De los 35 países de la región de las Américas, 31 son
Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de las Minas. Guyana y
Haití han firmado pero no ratificado el Tratado. La Asamblea Nacional de
Guyana aprobó la ratificación del Tratado en abril de 2003.
Según un funcionario del gobierno haitiano, en junio de 2002, el
proceso de ratificación iba por la “vía
rápida”.
Cuba y Estados Unidos siguen siendo los únicos dos países de la
región completamente fuera del Tratado sobre la Prohibición de las
Minas.
Durante el período informativo, ningún Estado Parte
aprobó leyes nacionales para la aplicación de las disposiciones
del Tratado sobre la Prohibición de las Minas. Ocho Estados Parte de la
región tienen en vigor este tipo de leyes: Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Trinidad y Tobago.
Honduras promulgó una ley nacional para la aplicación mediante el
Decreto No. 60-2000 de junio de 2000. El Monitor de Minas Terrestres
sólo sabe de dos Estados Parte, El Salvador y Jamaica, que hayan
informado de la puesta en marcha de iniciativas legislativas. Paraguay
informó en años anteriores que estaba en proceso de adoptar nuevas
leyes, pero ahora considera suficiente la legislación vigente.
En este período informativo, tres Estados Parte de la
región—Barbados, Dominica y Trinidad y Tobago—presentaron sus
informes iniciales sobre medidas de transparencia con arreglo al artículo
7, mientras que otros 14 presentaron informes anuales de seguimiento. Se
había cumplido el plazo para la presentación de los informes
inciales con arreglo al artículo 7 en el caso de Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas y Surinam; se había vencido el plazo de
presentación de los informes iniciales de 11 Estados Parte: Antigua y
Barbuda, the Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Honduras,
Paraguay, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.
En septiembre de 2002, 17 países de la región, incluido Cuba,
que no forma parte del Tratado, asistieron a la Cuarta Reunión de Estados
Parte en Ginebra, Suiza. Quince países, incluido Cuba, asistieron a por
lo menos una de las dos reuniones entre períodos de sesiones del
Comité Permanente, celebradas en febrero y mayo de 2003.
A partir de septiembre de 2002, Perú pasó a ser Copresidente y
México se convirtió en Correlator del Comité Permanente
sobre la Situación General y Funcionamiento de la Convención,
Colombia pasó a ser Copresidente del Comité Permanente de
Asistencia a las Víctimas y Reintegración Socioeconómica y
Guatemala se convirtió en Correlator del Comité Permanente de
Destrucción de Existencias.
El 22 de noviembre de 2002, 29 países de la región votaron en
favor de la Resolución 57/74 de la Asamblea General de la ONU,
respaldando la aplicación y la universalización del Tratado sobre
la Prohibición de las Minas. Cuba y Estados Unidos fueron los
únicos países de la región que se abstuvieron.
Como en años anteriores, los Países Miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron tres resoluciones
sobre las minas terrestres en la Asamblea General celebrada en Bridgetown,
Barbados, el 2 de junio de 2002: una en apoyo a la acción contra las
minas en Perú y Ecuador, otra de respaldo al Programa de Asistencia al
Desminado en Centroamérica y otra reafirmando el objetivo de un
Hemisferio Occidental libre de minas terrestres.
La ICBL participó por primera vez en la Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, en noviembre de
2002. En la declaración final de la reunión se expresó al
apoyo a las actividades de remoción de minas y la reintegración
social de los sobrevivientes de las minas terrestres. En la declaración
de la XIIª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernol, celebrada
también en noviembre de 2002, en Bavaro, República Dominicana, se
manifestó el apoyo a las actividades relativas a las minas.
Nicaragua albergó una conferencia regional sobre acción contra
las minas el 27-28 de agosto de 2002. En enero de 2003. the Centro
Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD) organizó un
seminario sobre el Sistema de Gestión de la Información para
Actividades Relativas a las Minas (SGIAM) en Antigua, Guatemala, para
participantes de la región.
Uso
Colombia sigue siendo el único país de la region donde se
continúan sembrando minas. La hostilidades se intensificaron en Colombia
durante 2002 y la primera mitad de 2003, con un aumento correspondiente del uso
de minas. Los grupos guerrilleros FARC y ELN, así como los paramilitares
de las AUC, continuaron usando minas antipersonal. Un informe de la ONU
publicado en febrero de 2003 contiene graves acusaciones del uso de minas
antipersonal por parte del Ejército de Colombia. El gobierno colombiano
ha indicado que sólo se utilizaron minas Claymore detonadas a distancia,
permitidas por Tratado sobre la Prohibición de las Minas. En su informe
presentado con arreglo al artículo 7, Venezuela reveló que
había sembrado minas antipersonal en mayo de 1998, cinco meses
después de la firma del Tratado sobre la Prohibición de las Minas,
pero antes de su entrada en vigor. Estados Unidos no utilize, al parecer, minas
antipersonal en Irak en 2003.
Producción y transferencia
Cuba y Estados Unidos se encuentran entre los 15 productores de minas
antipersonal del mundo. No se sabe si las líneas de producción de
Cuba estuvieron activas en 2001 y 2002. Cuba ha declarado que no exporta minas,
pero aún no ha adoptado una moratoria oficial sobre las exportaciones.
Estados Unidos no ha producido minas antipersonal desde 1997, pero se reserva el
derecho de hacerlo. En Estados Unidos está vigente una
prohibición legislative de las exportaciones desde 1992, que se ha
extendido hasta octubre de 2008. Los grupos guerrilleros colombianos
continúan produciendo minas antipersonal caseras y otros artefactos
explosivos improvisados.
Almacenamiento y Destrucción
Ocho Estados Parte de la región han completado la destrucción
de sus arsenales de minas antipersonal. Brasil, El Salvador y Nicaragua
completaron la destrucción durante el período informativo,
sumándose a Canadá, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú,
que lo habían hecho en años anteriores.
Brasil completó la destrucción sus existencias de minas,
destruyendo 27.397 minas antipersonal entre diciembre de 2001 y enero de 2003.
El Salvador completó la destrucción de sus 6.539 minas
antipersonal almacenadas el 20 de febrero de 2003. Nicaragua completó la
destrucción su arsenal de 133.435 minas antipersonal el 28 de agosto de
2002.
Se ha iniciado la destrucción de existencias en cinco Estados Parte
(Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela).
En junio de 2003, Argentina y la OEA firmaron un acuerdo de
cooperación y asistencia técnica para la destrucción de las
90.109 minas antipersonal almacenadas en el país. En mayo de 2003, Chile
había destruido 201.446 minas antipersonal almacenadas y se
disponía a completar la destrucción en agosto de 2003. En abril
de 2003, Colombia anunció que su arsenal de 23.451 minas antipersonal
sería destruido antes de febrero de 2005; comenzó la
destrucción de existencias en junio de 2003. Uruguay destruyó
otras 400 minas antipersonal almacenadas en junio y octubre de 2002. En mayo
de 2003, Venezuela empezó la destrucción de su arsenal de 46.136
minas antipersonal, destruyendo 35.360 minas entre el 7 y el 14 de mayo de 2003.
A parte de los ocho países que completaron la destrucción, 15
Estados Parte de la región han declarado oficialmente que no almacenan
minas antipersonal (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Costa
Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago). En el
período informativo, Barbados, Dominica y Trinidad y Tobago confirmaron
oficialmente que no poseen existencias de minas antipersonal.
Tres Estados Parte (Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y
Surinam) no han declarado oficialmente la presencia o la ausencia de existencias
de minas antipersonal, al no haber presentado a tiempo sus informes sobre
medidas de transparencia. Se cree que sólo Surinam cuenta con
existencias de minas antipersonal.
De los cuatro países que no son parte del Tratado, Estados Unidos
almacena 10,4 millones de minas antipersonal, el tercer arsenal más
grande del mundo. Como país productor de minas, se cree que Cuba cuenta
con sustanciales existencias de minas antipersonal, pero no se dispone de
información detallada. El Monitor de Minas Terrestres calcula que Guyana
tiene un arsenal de aproximadamente 20.000 minas antipersonal. Haití ha
declarado que no tiene minas antipersonal.
De los 31 Estados Parte de la región, 12 han declarado su
intención de retener minas antipersonal para fines de adiestramiento y
desarrollo de técnicas, de conformidad con el artículo 3 del
Tratado sobre la Prohibición de las Minas: Brasil (16.545), Chile
(6.245), Venezuela (4.614), Perú (4.024), Ecuador (3.970), Nicaragua
(1.971), Canadá (1.935), Argentina (1.000), Colombia (986), Honduras
(826), Uruguay (500) y El Salvador (96).
Brasil ha retenido 16.545 minas, la segunda cantidad mayor entre los Estados
Parte del mundo. Venezuela, al modificar el número de minas en sus
existencias, incrementó la cifra de minas retenidas de 2.214 a 4.614.
Chile decidió reducir el número de minas que iba a retener de
28.647 a 6.245 durante el período informativo. En años
anteriores, Ecuador y Perú decidieron reducir el número de minas
retenidas con respecto a las grandes cantidades propuestas inicialmente.
El problema de las minas terrestres
Costa Rica se declaró libre de minas en diciembre de 2002.
Se sabe que nueve países de la región están afectados
por las minas. Todos ellos son Estados Parte (Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela) excepto Cuba. Las
Islas Malvinas también están afectadas por las minas.
Venezuela fue agregada a la lista de países afectados por las minas
después de que reconociera en su informe inicial presentado con arreglo
al artículo 7 que tiene 1.063 minas antipersonal colocadas en seis
emplazamientos. El problema de El Salvador estriba sobre todo en las MSE y
tiene un impacto limitado sobre la población civil, la última
víctima se registró en abril de 2002. Sin embargo, sigue siendo
necesaria la Limpieza de Municiones Explosivas (LME).
Financiación de la acción contra las minas
Estados Unidos siguió siendo el país que dona más fondos
a la acción global contra las minas en 2002. Estados Unidos
aportó $76,9 millones el año fiscal 2002 a los programas
internacionales de acción contra las minas en 37 países, una
disminución de caso $5 millones con respecto a la cifra del año
anterior. En el año fiscal 2002, Estados Unidos contribuyó $1,85
millones al Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica de
la OEA/BID desembolsó $1 millón a Ecuador y $700.000 a
Perú. Canadá fue el mayor donante per cápita de la
región, con la entrega de US$16,4 millones a actividades relativas a las
minas durante su año fiscal 2002/2003.
El programa de Acción Integral contra las Minas (AICMA) de la OEA
recibió $7,2 millones en 2002 y el primer trimestre de 2003. Ocho
donantes declararon contribuciones de $5,9 millones para la asistencia a la
acción contra las minas en Nicaragua en 2002. En marzo de 2003,
Colombia y la OEA firmaron un Acuerdo de Cooperación y Asistencia
Técnica para la acción contra las minas.
Remoción de minas
Durante el período informativo, se estaban realizando actividades
humanitarias de remoción de minas en seis de los Estados Parte de la
región: Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Perú. En todos estos países, los ejércitos nacionales
ejecutaron las actividades de limpieza de minas bajo el auspicio del programa de
Acción Integral contra las Minas (AICMA) de la Organización de
Estados Americanos.
En diciembre de 2002, Costa Rica se declaró libre de minas.
Según una información de la OEA, un total de 338 minas terrestres
fueron retiradas de una extensión de 130.000 metros cuadrados de terreno
a lo largo de la frontera con Nicaragua.
Las unidades de ingenieros del Ejército de Ecuador encargadas de la
limpieza de minas han retirado un total de 4.573 minas.
En 2002, Guatemala declaró que había limpiado 8.342 metros
cuadrados de terreno contaminado por MSE en el departamento de San Marcos y
destruido 56 artefactos de MSE. La conclusión de la limpieza de los 13
departamentos de alto riesgo de Guatemala está prevista para 2004.
En Honduras, el Ejército y la OEA son los responsables de las
operaciones de desminado y limpiaron un total de 16.700 metros cuadrados de
terreno afectado por las minas en 2002.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua limpió
339.032 metros cuadrados de terreno en 2002, destruyendo 5.479 minas
antipersonal.
Los Ingenieros del Ejército de Perú completaron la
remoción de minas en el canal Zarumilla en 2002, así como en su
nacimiento en La Palma y el área que desemboca en el puente internacional
de Aguas Verdes. La Policía Nacional y los desminadores contratados por
los Servicios Industriales de la Armada retiraron y destruyeron 17.651 minas de
los alrededores de 668 torres de alta tensión entre junio de 2002 y mayo
de 2003.
Chile espera empezar las tareas de desminado en 2004. No tuvieron lugar
actividades humanitarias de desminado sistemáticas en Colombia, pero se
informó de que el Grupo Marte del Ejército había destruido
1.054 campos minados en dos años hasta abril de 2003, y las Fuerzas
Arnadas de Colombia retiraron 877 minas en 25 departamentos en 2002.
Honduras, Perú y el Reino Unido (en el caso de las Malvinas), forman
parte del grupo de 14 Estados Parte afectados por las minas cuyo plazo para la
limpieza de todas las zonas minadas se cumple en marzo de 2009, de conformidad
con el artículo 5 del Tratado sobre la Prohibición de las Minas.
La conclusión de las operaciones de remoción de minas en
Honduras está prevista para finales de 2003. En 2002, la OEA
calculó que llevaría de ocho a nueve años completar las
operaciones de limpieza de minas en Perú, debido a problemas
técnicos y condiciones extremadamente difíciles, y y
señaló que su objetivo era declarar a Perú “libre de
minas” en 2010.
En octubre de 2001, el Reino Unido y Argentina acordaron la puesta en
marcha de un estudio de viabilidad de la limpieza de minas en las Islas
Malvinas. Durante 2002 y la primera mitad de 2003, no se hicieron progresos
significativos para iniciar el estudio de viabilidad.
La fecha de conclusión del programa de desminado en Guatemala se ha
retrasado del 2004 al 2005. Nicaragua ha declarado que completará su
programa de limpieza de minas durante 2005.
Divulgación de los riesgos que implican las minas
Se impartieron programas de DRM en siete países (Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú), mientras que se
realizaron actividades básicas o limitadas de DRM en Chile, El Salvador y
las Malvinas. No se registraron actividades de DRM en Cuba o Venezuela.
Los ejércitos nacionales y los organismos oficiales realizaron
actividades de DRM en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Malvinas, Honduras, Nicaragua y Perú, mientras que las organizaciones
locales impartieron al parecer programas de DRM en Colombia, Guatemala y
Nicaragua. Se está llevando a cabo un programa de divulgación de
los riesgos que implican las MSE en Panamá.
Víctimas de las minas/MSE
En 2002-2003, se registraron víctimas de las minas terrestres en cinco
países de las Américas: Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y
Perú. Además, El Salvador declaró nuevas víctimas
provocadas por las municiones sin explotar.
Las víctimas de las minas aumentaron significativamente en Colombia,
con 530 víctimas registradas en 2002, por encima de las 216 de 2001. En
Nicaragua, se registraron 15 nuevas víctimas, por debajo de las 19 de
2001. En Perú, 19 personas resultaron heridas en incidentes con minas y
MSE, entre ellos cinco desminadores, un aumento con respecto a las dos
víctimas registradas en el territorio peruano en 2001. Chile y Ecuador
declararon una víctima cada uno.
En 2002-2003, las víctimas de las minas/MSE también incluyeron
a ciudadanos de otros países de la región—Canadá,
Perú y Estados Unidos—que resultaron muertos o heridos cuando
participaban en operaciones militares, de desminado u otras actividades en el
extranjero.
Asistencia a los sobrevivientes
Los centros para los civiles sobrevivientes de las minas terrestres suelen
ser inadecuados, mientras que, en la mayoría de los casos, el personal
militar o policial herido en incidentes con minas cuenta con limitados recursos.
Una tendencia marcada a la concentración de los recursos sanitarios en
las ciudades agrava este problema.
En Chile, el gobierno anunció que la asistencia a los sobrevivientes
sería una parte integral del trabajo de la CNAD. El Programa de la OEA
de acción contra las minas en Colombia apoyó la puesta en marcha
de un Observatorio de Minas Antipersonal para registrar y hacer seguimiento de
la información sobre víctimas y sobrevivientes de las minas. Se
publicó un Directorio de Servicios de Rehabilitación que cubre 15
departamentos y 66 muncipalidades de Colombia gravemente afectados por las
minas. En El Salvador, un reciente censo elaborado por la Asociación de
Lisiados de la Guerra de El Salvador identificó a unos 3.700
sobrevivientes de las minas terrestres. El Gobierno de Nicaragua pidió
mayores esfuerzos de reintegración socioeconómica para asistir a
los sobrevivientes de las minas. En Perú, se formó una nueva
sociedad, la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes de las Minas
(AVISCAM).
El proyecto tipartito Canadá/OPS/México de asistencia a las
víctimas en Nicaragua, Honduras y El Salvador finalizó en
marzo/abril de 2003.
En la región de las Américas, el Formulario J voluntario del
informe presentado de conformidad con el artículo 7 fue cumplimentado por
Canadá, Colombia, Ecuador, México y Perú para informar
sobre la asistencia a las víctimas y otras actividades relativas a las
minas en 2002-2003.
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