
de 2005, como parte de su compromiso con el Plan de Acción de Nairobi, El
Salvador presentó algunos de sus objetivos para el período
2005-2009 para atender las necesidades de los sobrevivientes de accidentes por
minas.
Política para la Prohibición de Minas
La República de El Salvador firmó el Tratado para la
Prohibición de Minas el 4 de Diciembre de 1997, lo ratificó el 26
de Enero de 1999, y se convirtió en Estado Parte el 1 de Julio de 1999.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el Decreto 471 para
aplicar localmente el Tratado para la Prohibición de Minas el 14 de
Octubre de 2004[1]. La ley fue
publicada en el Diario Oficial del Gobierno el 22 de Noviembre de 2004 y
entró en vigencia el 30 de Noviembre de
2004.[2] La ley incluye sanciones
penales de cinco a diez años de cárcel para aquellos hallados
culpables de usar, desarrollar, producir, comprar, almacenar o transferir una o
más minas antipersonal. Cualquier persona que de uno u otro modo
participe en alguna de estas actividades puede ser procesada y sentenciada con
penas de entre dos a cuatro años de
prisión.[3] El Salvador
informó por primera vez en Febrero de 2002 que había elaborado un
documento de legislación de
aplicación.[4]
El 29 de Abril de 2005, El Salvador entregó su quinto Informe del
Artículo 7, que cubre el año calendario
2004.[5] El informe tiene dos
páginas de texto, más el decreto de aplicación, en vez de
utilizar los formularios voluntarios establecidos.
El Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador lideró la
delegación de su país en la Primera Conferencia de Examen del
Tratado para la Prohibición de Minas en Nairobi en Noviembre-Diciembre de
2004. Su declaración de alto nivel se concentró en los temas de
asistencia para las víctimas y en la necesidad de un mayor financiamiento
internacional. Dijo además que para asegurar el éxito del Plan de
Acción de Nairobi es crucial tener una estrecha coordinación entre
los Estados Parte, las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los
Estados Americanos (OEA), los países donantes y las ONGs, como la
ICBL.[6] En Abril de 2005, El Salvador
asistió a un taller sobre asistencia de víctimas en Managua,
Nicaragua. En la reuniones intersesionales de Ginebra de Junio de 2005, El
Salvador realizó una presentación sobre asistencia a
víctimas.
El Salvador no se ha involucrado en las amplias discusiones que han tenido
los Estados Partes respecto a la interpretación y aplicación de
los Artículos 1, 2 y 3. Sin embargo, no ha dado a conocer tampoco su
posición acerca de las operaciones militares conjuntas con Estados
no-Partes, el almacenamiento de reservas extranjeras y el movimiento de minas
antipersonal, minas antivehículo con detonadores sensibles y dispositivos
antimanipulación, así como sobre el número de minas
retenido para entrenamiento.
El Salvador es miembro de la Convención de Armas Convencionales y su
Protocolo II Enmendado sobre minas terrestres. No asistió en Noviembre de
2004 al encuentro anual de Estados Partes del Protocolo II Enmendado, y no
envió el Informe del Artículo 13 de 2004.
Producción, Transferencia y Uso
El Salvador ha informado que no ha producido minas antipersonal y que no
posee instalaciones de
producción[7]. El Salvador no
es conocido, tampoco, por haber exportado minas antipersonal. En el pasado
importó minas antipersonal, incluidas minas provenientes de Estados
Unidos.[8] Tanto el gobierno
salvadoreño como el Frente de Liberación Nacional Farabundo
Martí (FLNFM) usaron minas antipersonal abiertamente durante el conflicto
de 1980-1992, aunque no ha habido informes o denuncias sobre el uso de minas
terrestres desde comienzos de los años
90.[9]
Almacenamiento y Destrucción.
El 20 de Febrero de 2003, El Salvador culminó la destrucción
de su arsenal de 7.549 minas antipersonal, cuatro meses antes de la fecha
límite estipulada por el tratado. Un total de 5.248 de estas minas fueron
destruidas el 20 de Febrero de 2003, otras 1.291 fueron destruidas entre Junio
de 2000 y Agosto de 2001, y un último grupo de 1.010 minas en 1996, antes
de la firma del Tratado para la Prohibición de
Minas.[10]
El Salvador aún retiene 96 minas antipersonal (50 minas M-14 y 46
minas M-26) para entrenamiento y desarrollo de su Comando de Ingenieros de las
Fuerzas Armadas. Este número no ha cambiado desde que El Salvador lo
reportara por primera vez en Abril de
2002.[11] El Salvador aún no
ha presentado en detalle el propósito y actual uso de las minas que
todavía posee, un paso previamente acordado como requisito para ser
Estado Parte en el Plan de Acción de Nairobi que surgió de la
Primera Conferencia de Examen.
El problema y la acción contra las minas y restos explosivos de
guerra
El Salvador estuvo contaminado de minas y restos explosivos de guerra como
resultado del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y las guerrillas
del FLNFM entre 1980-1992. Se estimó que al final de la guerra,
había 20.000 minas terrestres en 425 campos minados que cubrían un
área de 436 kilómetros
cuadrados.[12] Sin embargo, desde
1994, El Salvador ha afirmado, de varias formas, que está libre de minas
y que se encuentra en un 97% libre de ellas, luego de completar el Plan Nacional
de Desminado en 1994.[13] William
McDonough, Coordinador General del Programa de Acción contra las Minas de
la OEA, declaró que el porcentaje reportado significa que todas las
áreas minadas despejadas “se hicieron con una tasa de confiabilidad
del 97%, de acuerdo a los estándares de desminado de
1994.”[14]
En Diciembre de 2004, José Francisco Cortés González,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo al Monitor de Minas Terrestres que
en El Salvador “las MUSE y los restos explosivos de guerra eran aún
un problema y era necesario mantener un personal calificado para las labores de
limpieza en el futuro”.[15] No
obstante, el funcionario preguntó por las aseveraciones hechas por una
organización de desminado del Reino Unido, International Demining Group,
que identificó aproximadamente 150 kilómetros cuadrados para
estudio y/o desminado en Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán y
Usulután, incluidas 53 localidades donde se desconoce si hay minas y
MUSE.[16]
En 2004, ONGs locales informaron al Monitor de Minas Terrestres que la
contaminación en zonas rurales era todavía un problema, a pesar de
que la población civil no se encontraba bajo un gran
riesgo.[17] En Mayo de 2004, Oscar
Chávez Valiente, Secretario General de la Policía Nacional Civil,
dio información detallada sobre algunas regiones afectadas por artefactos
explosivos: los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Usulatán,
Morazán y Cuscatlán, el área del volcán Guazapa
(departamento de San Salvador) y la región de Cinquera (departamento de
Cabañas).[18]
El Ministerio de Defensa y la División de Armas y Explosivos (DAE) de
la Policía Nacional Civil son las instituciones nacionales responsables
de la limpieza de las minas y de MUSE. La DAE tiene cinco equipos, uno en cada
región, entrenados para responder a los pedidos del público para
que desactiven artefactos
explosivos.[19] En Noviembre de 2001
se estableció un Comité Nacional Intersectorial para el
seguimiento de la Convención de Ottawa, con representantes del Ministerio
de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional Civil. El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
Inválidos (ISRI) se unió al comité en 2002. De acuerdo al
Ministerio de Relaciones Exteriores, el comité es el organismo oficial
encargado de interactuar con organizaciones nacionales e internacionales de
desminado y de rehabilitación de las víctimas de
minas.[20]
La DAE está llamada a responder regularmente a los informes civiles
sobre MUSE y otros artefactos explosivos. Aunque los restos explosivos de guerra
más frecuentemente encontrados son granadas (incluidas granadas
propulsadas por cohete) y morteros, también se descubren ocasionalmente
algunos artefactos explosivos de gran tamaño de la época de
guerra.[21] En Marzo de 2005, una
granada de fragmentación M-67 fue reportada y destruida en la
municipalidad de Berlín, departamento de
Usulután.[22] También
en Marzo, siete granadas de mortero de 60 mm sin usar y aproximadamente 1.500
cartuchos G-3 fueron descubiertos en una caleta usada por la guerrilla durante
la época de guerra ubicada en la zona montañosa de la
municipalidad de San José Las Flores, departamento de Chalatenango. El
descubrimiento fue posible gracias a informes de civiles locales. De acuerdo al
mismo informe, campesinos del área reportaron que aún existen
armas del conflicto civil escondidas en el departamento de
Chalatenango.[23]
La fecha límite que tiene El Salvador para la destrucción de
todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o
control es el 1 de Julio de 2009.
Educación sobre el riesgo de las minas y MUSE
Aunque no existen actualmente programas
formales,[24] la Policía
Nacional Civil está obligada a brindar a la población programas de
Educación sobre el Riesgo de Minas. En Diciembre de 2004, un funcionario
del gobierno afirmó que sería muy importante desarrollar programas
de Educación sobre el Riesgo en áreas que puedan estar afectadas
por restos explosivos de guerra.[25]
La DAE realiza talleres educativos a niños en edad escolar sobre los
riesgos relacionados al uso de armas convencionales utilizadas por pandillas,
las cuales incluyen granadas.[26]
Víctimas por minas terrestres/restos explosivos de guerra
En 2004, no hubo reportes de nuevas víctimas causadas por minas
terrestres en El Salvador. El último informe confirmado al respecto data
de 1994. Sin embargo, el Monitor de Minas Terrestres fue informado acerca de
algunos incidentes con minas/restos explosivos de guerra que, aunque tomados
como casos aislados, eran, en realidad, hechos
frecuentes.[27] En Mayo de 2004,
varios niños resultaron heridos al intentar forzar una granada que
encontraron mientras recolectaban leña en
Guazapa.[28]
En Mayo de 2005, los familiares de un niño de seis años de
edad que perdió su pierna en una explosión en la municipalidad de
Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán, informaron al representante
local de la Red de Sobrevivientes de Minas Terrestres (LSN) sobre el
incidente.[29]
El 12 de Mayo de 2005, dos hermanos de 14 y 16 años de edad murieron
después de golpear una granada con un martillo afuera de su casa en Los
Blancos, Cantón Lajitas, municipalidad de Chilanga, departamento de
Morazán. Otros dos menores resultaron ilesos en dicho incidente. Vecinos
de la localidad demandaron que expertos en explosivos peinen el área para
asegurar que no haya otras “bombas
abandonadas”.[30]
El Salvador tiene un número significativo de sobrevivientes por minas
antipersonal como resultado del conflicto armado que tuvo lugar desde los
años 80 hasta principios de los 90. Aunque no existe un registro
integral, el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con
Discapacidad, CONAIPD, informó en Junio de 2005 que el Fondo de
Protección de Lisiados y Discapacitados como Consecuencia del Conflicto
Armado ha asistido a 2.861 sobrevivientes de minas, incluidas 165
mujeres.[31] En Diciembre de 2004,
un funcionario oficial informó al Monitor de Minas Terrestres que
“hay probablemente más de 9.700 victimas por minas
terrestres” en El Salvador, pero que existe la necesidad de afianzar la
coordinación institucional y el proceso de identificación y
asistencia a los
sobrevivientes.[32]
Asistencia a Sobrevivientes
En la Primera Conferencia de Examen en Nairobi en Noviembre-Diciembre de
2004, El Salvador fue identificado como uno de los 24 Estados Miembros con un
número significativo de sobrevivientes de minas antipersonal, y con
“la mayor responsabilidad de actuar, pero también con las mayores
necesidades y expectativas de ayuda” para ofrecer asistencia adecuado en
el cuidado, rehabilitación y reintegración de los
sobrevivientes.[33] El Salvador
participó en un taller en Managua durante el 26-27 de Abril de 2005,
auspiciado por Nicaragua y organizado por la co-presidencia del Comité
Permanente de Atención a Víctimas y Reintegración
Socio-profesional para ayudar a los Estados Miembros a desarrollar un plan de
acción para cumplir con los objetivos del Plan de Acción de
Nairobi en relación a la asistencia de las víctimas.
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que,
para El Salvador, la asistencia a sobrevivientes será “el reto
más grande para el cumplimiento de su compromiso en la Convención
de Ottawa” y que “El Salvador requiere la creación de
programas de asistencia a victimas que sean sostenibles y a largo plazo”
con un financiamiento que sirva de base directa de apoyo para los
sobrevivientes.[34] En las reuniones
del Comité Permanente en Junio de 2005, El Salvador afirmó que el
financiamiento internacional podría incrementar significativamente la
capacidad de proveer programas de asistencia a las víctimas en El
Salvador.[35]
Un sobreviviente de una mina antipersonal de El Salvador participó
en la Primera Conferencia de Examen en Nairobi durante Noviembre-Diciembre de
2004.
En Junio de 2005, como parte de su compromiso con el Plan de Acción
de Nairobi, El Salvador presentó algunos de sus objetivos para el
período 2005-2009 para abordar las necesidades de los sobrevivientes de
minas antipersonal, las que incluyen: fortalecer el desarrollo de programas
comunitarios de rehabilitación; promover y apoyar la creación de
proyectos para la pequeña empresa, incluido el entrenamiento a
sobrevivientes; sensibilizar a la sociedad acerca de los derechos y necesidades
que tienen los sobrevivientes de las minas y otras personas con discapacidades;
y fortalecer la implementación de la legislación que proteja los
derechos de las personas con
discapacidad.[36]
En El Salvador, los sobrevivientes de minas antipersonal son tratados a
través del sistema nacional de salud regular, el cual se encuentra en
proceso de descentralización. No obstante, el sistema nacional de salud
ha reportado en varias ocasiones no tener la infraestructura o recursos para
atender adecuadamente las necesidades de las personas discapacitadas. En las
zonas rurales, casi no hay acceso a programas de rehabilitación, y hay
carencia de servicios de apoyo psicológico para satisfacer las
necesidades de las personas afectadas por la
guerra.[37] Muchos sobrevivientes de
minas antipersonal en áreas rurales deben viajar largas distancias para
acceder a los centros de rehabilitación y algunos han reportado haber
sido rechazados a su llegada dada la escasez de materiales básicos
necesarios para reparar las
prótesis.[38] En 2005, se
planea implementar un proyecto comunitario piloto para la rehabilitación
en 15 municipalidades.[39]
La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) desarrolla
la iniciativa social llamada Servicios Básicos Empresariales (SERBASE),
la cual ha llevado adelante contratos con cuatro municipalidades (San Salvador,
Santa Tecla, Conjutepeque, Mejicanos) para dar servicio de mantenimiento a
baños públicos y parques; hasta Abril de 2004, SERBASE
proporcionó empleo a 115 personas
discapacitadas.[40] Entre Enero y
Junio de 2004, una alianza entre ALGES y la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) asistió a
65 personas en un proyecto titulado “Sistema Integrado de
Producción para la Seguridad Alimenticia de Individuos afectados por la
guerra y sus familias de la Municipalidad de Cacaopera”. El proyecto,
realizado en la empobrecida zona norte de Morazán, recibió US$
7.372 de la FAO.[41]
La Red de Sobrevivientes de Minas Terrestres (LSN) tiene seis trabajadores
de alcance comunitarios; todos son sobrevivientes de minas antipersonal que
trabajan con otros sobrevivientes para determinar sus necesidades, ofrecen apoyo
psicológico y social, educan a sus familias acerca de los efectos de una
amputación o pérdida de una extremidad, facilitan el acceso a
rehabilitación médica y entrenamiento vocacional, y abogan por los
derechos de las personas discapacitadas. Cuatro trabajan en San Salvador y dos
en el departamento de La Libertad. En 2004, LSN asistió a 152 personas
con discapacidad, incluidos 86 sobrevivientes de minas antipersonal; 76 personas
fueron apoyadas para la creación de pequeños negocios, y se
brindó asistencia (en la forma de materiales y herramientas) para la
generación de pequeños negocios y reparaciones de viviendas.
Además, LSN ha establecido grupos de ayuda social para apoyar la
recuperación y reintegración de sobrevivientes, y
desarrolló un directorio de servicios nacionales para vincular a los
sobrevivientes con los servicios de
rehabilitación.[42] LSN, en
colaboración con CONAIPD, también ha entrenado a 60 personas del
sector salud para dar asistencia psicológica y otras formas de ayuda a
amputados y a sus familias.[43]
Varias ONG han brindado capacitación técnica en diferentes
áreas, como carpintería, soldadura, electricidad,
computación, administración de pequeños negocios,
agricultura orgánica y costura. La falta de acceso a la educación
básica es uno de los tantos factores que limitan iniciativas de
reintegración socioeconómica
efectivas.[44]
Otras organizaciones reconocidas en la asistencia de sobrevivientes de minas
antipersonal y discapacitados en El Salvador son el Centro de
Rehabilitación Profesional de la Fuerza Armada; ISRI; la
Asociación Promotora de la Organización de Discapacitados de El
Salvador, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA;
ALGES; Handicap Internacional; la Fundación Teletón; Nuevo Mundo;
la División del Gobierno para la Educación Especial; el Centro de
Orientación Familiar y Comunitaria; la Agencia de Cooperación y de
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID); el Ministerio del
Trabajo en Santa Ana.[45]
El Proyecto de Fortalecimiento de la Rehabilitación Integral a
través de la Ortopedia Técnica en la Región Centroamericana
ofrece un amplio espectro de programas técnicos para el entrenamiento de
técnicos ortopedistas de El Salvador y del mundo, a través de la
Universidad Don Bosco en San
Salvador.[46]
Política y Práctica sobre Discapacitados
El Salvador posee una legislación que protege los derechos de las
personas con discapacidad. El CONAIPD es el organismo oficial responsable del
desarrollo de políticas y de la coordinación y monitoreo de las
instituciones y de las organizaciones que trabajan con personas discapacitadas
en El Salvador. Entre Noviembre de 2004 y Enero de 2005, CONAIPD realizó
cinco talleres, a los cuales asistieron 75 personas del sector salud, que
intentaron hallar maneras de coordinar acciones e información
relacionadas al tema de la discapacidad. En 2004, CONAIPD colaboró con
las 30 universidades de El Salvador para realizar ocho talleres para la
integración de personas discapacitadas en el sistema educativo superior;
esto tuvo como resultado que dos universidades firmaran acuerdos con
CONAIPD.[47]
Aún sigue siendo una opinión extendida que las instituciones
en El Salvador no están afrontando de manera adecuada las necesidades de
las personas con discapacidades en el país, y que la
discriminación, la deficiente implementación y la pobre
aplicación de la ley para discapacitados siguen siendo un
problema.[48]
En Diciembre de 2004, ALGES criticó al gobierno por la
interrupción del pago de las pensiones a más de 400 discapacitados
sobrevivientes de la guerra.[49] En
Enero de 2005, en el 13ro. aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el
gobierno y el FLNFM, ALGES anunció que la Ley para la Protección
del Fondo para Discapacitados y Heridos no estaba cumpliendo su mandato ni sus
compromisos con las personas discapacitadas durante la
guerra.[50] ALGES envió una
carta a las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la arbitraria suspensión
de las pensiones. Según ALGES, las pensiones han sido suspendidas a pesar
del hecho de que el fondo recibe apoyo internacional y financiamiento
proveniente del presupuesto
nacional.[51]
[1] Pronunciamiento del
Viceministro de Relaciones Exteriores Eduardo Cálix López, Primera
Conferencia de Examen, Nairobi, 2 de Diciembre 2004. [2]Diario Oficial, Vol.
365, No. 217, 22 de Noviembre de 2004. El texto del decreto, que enmienda el
Código Penal, está incluido en el Informe del Artículo 7,
29 de Abril de 2005. [3]Diario Oficial, Vol.
365, No. 217, 22 de Noviembre de 2004. [4] Maria Eugenia Brizuela de
Ávila, Ministra de Relaciones Exteriores, “Informe de El Salvador
para 2002”, 11 de Febrero de 2002, p. 4. Ver Informe del Monitor de
Minas 2004, p. 409, para otros detalles del proceso. [5] Informes previos fueron
entregados el 20 de Abril de 2004, 4 de Marzo de 2003, 29 de Abril de 2002 y el
31 de Agosto de 2001. Para el informe de 2004 tampoco utilizaron los
formularios estándar. [6] Pronunciamiento del
Viceministro de Relaciones Exteriores Eduardo Cálix López,
Primera Conferencia de Examen, Nairobi, 2 de Diciembre de 2004. [7] Informe del Artículo 7,
Formularios E y H, 4 de Marzo de 2003. [8] El Departamento de Estado
estadounidense reportó que entre 1982 y 1990, Estados Unidos
proporcionó a El Salvador 4.410 minas antipersonal tipo M-14, 720 minas
antipersonal M-24 y 47.244 minas Claymore tipo M18A1. Ver Informe Monitor de
Minas 2002, p. 242. [9] Ver Informe Monitor de
Minas 2004, p. 410. Durante el conflicto, el FLNFM fabricó un
número significativo de minas antipersonal caseras o artefactos
explosivos improvisados. [10] Informe de Artículo
7, 20 de Abril de 2004; intervención de El Salvador, Comité
Permanente sobre Destrucción de las Reservas, Ginebra, 15 de Mayo de
2003; Informe del Artículo 7, Formularios A, D y F, 4 de Marzo de 2003.
Las minas destruidas incluyen 5.833 minas tipo M-14 y 1.716 minas Claymore tipo
M18. En 1997, El Salvador reportó a la Organización de los Estados
Americanos (OEA) que no tenía arsenal de minas antipersonal.
Corrigió esta afirmación en Mayo de 2001. Luego de esto, se
presentaron discrepancias en los informes sobre la cantidad y el tipo de sus
reservas de minas. Ver Informe Monitor de Minas 2004, p. 411. [11] Informe del Artículo
7, Formulario D, 29 de Abril 2002; Informe del Artículo 7, 29 de Abril de
2005. [12] Comité Internacional
de la Cruz Roja, “Antipersonnel Mines in Central America: Conflict and
Post-Conflict,” Ginebra, Enero de 1996, p. 13 [13] Informe del Artículo
7, párrafo ii.d, 29 de Abril de 2005; Informe del Artículo 7,
Formularios F y G, 4 de de Marzo de 2003. Ver también Informe Monitor
de Minas 2004, pp. 412-413. [14] Entrevista a William
McDonough, Coordinador General de la Acción Contra Minas de la OEA, 16 de
Junio de 2005. [15] Entrevista a José
Francisco Cortés González, Ministro de Relaciones Exteriores,
Nairobi, 2 de Diciembre de 2004. [16] Entrevista a José
Francisco Cortés González, Ministro de Relaciones Exteriores,
Nairobi, 2 de Diciembre de 2004. Ver Informe Monitor de Minas 2003, p.
241, e Informe Monitor de Minas 2004, p. 412. [17] Entrevista
telefónica a Ernesto Morales, Coordinador, Fundación para la
Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES, Chalatanango,
26 de Marzo de 2004; entrevista a José Leonidas Argueta Rolda, Director
Exclusivo, Asociación Promotora de la Organización de
Discapacitados de El Salvador, PODES, San Salvador, 29 de Marzo de 2004. [18] Entrevista a Oscar
Chávez Valiente, Secretario General, PNC, San Salvador, 18 de Mayo de
2004. [19] Entrevista a Oscar
Chávez Valiente, PNC, San Salvador, 18 de Mayo de 2004. [20] Ver Informe Monitor de
Minas 2004, p. 413. [21] Entrevista a Oscar
Chávez Valiente, PNC, San Salvador, 18 de Mayo de 2004. [22] Norfa Márquez,
“Hacen explotar granada M-67”, El Diario de Hoy, 1 de Marzo
de 2005. [23] Tania Membreño,
“Hallan granadas dentro de tatú en ex zona de conflicto”,
La Prensa Gráfica, 31 de Marzo de 2005. [24] Respuesta del cuestionario
de Informe Monitor de Minas a Jesús Martínez, LSN El
Salvador, 7 de Junio de 2005. [25] Entrevista a José
Francisco Cortés González, Ministro de Relaciones Exteriores,
Nairobi, 2 de Diciembre de 2004. [26] Susana Joma,
“Enseñan a niños a no jugar con las armas”, El
Diario de Hoy, 4 de Marzo de 2004. [27] Ver Informe Monitor de
Minas 2004, p. 414. [28] Entrevista a Oscar
Chávez Valiente, PNC, San Salvador, 18 de Mayo de 2004: para más
información ver Informe Monitor de Minas 2001, pp. 340-341; y
Informe Monitor de Minas 2002, p. 246. [29] Correo electrónico
de Jesús Martínez, LSN, El Salvador, 16 de Septiembre de 2005. [30] Yanci Pérez y
Francisco Torres, “Dos niños perecen al manipular granada”,
El Diario de Hoy (San Salvador), 13 de Mayo de 2005. [31] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a las Víctimas y Reintegración Socio-
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005; para mayor información,
ver también Informe Monitor de Minas 2004, pp. 414-415. [32] Entrevista a José
Francisco Cortés González, Ministro de Relaciones Exteriores,
Nairobi, 2 de Diciembre de 2004. [33] Naciones Unidas, Informe
Final de la Primera Conferencia de Evaluación, Nairobi, 3 de Diciembre de
2004, APLC/CONF/2004/5, 9 de Febrero de 2005, p. 33. [34] Entrevista a José
Francisco Cortés González, Ministro de Relaciones Exteriores,
Nairobi, 2 de Diciembre de 2004. [35] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005. [36] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005. [37] Para mayor
información ver Informe Monitor de Minas, 2004, p. 415. [38] Correo electrónico
de Jesús Martínez, LSN, El Salvador, 16 de Septiembre de 2005. [39] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005. [40] Entrevista a Michael (Paco)
Rleutgeus, Consultor, ALGES, San Salvador, 31 de Marzo de 2004; para más
información Informe Monitor de Minas 2004, p. 416. [41] “Sesenta y cinco
sueños de Morazán”, Reportaje del mes, www.fao.org.sv/reportajes/reportaje.html,
recuperado Febrero de 2005. [42] Correo electrónico
de Nicole Dial, LSN, 1 de Septiembre de 2005; respuesta al cuestionario del
Monitor de Minas Terrestres de Jesús Martínez, LSN El Salvador, 7
de Junio de 2005. [43] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005; correo electrónico de
Paul Miller, Director de Programas, LSN, 28 de Junio de 2005. [44] Para más
información ver Informe del Monitor de Minas 2004, p. 417. [45] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005; para más
información ver Informe del Monitor de Minas 2004, pp.
415-417. [46] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005; para más
información ver Informe del Monitor de Minas 2004, p. 417. [47] Presentación
realizada por Cecilia Edith Jiménez, CONAIPD, Comité Permanente
sobre Atención a Víctimas y Reintegración Socio
económica, Ginebra, 16 de Junio de 2005; para más
información ver Informe Monitor de Minas 2004, p. 417-418. [48] Respuesta al cuestionario
del Monitor de Minas por Jesús Martínez, LSN El Salvador, 7 de
Junio de 2005; Derechos Internacionales de la Discapacidad Monitor 2004,
“Informe regional de las Américas: El Salvador”, Red
Internacional de Discapacitados, Chicago, 2004, p. 204; ver también
Informe Monitor de Minas 2004, p. 418. [49] “Suspenden beneficios
a lisiados de Guerra”, La Prensa, El Salvador, 13 de Diciembre de
2004. Al final de la guerra más de 18.000 personas, incluidas las
familias de las victimas de la guerra, recibieron el derecho a tener pensiones y
a tratamiento médico, Fondo para los lisiados y discapacitados por el
conflicto armado. [50] “Incumplimiento de
acuerdos, La Prensa, Nicaragua, 17 de Enero de 2005; “Lisiados de
guerra denuncian que acuerdos de paz no les benefician”, La Prensa,
El Salvador, 16 de Enero de 2005. [51] Roxana Córdova,
“Lisiados de guerra denunciarán al gobierno ante la ONU”,
Diario Co Latino, 17 de Enero de 2005.
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