Cada uno de los 48 países del África Subsahariana es Estado
Parte o signatario del Tratado sobre la Prohibición de las Minas, excepto
Somalia, que no cuenta con un gobierno en funcionamiento. Durante el
período informativo, cinco de los nueve países que se convirtieron
en Estados Parte eran africanos. Tres países africanos ratificaron:
Camerún (19 de septiembre de 2002), Gambia (23 de septiembre de 2002) y
Santo Tomé y Principe (31 de marzo de 2003). Dos accedieron: Comoras (19
de septiembre de 2002) y República Centroafricana (8 de noviembre de
2002).
Burundi, Etiopía y Sudán han firmado, pero aún no han
ratificado el Tratado. En Burundi, el Consejo de Ministros aprobó un
proyecto de ley para la ratificación del Tratado sobre la
Prohibición de las Minas, el 25 de marzo de 2003, que fue aprobado por el
Senado el 18 de junio de 2003. El Consejo de Ministros de Sudán
aprobó oficialmente el Tratado sobre la Prohibición de las Minas
en mayo de 2003 y lo sometió al Parlamento para su ratificación.
Los funcionarios etíopes reafirmaron su apoyo al Tratado sobre la
Prohibición de las Minas, pero no se han emprendido iniciativas para su
ratificación. Somalia no tiene un gobierno central desde 1991, pero, el
12 de noviembre de 2002, los representantes de 16 facciones somalíes
reunidos en Eldoret, Kenya, firmaron el Llamamiento de Ginebra para la
prohibición de las minas antipersonal.
Ningún país finalizó el proceso de aprobación de
leyes nacionales para el cumplimiento del Tratado sobre la Prohibición de
las Minas. Once Estados Parte africanos han indicado que se está
tramitando la legislación necesaria, de ellos tres han iniciado el
proceso en este período informativo (Benin, República del Congo y
Togo). Los demás son Mauritania, Mozambique, Níger, Seychelles,
Sudáfrica, Swazilandia, Uganda y Zambia. El Parlamento de
Sudáfrica aprobó leyes para la aplicación del Tratado en
abril de 2003. Sólo cuatro países africanos cuentan con leyes de
este tipo en vigor: Burkina Faso, Malí, Mauricio y Zimbabwe. Senegal y
Tanzania se han unido a países como Lesotho, Namibia y Rwanda, que
consideran suficiente la legislación vigente.
Continuó mejorando el cumplimiento del requisito del Tratado sobre la
Prohibición de las Minas de presentar un informe sobre medidas de
transparencia. Durante el período informativo, 12 de los 21 Estados
Parte que presentaron informes iniciales con arreglo al artículo 7 eran
africanos: República Democrática del Congo, República del
Congo, Yibuti, Gabón, The Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Malawi,
Níger, Seychelles, Tanzania y Togo. Al mismo tiempo, 10 de los 15
Estados Parte que aún no habían presentado sus informes iniciales
con arreglo al artículo 7 provenían de África: Angola, Cabo
Verde, Côte d'Ivoire, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Guinea, Liberia,
Namibia, Nigeria y Sierra Leona. En algunos casos, como los de Guinea
Ecuatorial, Guinea y Namibia, el plazo de presentación se había
cumplido en 1999.
Ningún país africano votó en contra o se abstuvo en la
votación de la Resolución 57/74 de la Asamblea General de la ONU,
el 22 de noviembre de 2002, respaldando la aplicación y la
universalización del Tratado sobre la Prohibición de las Minas.
Las delegaciones de 32 africanos asistieron a la Cuarta Reunión de
Estados Parte en Ginebra, en septiembre de 2002, entre ellos países que
no eran parte del Tratado como Burundi, Etiopía, Gambia (que lo
ratificaron más tarde en septiembre), Sudán y República
Centroafricana (que accedieron en noviembre). No asistieron 14 Estados Parte
africanos. En la Cuarta Reunión de Estados Parte, Kenya became
Copresidente del Comité Permanente de Remoción de minas,
Divulgación de los riesgos que implican las minas y Tecnologías
para las Actividades relativas a las Minas.
Los representantes de 35 gobiernos africanos asistieron a por lo menos una de
las dos reuniones entre períodos de sesiones del Comité Permanente
en Ginebra, en febrero y mayo de 2003, incluidos los signatarios Burundi,
Etiopía y Sudán. Asistieron a ambas reuniones 27 de los
gobiernos.
En noviembre de 2002, siete gobiernos africanos (Angola, Burkina Faso,
Burundi, RD del Congo, República del Congo, Rwanda y Tanzania)
participaron en un Seminario sobre el Cumplimiento del Artículo 7 del
Tratado de Ottawa, organizado por Bélgica, Presidente de la Cuarta
Reunión de Estados Parte, y celebrado en Bruselas. En diciembre de
2002, una ONG etíope, RaDO, fue albergó la reunión anual de
los investigadores de la ICBL/Monitor de Minas Terrestres de toda África,
en Addis Ababa.
A la espera de la aprobación final en septiembre de 2003, Kenya
será la sede de la primera Conferencia de Examen del Tratado sobre la
Prohibición de las Minas en las oficinas de la ONU en Nairobi, del 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2004.
Uso
En este período informativo, el Monitor de Minas Terrestres no ha
hallado pruebas concretas del uso por parte de ningún Estado Parte
africano, pero hemos recibido pruebas más comprometedoras que nunca del
uso de minas antipersonal por parte de las tropas gubernamentales de Burundi,
signatario del Tratado, así como por los rebeldes. En Sudán, otro
signatario del Tratado, se presentaron numerosas denuncias del uso de minas
antipersonal por parte de las tropas gubernamentales y rebeldes. Los
funcionarios de Burundi y Sudán niegan cualquier empleo de minas
antipersonal.Varios grupos rebeldes usaron minas antipersonal en
la RD del Congo, al igual que varias facciones en Somalia.
Producción y transferencia
No se sabe de ningún país del África Subsahariana que
produzca minas antipersonal. El uso pasado y presente de minas antipersonal en
la región plantea preocupación por las transferencias
ílicitas de minas a través de las fronteras, pero el Monitor de
Minas Terrestres no ha podido documentar casos específicos.
Almacenamiento y destrucción
Cuatro Estados Parte africanos completaron la destrucción de sus
existencias de minas antipersonal en este período informativo: Chad,
Yibuti, Mozambique y Uganda. Lo que arroja un total de diez países que
han cumplido esta obligación. Gabón reveló por primera vez
que había destruido previamente sus existencias, sumándose
así a Malí, Mauritania, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe.
Chad completó la destrucción su arsenal de 4.490 minas
terrestres en enero de 2003. Yibuti destruyó su arsenal de 1.118 minas
antipersonal el 2 de marzo de 2003. Mozambique completó la
destrucción su arsenal de 37.318 minas antipersonal el 28 de febrero de
2003. Uganda completó la destrucción sus existencias de minas
antipersonal en julio de 2003.
Tres Estados Parte africanos iniciaron la destrucción de sus
existencias durante el período informativo: RD del Congo, Guinea-Bissau y
Tanzania. En la RD del Congo, la ONG Handicap International Bélgica
informó de la destrucción de 1.660 minas antipersonal de los
arsenales de los rebeldes en 2002 y 2003. Guinea-Bissau destruyó 1.000
minas en septiembre de 2002. Tanzania sus primeras 9.837 minas antipersonal
en marzo de 2003.
Dos Estados Parte africanos--la República del Congo y Kenya—no
han comenzado el proceso de destrucción, pero cada uno de ellos ha
desarrollado un plan para hacerlo antes de que se cumplan el plazo fijado por el
Tratado.
Diez Estados Parte no han declarado oficialmente la presencia o ausencia de
existencias de minas antipersonal al no haber presentado a tiempo sus informes
sobre medidas de transparencia: Angola, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Guinea
Ecuatorial, Eritrea, Guinea, Liberia, Namibia, Nigeria y Sierra Leona. El plazo
para la destrucción de las existencias de Guinea, Guinea Ecuatorial y
Namibia se cumplió el 1 de marzo de 2003.
Dieciocho Estados Parte de África han declarado que carecen de
existencias de minas antipersonal, a excepción, en ciertos casos, de las
retenidas para fines de adiestramiento: Benin, Botswana, Burkina Faso,
Camerún, Comoras, Gambia, Ghana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio,
Níger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Swazilandia, Togo y Zambia.
De los tres países signatarios, Burundi ha declarado que sólo
tiene un arsenal de 1.200 minas antipersonal, exclusivamente para fines de
adiestramiento, pero las acusaciones del uso continuado por parte del
Ejército de Burundi hacen dudar de esta afirmación. En el caso de
Etiopía, no se conocen los detalles sobre sus existencias. Las
afirmaciones de Sudán de que no tiene existencias se contradicen con las
alegaciones del uso reciente y pasado de minas antipersonal. En Somalia, que
sigue fuera del Tratado sobre la Prohibición de las Minas, se cree que
las milicias y particulares poseen grandes arsenales de minas terrestres.
Diecinueve Estados Parte africanos han ejercido, o tienen la intención
de ejercer, la opción, recogida en el artículo 3 del Tratado sobre
la Prohibición de las Minas, de retener minas antipersonal para fines de
adiestramiento y desarrollo de técnias: Botswana (“pocas”),
Burkina Faso (“muy pocas”), Camerún (500), República
Centroafricana (“cantidad muy limitada”), Yibuti (2.996), Kenya
(3.000), Malí (2.000), Mauritania (843), Mauricio (93), Mozambique
(1.427), Namibia (cantidad desconocida), República del Congo (372),
Rwanda (101), Sudáfrica (4.400) Tanzania (1.147), Togo (436), Uganda
(1.764), Zambia (6.691) y Zimbabwe (700).
Varios han retenido la totalidad de sus existencias de minas antipersonal
para fines de investigación y desarrollo de técnicas: Togo (436),
Mauricio (93 minas) y Botswana (cantidad desconocida). Zambia propuso
originalmente retener la totalidad de su arsenal de 6.691 minas antipersonal de
acuerdo con el artículo 3, pero ha reconsiderado su postura y anunciado
que reducirá esta cantidad.
Durante este período informativo, dos Estados Parte africanos tuvieron
en cuenta el llamamiento de la ICBL a la reducción de la cantidad
retenida: Mauritania decidió reducir la cantidad de 5.728 a 843 y Uganda
la redujo aparentemente de 2.400 a 1.764.
Financiación de la acción contra las minas
Los principales donantes de los programas de acción contra las minas
en el África Subsahariana durante el período informativo fueron
Canadá, Dinamarca, la Comisión Europea, Finlandia, Francia,
Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza
y Estados Unidos.
Según la información de que dispone el Monitor de Minas
Terrestres, la mayor cantidad acumulada de financiación de la
acción contra las minas en África fue recibida por Mozambique
($177 millones), Angola ($92 millones) y Eritrea ($25 millones).
En 2002, los donantes aportaron $21,2 millones en financiación de la
acción contra las minas para Angola, $16,9 millones para Mozambique y
$11,1 millones para Eritrea, lo que los situó, respectivamente, en el
cuarto, sexto y octavo puesto del año entre los receptores globales de
ayuda.
También se aportó financiación de la acción
contra las minas para Somaliland ($5,6 millones), Sudán ($5,1 millones,
Etiopía ($4,9 millones), RD del Congo ($1,5 millones) y Chad ($1,3
millones), así como cantidades inferiores para Benin, Burundi, Yibuti,
Guinea-Bissau, Namibia, Rwanda, Senegal, Uganda y Zambia. La
financiación total para el África Subsahariana en el
período informativo totalizó unos $70 millones.
El problema de las minas terrestres
Hay 23 países afectados por las minas en el África
Subsahariana, entre ellos los cuatro que no son parte del Tratado: Angola,
Burundi, Chad, RD del Congo, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau,
Liberia, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe,
plus Somaliland. La República del Congo y Kenya ya no se ecuentran en la
lista del Monitor de Minas Terrestres de los países afectados.
Seis Estados Parte africanos forman parte del grupo de 14 Estados Parte
afectados por las minas cuyo plazo para la limpieza de todas las zonas minadas
se cumple en marzo de 2009, as de conformidad con el artículo 5 del
Tratado sobre la Prohibición de las Minas: Yibuti, Malawi, Mozambique,
Namibia, Senegal y Zimbabwe.
Yibuti debería estar “libre de minas” a finales de 2003,
según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Malawi
reconoció que sospecha de la existencia de zonas minadas a lo largo de la
frontera con Mozambique en su informe inicial presentado con arreglo el
artículo 7 en febrero de 2003, y está buscando fondos para las
actividades de estudio y desminado. El plan nacional de acción contra
las minas de Mozambique, adoptado en 2001, tiene como objetivo crear un
país “libre del impacto de las minas” en diez años. En
Zimbabwe, se estableció en 2002 una Autoridad Nacional de Acción
contra las Minas was established en 2002 para formular un plan nacional de
acción contra las minas.
Los recientes combates han dejado a Namibia con un problema de minas, pero se
desconoce su plan a largo plazo de acción contra las minas. En Senegal,
el director de los ingenieros militares declaró que seguía siendo
imposible ejecutar un programa sistemático de remoción humanitaria
de minas mientras no exista un acuerdo de paz con las fuerzas rebeldes en
Casamance. Se ha desarrollado un plan de remoción de minas plan, que se
llevará a cabo por fases durante un período de cinco años.
En 2001, se completó en Chad y Mozambique un estudio sobre el impacto
de las minas terrestres (EIMT). La finalización del EIMT de
Etiopía y Somaliland está prevista para 2003 y del de Eritrea para
2004. Se puso en marcha un EIMT en Angola en este período informativo.
La RD del Congo, Somalia (Puntland) y Sudán están siendo
considerados para un EIMT.
El Monitor de Minas Terrestres registró otros estudios y evaluaciones
generales del problema de las minas en Angola, Chad, RD del Congo,
Guinea-Bissau, Mauritania, Mozambique, Rwanda, Sudán y Uganda en 2002 y
principios de 2003.
En 2002, el Sistema de Gestión de Información sobre las
Actividades relativas a las Minas (SGIAM), que ayuda a los programas de
acción contra las minas programs en la recolección de datos y el
mapeo de la información, fue instalado en RD del Congo, Sudán y
Zambia. Entre otros países que tienen el sistema se encuentran Chad,
Eritrea, Etiopía, Mozambique, Rwanda, Sierra Leona y Somaliland.
Remoción de minas
Se estaban realizando actividades humanitarias de limpieza de minas por parte
de actores internacionales, nacionales y no gubernamentales en al menos 11
países de la región en 2002 y 2003. Esto incluye a nueve Estados
Parte (Angola, Chad, Yibuti, RD del Congo, Eritrea, Guinea-Bissau, Mauritania,
Mozambique y Rwanda) y dos signatarios (Etiopía y Sudán).
También existen programas humanitarios de remoción de minas en
Somaliland.
En Angola, una ONG de acción contra las minas informó de la
limpieza de más de 2,6 millones de metros cuadrados en 2002 y el primer
trimestre de 2003.
En Chad, la ONG HELP informó de que había limpiado una
superficie total de 1.935.000 metros cuadrados en 2002, destruyendo 2.970 minas
y 6.904 MSE.
Una unidad del Ejército de Yibuti, junto con la empresa comercial de
Estados Unidos RONCO, contratada para esta tarea, limpiaron 4.986 metros
cuadrados de terreno en 2002.
En la RD del Congo, entre junio de 2001 y abril de 2003, Handicap
International Bélgica limpió 25.756 metros cuadrados de terreno en
el interior y los alrededores de Kisangani. En mayo de 2003, se vio obligada
a interrumpir las actividades de desminado debido a la falta de fondos. Los
militares y la ONU también han realizado actividades limitadas de
limpieza de minas.
En Eritrea, DDG limpió un total de 154.000 metros cuadrados de
terreno desde enero hasta julio de 2002, cuando se decretó la
expulsión de la mayoría de las ONG de acción contra las
minas. DCA limpió 250.500 metros cuadrados de terreno afectado por las
minas entre el 1 de junio de 2001 y julio de 2002. HALO tuvo que abandoner el
país en junio de 2003, después de que le permitieran continuar
sus operaciones en julio de 2002.
La principal ONG humanitari de Etiopía, Ethipian Mine Action Office
(EMAO), empezó las operaciones de desminado a mediados de 2002 y, en
enero de 2003, había limpiado 396.555 metros cuadrados de terreno.
En Guinea-Bissau, el centro de coordinación de la acción
contra las minas (CAAMI) informó en junio de 2003 de que se
habían limpiado 390.000 metros cuadrados de terreno desde 2000. Una
segunda ONG nacional de limpieza de minas, LUTCAM, comenzó sus
operaciones de campo en febrero de 2003. Según el Programa de la ONU
para el Desarrollo (PNUD), la ONG de desminado HUMAID limpió 333.240
metros cuadrados de terreno entre noviembre de 2000 y febrero de 2003.
En Mauritania, un total de 5.294 minas y 5.098 MSE fueron retiradas y
destruidas entre abril de 2000 y abril de 2003 por la Oficina Nacional de
Desminado Humanitario del gobierno.
En Mozambique, el Instituto Nacional de Desminado (IND) ha informado que 8,9
millones de metros cuadrados de terreno fueron limpiados en 2002, ligeramente
por encima de los 8,7 millones de metros cuadrados limpiados en 2001. Sin
embargo, las varias ONG declararon cifras contradictorias.
En Rwanda, los desminadores de la Oficina Nacional de Desminado, dependiente
del Ministerio de Defensa, retitaron un total de 1.220 minas y 27.791 MSE de
1995 a 2002.
En Sudán, las actividades de limpieza de minas se expandieron en
2002. Entre los grupos participantes en estas tareas se encuentran DCA y
Landmine Action, la ONG local Operation Save Innocent Lives (OSIL) y
Sudán Integrated Mine Action Service (SIMAS), y, durante un
período limitado, la Quick Reaction Demining Force (QRDF) de Estados
Unidos.
En Somaliland, tres ONG (DDG, HALO y la Santa Barbara Foundation) llevaron a
cabo actividades de desminado en 2002, limpiando 1,5 millones de metros
cuadrados de terreno minado y 20 millones de metros cuadrados de campos de
batalla.
Además, se habían emprendido actividades limitadas de
remoción de minas en al menos cinco países africanos en 2002 y
2003, inclouuidos cuatro Estados Parte (Namibia, Uganda, Zambia y Zimbabwe) y un
signatario (Burundi). En 2002, la Coorporación de Desarrollo de Namibia
financió la limpieza de docenas de parcelas de 30 hectáreas en la
región de West Caprivi. Los desminadores del Ejército de Zambia,
en consultas con RONCO, iniciaron las operaciones de desminado en mayo de
2002, limpiando los caminos alrededor del lago Kariba con el fin de despejar el
área para un proyecto de desarrollo del Banco Mundial de US$50 millones.
En Zimbabwe, se limpiaron 85 kilómetros del campo minado de las cataratas
del Victoria, destruyendo 16.000 minas. En Burundi y Uganda tuvieron lugar
actividades militares limitadas de limpieza de minas con fines tácticos.
No se registró ningún tipo de actividad de limpieza de minas en
2002 en siete países afectados por las minas, entre ellos seis Estados
Parte (Liberia, Malawi, Níger, Senegal, Sierra Leona y Swazilandia) y
Somalia. Malawi y Níger tienen previsto realizar actividades
humanitarias de limpieza de minas, pero no se dispone de información para
el resto de los países.
Coordinación y planificación de las actividades relativas a las
minas
El Monitor de Minas Terrestresconstató la existencia de
algún tipo de organismo de coordinación y planificación en
13 de los 23 países africanos afectados por las minas (Angola, Chad,
Yibuti, RD del Congo, Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Mauritania,
Mozambique, Rwanda, Sudán, Zambia y Zimbabwe), así como en
Somaliland.
En julio de 2002, el gobierno eritreo anunció la creación de
una Autoridad de Desminado para gestionar y coordinar la acción contra
las minas en Eritrea. Se disolvieron los organismos de coordinación del
gobierno anterior, se clausuraron las ONG nacionales de acción contra las
minas y la mayoría de las ONG internacionales de acción contra las
minas fueron expulsadas del país. En Somalia, la ONU abandonó los
esfuerzos por establecer oficinas de acción contra las minas debido a la
inseguridad en el país. Durante 2002, los organismos de acción
contra las minas de Somaliland fueron reorganizados y la ONU y otras agencias
internacionales manifestaron su preocupación por las posibles
consecuencias negativas de la falta de un mecanismo claro de coordinación
en la región.
En septiembre de 2002, el Gobierno de Sudán, SPLA y SNUAM alcanzaron
un memorando de entendimiento en relación con el apoyo de la ONU a la
acción contra las minas en el país. El SNUAM estableció un
Centro de Actividades relativas a las Minas en Khartoum, en septiembre, y una
Oficina de Coordinación de las Actividades relativas a las Minas en el
sur del país, en febrero de 2003. En Zimbabwe, se creó una
Autoridad Nacional para la Acción contra las Minas a principios de 2002,
además del Centro de Actividades relativas a las Minas de Zimbabwe.
Durante este período informativo, el Monitor de Minas Terrestres
constató la existencia de un plan nacional de acción contra las
minas en sólo seis de los 23 países africanos afectados por las
minas (Chad, Guinea-Bissau, Mozambique, Senegal, Sudán y Zimbabwe).
Algunos países estaban en proceso de elaboración y
aprobación de planes para este fin.
En Angola, los equipos de evaluación conjunta de la ONU/ONG/gobierno
realizaron la primera fase de un proceso de Evaluación de las Necesidades
Fundamentales, en el que los equipos visitaron 28 lugares, en áreas
previamente inaccesibles, a los que habían regresado personas
internamente desplazadas (PID). Concluyeron que 26 de los 28 lugares estaban
gravemente afectados por las minas. En Chad, se desarrolló en 2002 un
Plan Estratégico Nacional para el período 2002-2015, utilizando
los resultados del estudio sobre el impacto de las minas terrestres completedo
en 2001. Forma parte de la Estrategia Nacional para la Reducción de la
Pobreza: 2001-2015. En 2003, la RD del Congo presentó su informe inicial
sobre medidas de transparencia con arreglo al artículo 7 en el que
identificó 165 zonas minadas o presuntamente minadas en 11 provincias.
En Mozambique, se desarrolló Plan Nacional Quinquenal de Acción
contra las Minas Plan para el período 2002-2006, partiendo de las
conclusiones del estudio sobre el impacto de las minas terrestres completedo en
agosto de 2001. Mozambique ha declarado que las actividades relativas a las
minas están integradas dentro del Plan para la Reducción de la
Pobreza Absoluta del gobierno.
Durante las reuniones de febrero y mayo de 2003 del Comité Permanente
de Remoción de Minas, Divulgación de los riesgos que implican las
minas y Tecnologías para las Actividades relativas a las Minas, los
Estados Parte afectados por las minas, entre ellos ocho países africanos
(Chad, RD del Congo, República del Congo, Malawi, Mozambique,
Níger, Rwanda y Zambia), ofrecieron información actualizada sobre
los acontecimientos, actividades y necesidades de sus actividades realtivas a
las minas,.
Divulgación de los riesgos que implican las minas
Se realizaron programas de DRM en 10 países (Angola, RD del Congo,
Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Mozambique, Namibia, Senegal,
Sudán y Uganda) y Somaliland. Tuvieron lugar actividades báscias
o limitadas de DRM en siete países países (Burundi, Chad, Yibuti,
Malawi, Mauritania, Zambia y Zimbabwe). No se registraron actividades de DRM en
seis países afectados por las minas (Liberia, Níger, Rwanda,
Sierra Leona, Somalia y Swazilandia). En Angola, Burundi, Chad, Mozambique y
Somalia se puso de manifiesto la necesidad acuciante de DRM, o de aumento de las
actividades de DRM.
En Angola, se produjo un informe global de evaluación de las
actividades de DRM en 2002 y los programas de DRM se ampliaron durante el
año. La proclama de julio de 2002 para la disolución de las ONG
de acción contra las minas en Eritrea repercutió negativamente en
los programas de DRM en el país. En Mauritania, el UNICEF tiene
planeados programas de DRM de 2003 a 2005, a la espera de fondos. La falta de
fondos provocó la interrupción de todos los programas de DRM en
Rwanda en 2002 y afectó a las actividades de DRM en Zimbabwe. Mientras,
se emprendió un programa de formación en DRM para maestros de
escuela en 2002 como parte del programa general de DRM de Senegal.
Víctimas de las minas
En 2002 y 2003, se registraron nuevas víctimas de las minas terrestres
en 20 de los 24 países afectados por las minas del África
Subsahariana: Angola, Burundi, Chad, RD del Congo, Eritrea, Etiopía,
Guinea-Bissau, Kenya, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger,
Rwanda, Senegal, Somalia, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
También se registraron nuevas víctimas de las minas en Somaliland.
La República del Congo y Nigeria declararon nuevas víctimas de las
MSE en 2002. Es posible que se produjeran incidentes relacionados con las minas
en otros países de la región afectados por el problema, pero hubo
una carencia de pruebas tangibles que demostraran la existencia de nuevas
víctimas.
Se registraron nuevas víctimas de las minas/MSE en: Angola, con 287
víctimas registradas (se considera que la cifra real es mucho mayor);
Burundi, con 114 nuevas víctimas; Chad, donde un hospital militar
registró 200 víctimas de las minas; RD del Congo, donde se
registraron al menos 32 víctimas; Eritrea, con 78 víctimas
registradas en la Zona Temporal de Seguridad; Etiopía, con 67 nuevas
víctimas; Guinea-Bissau, con al menos 33 víctimas; Mozambique,
con al menos 47 nuevas víctimas; Senegal, donde se registraron 56
víctimas; Somalia, con al menos 53 víctimas; y Sudán, con
al menos 68 nuevas víctimas.
En 2002-2003, las víctimas de las minas/MSE también incluyeron
a ciudadanos de países africanos muertos o heridos en el extranjero
cuando participan en operaciones militares, de desminado, de mantenimiento de la
paz u otro tipo de actividades: Burundi, Gambia, Mozambique, Namibia, Somalia,
Sudáfrica, Uganda y Zimbabwe.
Asistencia a los sobrevivientes
En muchos de los países de la region afectados por las minas, los
centros médicos y los servicios de rehabilitación se encuentran en
malas condiciones, debido sobre todo a la falta de fondos, medicinas, personal
capacitado. El conflicto armado, ya sea activo o en el pasado, ha tenido un
grave efecto en la infraestructura sanitaria de varios países. En
consecuencia, son muchos los casos en que la asistencia disponible para los
sobrevivientes de las minas terrestres es inadecuada.
En Angola, menos del 30 por ciento tiene acceso a la atención a la
salud y los sobrevivientes de las minas y otras personas con discapacidades
cuentan con pocos centros a su disposición; sin embargo, el Ministerio de
Salud está desarrollando un plan nacional para la rehabilitación
física. En la RD del Congo, la presidencia creó un fondo social
para sobrevivientes de las minas. En Eritrea, El Programa del PNUD de
Establecimiento de la Capacidad sobre Asistencia a las Víctimas
está trabajando con el gobierno para crear la capacidad nacional para
prestar la atención adecuada a los sobrevivientes de las minas. En
Etiopía, se está desarrollando una unidad de fisioterapia y un
área para aprender a caminar con el fin de ampliar y mejorar la calidad
de los servicios en el centro de ortopedia de Dessie. En Guinea-Bissau, la
CAAMI organizó su primera reunión para elaborar un plan nacional
de actividades de apoyo a los sobrevivientes de las minas.
En Mozambique, el Plan Nacional Quinquenal de Acción contra las Minas
del IND (2002-2006) afirma su papel de coordinación en la asistencia a
las víctimas. En Namibia, el taller ortoprotésico de Rundu,
mejorado por el CICR, empezó la producción. En Rwanda, se
elaboró un plan nacional para la rehabilitación de personas con
discapacidades. En Somalia, se creó un nuevo Ministerio de Discapacidad
y Rehabilitación dentro del nuevo gabinete del Gobierno Nacional de
Transición. En Somaliland, el reciente estudio sobre el impacto de las
minas terrestres concluyó que de los 184 sobrevivientes recientes de las
minas, la mayoría habían recibido atención médica de
emergencia, pero muy pocos habían sido sometidos a rehabilitación.
En Sudán, la Oficina Nacional de Acción contra las Minas ha
reclutado a un funcionario encargado de asistencia a las víctimas para
que ayude a establecer la capacidad y desarrollar un plan de acción para
la asistencia a las víctimas. En Zimbabwe, se creó una Oficina de
Asistencia a las Víctimas, Rehabilitación, Reintegración y
Reasentamiento dentro del Centro Nacional de Acción contra las Minas.
En la región africana, Malawi, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe
cumplimentaron el Formulario J del informe presentado con arreglo al
artículo 7 con información sobre la asistencia a las
víctimas y otras actividades relativas a las minas. La RD del Congo y
Rwanda utilizaron el Formulario J para informar de otros temas.
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