Avances principales desde mayo de 2003: Colombia empezó a
destruir el arsenal de minas antipersonales que tenía almacenadas en
junio de 2003. En mayo de 2004, Colombia reportó un plan revisado donde
las minas que estaban almacenadas estarían destruidas para el 25 de
octubre del 2004, previo a la Primera Conferencia de Revisión. El uso de
minas por parte de las guerrillas, especialmente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC-, continuó aumentando en un nivel
significativo. Los esfuerzos para comprometer a los actores armados no estatales
–ANE- colombianos en la prohibición de las minas antipersonales,
aumentaron en los años 2003 y 2004. Todos, a excepción de dos de
los 32 departamentos colombianos, aún son afectados por minas
actualmente. Aún no existe un desminado humanitario sistemático,
pero las actividades de educación y prevención de riesgos se
están expandiendo. Colombia realizó un seminario regional de
asistencia a víctimas en Bogotá durante los días 12-14 de
noviembre de 2003. En el 2003, el Observatorio de Minas registró 668
nuevas víctimas de minas antipersonales –MAP- y munición sin
explotar –MUSE .
Avances principales desde 1999:
Colombia ratificó el Tratado para la Prohibición de las Minas
el seis de septiembre de 2000, entrando en vigencia el 1 de marzo de 2001. La
reglamentación para la aplicación, Ley 759, se hizo efectiva el
25 de julio de 2002. En noviembre de 1999, las instalaciones para la
producción de minas antipersonales, fueron destruidas. Colombia
empezó a destruir su almacenamiento de 20.312 minas en junio de 2003.
Colombia sirvió de co - reportero después de codirector para la
realización del Comité en Asistencia a Víctimas y
Reintergración Socioeconómica, de septiembre de 2001 a septiembre
de 2003. En octubre de 2001, el gobierno estableció una comisión
(CINAMA) para coordinar las acciones contra minas y supervisar la
implementación del Tratado para la Prohibición de Minas. El
Observatorio de Minas empezó a funcionar en el 2001. El Plan Nacional de
Acción Contra Minas fue aprobado el 27 de febrero de 2003. En marzo del
2003, Colombia y la Organización de Estados Americanos –OEA-
firmaron un acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica para las
acciones contra minas. No existe un desminado humanitario sistemático,
pero las actividades de educación y prevención de riesgos se
están expandiendo. Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC,
usaron minas antipersonales durante este periodo, el gobierno reporta un aumento
significativo de su uso en el 2003 y el 2004. El número de municipios
afectados por las minas aumentó de 125 en 1999 a 422 en 2003. Entre 1999
y 2003, el Observatorio registró 1.753 víctimas de minas. El
número de nuevas víctimas reportadas ha aumentado
significativamente desde 1999, con un 253 % más víctimas
reportadas en el 2002 que en el 2001.
Política para la Prohibición de las Minas
Colombia firmó el Tratado para la Prohibición de las Minas el
tres de diciembre de 1997, lo ratificó el seis de septiembre de 2000 y
entró en vigencia el primero de marzo de 2001. El 20 de junio del 2002,
el Congreso Nacional aprobó la implementación de la
legislación nacional de Colombia mediante la Ley 759, sancionada por el
Presidente el 25 de julio de 2002. La legislación contiene sanciones
penales de ente 10 y 15 años, una multa de 500 a 1.000 veces el salario
mínimo oficial,[1] y la
prohibición de cargos públicos por un periodo de cinco a diez
años. Quienquiera que fomente, asista, facilite, estimule o induzca a
otras personas a participar en infracciones será encarcelado entre seis y
diez años, o multado por una suma de 200 a 500 veces el salario
mínimo oficial[2].
Colombia estaba entre el “grupo – base ” de naciones
manejando el proceso de Ottawa que condujo al Tratado Contra Minas. Se
votó en respaldo a toda resolución a favor de la
prohibición en la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1996,
incluyendo la resolución UNGA 58/53 del 8 de diciembre de 2003. Desde que
el Tratado empezó a funcionar Colombia se ha mantenido activamente
comprometida. Ha participado en todas las reuniones de los Estados Parte en la
Convención de Ottawa, incluyendo la quinta Reunión de Estados
Parte en septiembre de 2003, en la mayoría de los Comités
Interseccionales, incluyendo aquellos realizados en febrero y junio de 2004.
Colombia sirvió de co- reportero y después de de codirector del
Comité de Asistencia a Víctimas y Reintegración
Socioeconómica, de septiembre de 2001 a septiembre de 2003.
Colombia fue el anfitrión para el seminario regional de asistencia a
víctimas en Bogotá en los días 12-14 de noviembre de
2003.[3] El evento lo inauguró
el señor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de Colombia y
Presidente de la Comisión Nacional de Acciones Contra Minas
–CINAMA-.[4] En abril de 2004,
el presidente de Colombia Álvaro Uribe y el entonces Secretario General
de la OEA Cesar Gaviria hablaron en un evento organizado por el gobierno
colombiano en Washington DC para comprometer a varias organizaciones que
trabajan el tema de minas.[5]
Previamente, el 17 de abril de 2002, la oficina del Vicepresidente
realizó un foro de minas en
Bogotá.[6]
Colombia ha participado en varias reuniones regionales de minas, incluyendo
las de Ecuador (agosto 2004), Perú (agosto 2003), Argentina (noviembre
2000) y México (enero 1999).
Colombia presentó su reporte anual del Artículo 7 el 11 de mayo
de 2004. El reporte de 144 hojas cubrió el periodo del 1º de mayo de
2003 a abril de 2004, e incluyó la Forma J en esfuerzos para asistencia a
víctimas. Este fue el cuarto reporte del Artículo 7 del
país[7]. Su reporte inicial,
que se tenía previsto para el 28 de agosto de 2001, se presentó el
15 de marzo del 2002.
Colombia rara vez se ha involucrado en las discusiones extensas que los
Estados Parte han tenido respecto a cuestiones de interpretación e
implementación relacionadas con los Artículos 1, 2 y 3 y los
asuntos de articulación de operaciones militares con los No Estados
Parte, almacenamiento extranjero y tránsito de minas antipersonales,
minas antivehiculares con fusibles sensibles o dispositivos antimanipulables, y
el número permitido de minas conservadas para entrenamiento. Sin embargo,
durante las reuniones intersectoriales de junio de 2004, Colombia dio una fuerte
e inequívoca declaración de que cualquier mina activada por una
víctima, es una mina antipersonal, y está prohibida. Colombia
expresó su preocupación respecto a que el umbral de lo que
constituye una mina antipersonal, estaba siendo muy limitado o estrecho,
haciendo énfasis en que el tratado es una prohibición
comprensiva.[8]
Colombia es un Estado Parte del Protocolo de Enmendación II de la
Convención de Armas Convencionales (CCW). Asistió a la Quinta
Conferencia Anual de Estados Parte del Protocolo en noviembre de 2003, pero no
presentó un reporte anual nacional del Artículo 13 para el 2003.
Actividades no gubernamentales
La Campaña Colombiana Contra Minas –CCCM- ha adoptado una
posición activa para fomentar el Tratado Contra Minas y para combatir
cualquier uso de estos dispositivos desde
1996.[9] Con el apoyo de la Agencia
para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y de la
Organización Internacional de Migraciones –OIM-, en los años
2003 y 2004 la CCCM fortaleció significativamente su capacidad para
llevar a cabo iniciativas y actividades a un nivel departamental, ubicando
coordinadores de la campaña en catorce
departamentos.[10] Participó
en un sistema de co-financiación “peso a peso” que desarrolla
programas de oportunidades económicas y de empleo para sobrevivientes de
minas y sus familias. La CCCM continuó emitiendo un boletín
nacional trimestral sobre actividades contra minas en el país, llamado
“Colombia sin minas”.
Otro grupo de acciones contra las minas de la sociedad civil colombiana, es
la Alianza Humanitaria de Acción Contra Minas Antipersonal Colombia. La
Alianza se instauró en febrero de
2001.[11] Las organizaciones de
miembros de la Alianza han llevado a cabo estudios de impacto de minas y
educación en riesgos de minas, y han ayudado en la preparación de
los boletines gubernamentales sobre el problema de las minas antipersonales en
Colombia.[12]
Desde enero 26 al 30 del 2004, la Campaña Internacional Contra Minas
(ICBL) realizó la reunión de investigadores de su Monitor de Minas
Terrestres regional anual en Bogotá, señalando que era la primera
vez que miembros de la ICBL visitaban oficialmente el país. La ICBL
emitió un comunicado de prensa condenando el uso constante de minas
antipersonales por parte de actores no estatales, haciendo un llamado para
establecer un desminado humanitario, suplicando aumentar los esfuerzos para
asistir a los sobrevivientes y pidiendo al gobierno completar la
destrucción de su almacenamiento para la Conferencia de Nairobi del
2004.[13] Realizaron un seminario
regional sobre las metas de las acciones contra las minas para la Conferencia,
con el apoyo de la embajada canadiense; y con el apoyo de la UNICEF, visitaron
el municipio de Zaragoza, Antioquia.
Actores armados no estatales
Colombia es el único país de las Américas donde las
minas antipersonales y los dispositivos explosivos improvisados –DEI-
siguen siendo usados diariamente. El uso de minas antipersonales es sólo
un rasgo del conflicto armado que ha afectado el país por más de
40 años. Varios actores armados no estatales –ANE- hacen parte del
conflicto, principalmente las FARC-EP y la Unión
Camilista-Ejército de Liberación Nacional, UC-ELN. Algunos grupos
más pequeños incluyen el Ejército Popular de
Liberación -EPL- y el Ejército Revolucionario del Pueblo
–ERP-.
Las fuerzas paramilitares peleando en el conflicto incluyen a las
Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y algunos grupos más
pequeños como las Autodefensas Campesinas del Casanare –ACC- y las
Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada
–ACMV-.[14]
En variadas ocasiones, el gobierno colombiano ha convocado a los Estado
Parte de la Convención de Ottawa, para ser más activos y condenar
el uso y la producción de minas antipersonales por parte de los actores
no estatales.[15] Esfuerzos para
comprometer a los ANE colombianos en la prohibición de minas
antipersonales aumentaron en el 2003 y el 2004. Los días 4 y 5 de junio
de 2004, el gobierno permitió que el portavoz del ELN Francisco
Galán saliera de la cárcel de Itagüí, donde se
encuentra recluido, para participar en un foro de minas antipersonales que se
llevó a cabo en el Senado de Colombia por la CCCM y el Llamamiento de
Ginebra, una ONG suiza que busca apoyo seguro por parte de los ANE para la
prohibición de las minas a través de su Escritura de
Compromiso. En nombre del Comando Central del ELN, Galán propuso un
acuerdo humanitario con el gobierno para limitar el uso de minas antipersonales
y DEI, entre otras cosas, e invitó al Llamamiento de Ginebra y a la CCCM
a trabajar unidos con el ELN para construir el
acuerdo.[16] El Vicepresidente
Francisco Santos Calderón dio inicio al foro, al cual asistieron
senadores, oficiales del gobierno, diplomáticos y
ONG.[17]
Esta fue la primera vez que el ELN discutió el límite de su uso
de minas. Previamente, en mayo de 2003, miembros del Comando Central del ELN con
sede en la Havana, Cuba, informaron a la CCCM y al Llamamiento de Ginebra que no
estaban preparados para suspender el uso de minas, pero que estarían
dispuestos a explorar la posibilidad de llegar a acuerdos locales con el fin de
reducir el impacto negativo del uso de minas antipersonales en la sociedad
civil.[18]
En enero de 2004 la CCCM, el Llamamiento de Ginebra y la UNICEF anunciaron la
creación de un plan de acción piloto de dos años en el sur
del departamento de Bolívar, con financiación proveída por
la Comisión Europea y Suiza. De acuerdo con el Llamamiento de Ginebra,
esta iniciativa permitiría la delimitación de campos minados y la
educación sobre el riesgo para proteger a los civiles que habitan la
zona.[19] Como parte del proyecto,
el Llamamiento de Ginebra y la CCCM organizaron una reunión sobre minas
antipersonales y ANE para comunidades indígenas y afrocolombianas los
días 17-19 de agosto de 2004 en Bogotá. También se
realizaron foros regionales que se llevaron a cabo en Medellín, Antioquia
el 20 de agosto y en Bucaramanga, Santander el 25 de agosto de
2004.[20]
Francisco Galán, miembro del ELN, participó vía
telefónica, en el foro de Antioquia y el Gobernador del departamento,
Aníbal Gaviria, propuso la remoción de minas en municipios
altamente afectados como Argelia, San Carlos y San
Francisco.[21] El 27 de agosto de
2004, los medios reportaron que las AUC respaldaron la propuesta de empezar la
remoción de minas en el noroeste de
Antioquia.[22] El 3 de septiembre de
2004, el Gobernador Gaviria organizó una comisión humanitaria para
Antioquia con la tarea de desarrollar un plan para alcanzar un acuerdo de
remoción de minas, inicialmente en el oeste, y para desarrollar una
estrategia de rehabilitación de la comunidad y de reintegración
socioeconómica de los sobrevivientes de minas antipersonales y sus
familias.[23] Tanto el ELN como las
AUC expresaron respaldo a la iniciativa y durante una ceremonia de juramento
las AUC dieron una declaración ofreciendo su apoyo a la
iniciativa.[24]
Producción
Colombia es un antiguo productor de minas antipersonales. La fábrica
José María Córdoba de la Industria Militar del Estado
(INDUMIL) produjo dos versiones de un tipo de mina antipersonal: la MN-MAP-1 y
MN-MAP-2. La MN-MAP-2 es conocida como una mina de
entremaniento.[25] De acuerdo con un
reporte del gobierno de enero de 2002, INDUMIL produjo 22.300 MN-MAP-1 minas
antipersonales entre 1989 y
1996.[26] De éstas, 19.706
minas fueron transferidas a las Fuerzas Armadas (16.410 a la Armada, 2.590 a la
Marina, y 706 a la Fuerza Aérea), 52 fueron usadas en pruebas
técnicas y las restantes 2.542 fueron
destruidas[27]. En enero de 2000,
las Fuerzas Armadas reportaron que la producción de minas antipersonales
cesó en septiembre de 1998 y la maquinaria de producción fue
destruida el 18 de noviembre de
1999.[28] INDUMIL también
produce minas de Carga Direccional Dirigida
(CDD),[29] fragmentación
tipo Claymore, que son activadas de forma
programada,[30] lo cual es permitido
por la Convención de Ottawa. Aún no se han tomado medidas que
aseguren que las minas sólo pueden ser usadas con el método de
detonación programada.
En Colombia, los actores armados no estatales producen una variedad de minas
antipersonales y dispositivos de explosión improvisados hecho de
materiales y explosivos disponibles. La oficina del Vicepresidente ha
identificado los siguientes tipos de minas antipersonales de fabricación
casera usadas por actores armadas no
estatales:[31]
Mina quiebrapatas
Mina tipo sombrero chino (con un radio de 25 metros);
Mina tipo cajón
Mina tipo abanico (con un radio de 10 metros)
Mina cumbo (usualmente colocada en las ramas de los árboles);
Mina tipo Claymore (con frecuencia encontrada al lado de caminos y en
bosques);
Mina tipo costal (mina en un costal lanzada desde un terreno más
alto);
Mina tumbapostes (usada en los oleoductos, las torres de energía y
comunicaciones, y otras infraestructuras);
Mina tipo abanico antivehículo;
Mina química
Mina camándula (una mina “maliciosa” con explosivos en
forma de cadena y usada a los lados de las carreteras).
De acuerdo al Observatorio de Minas del gobierno, entre 1990 y el 1º de
septiembre de 2004, hubo 23 eventos que involucraban la identificación de
los lugares donde los ANE producían
minas.[32] Conforme a un reporte de
prensa, entre 1993 y 1995, el Ejército colombiano destruyó unas
17.000 minas antipersonales fabricadas por el
ELN.[33]
Transferencia
No se conoce que Colombia haya exportado minas en ningún momento. En
el pasado, Colombia importó minas antipersonales de los EEUU,
Bélgica[34] y de la antigua
Checoslovaquia.[35] De acuerdo con
documentos del gobierno de los EEUU, Colombia importó 12.132 minas
antipersonales, incluyendo 6.030 M14 minas Ráfaga en 1974 y 6.102 M18A1
minas tipo Claymore de 1989 a
1991.[36] Colombia reporta que
también importó minas antipersonales M16 desde
EEUU.[37] La no
estandarización de las nomenclaturas que definen las minas antipersonales
declaradas por Colombia, hacen difícil determinar los tipos y origen de
las mismas.
Ha habido varios tipos de minas antipersonales incluidas en envíos
ilegales de armas destinadas al conflicto colombiano. En octubre de 2003, el
servicio de inteligencia colombiano, Departamento Administrativo de Seguridad
–DAS-, reportó que 186 minas antipersonales habían sido
incautadas en la frontera con Ecuador desde
1998.[38] En mayo de 2003, una corte
panameña sentenció a cuatro panameños y a tres colombianos
a 20 y 60 meses de encarcelamiento por intento de importar a Colombia armas
adquiridas en Nicaragua, incluyendo trece minas antipersonales
rusas.[39] En septiembre de 2002,
la policía colombiana descubrió 16 T-AB-1 minas
antivehículo fabricadas en Brasil, almacenadas por las FARC en un
área boscosa cerca de Pasto, Nariño, en proximidades a la frontera
con Ecuador.[40]
Almacenamiento y Destrucción
En abril de 2003 Colombia reportó un almacenamiento de 23.541 minas
antipersonales, e indicó que 986 minas serían conservadas bajo el
Artículo 3 con propósito de
entrenamineto.[41] Incluyendo el
número de minas conservadas, el total era de 4.125 más minas que
las declaradas en el reporte de inicial del Artículo
7.[42] El Monitor de Minas
Terrestres, no pudo identificar todos los países de origen de las minas y
algunas parecían ser minas
antivehículos.[43] Una lista
de 4.194 minas antipersonales que le fue proporcionada al Monitor de Minas
Terrestres en julio de 2001 por la Marina colombiana, no pareció ser
incluida en el reporte de marzo de
2002,[44] y no es posible determinar
si fueron incluidas en el de abril de
2003.[45]
En el informe del Artículo 7 de Mayo de 2004, Colombia declaró
que 5.324 minas fueron destruidas entre junio de 2003 y marzo de 2004 y que
otras 11.459 minas serían destruidas entre el 15 de abril y el 25 de
octubre de 2004, para un total de 16.774 minas antipersonales
destruidas.[46] El informe del
Artículo 7 indicaba que 465 minas antipersonales almacenadas por la
Fuerza Aérea, serían destruidas el 1º de marzo de 2004, y que
4.319 minas antipersonales almacenadas por la Marina, serían destruidas
entre el 1º de marzo y el 25 de octubre de
2004.[47] El reporte no
indicó si estas minas de la Fuerza Aérea y de la Marina estaban
incluidas en el total de 16.774 minas. En junio de 2004 Colombia volvió a
reportar que 23.541 minas almacenadas por las Fuerzas Armadas, serían
destruidas para el 25 de octubre de
2004.[48]
El 5 de octubre de 2003 el Ministerio de Defensa proporcionó al
Monitor de Minas Terrestres un documento que explicaba las inconsistencias entre
lo reportado y la destrucción de minas antipersonales
almacenadas[49]. De acuerdo con este
documento, la diferencia entre el número total de minas antipersonales
reportadas en el 2002 (20.132) y 2003 (23.541) se debió a: a) las 2.951
minas transferidas del Primer Batallón en San Andrés al
Batallón Vergara y Velasco de Barranquilla que fueron registradas dos
veces; b) las 1.152 MAP-2 minas de entrenamiento fueron registradas como MAP-1
en los depósitos del Ejército en el 2003; y c) otros errores en
registros y en la destrucción de unidades militares de 391 minas
caducadas[50]. Según el
Ministerio de Defensa, en el 2001, las Fuerzas Armadas habían almacenado
21.537 minas antipersonales, de las cuales 20.551 serían destruidas y 986
conservadas[51].
El plazo del tratado colombiano para la finalización de la
destrucción de las minas en almacén es el 1 de marzo de 2005. En
mayo de 2004, Colombia reveló un plan en el que las minas almacenadas
serían destruidas en ocho eventos, teniendo el último evento
programando para el 25 de octubre de 2004, permitiendo a Colombia completar la
destrucción antes de la Primera Conferencia de Revisión de la
Convención de Ottawa[52].
Previamente Colombia había anunciado que destruiría las minas en
246 eventos entre junio de 2003 y febrero de
2005[53].
El Monitor de Minas Terrestres ha documentado siete eventos de
destrucción entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de agosto de 2004. La
OEA y el Canadá apoyaron dichos eventos. La CCCM y el Monitor de Minas
Terrestres presenciaron todos estos eventos de destrucción y se les
permitió contar las minas antipersonales antes de que fueran destruidas.
Los números de minas se basan en las actas de los eventos de
destrucción.
El 26 de junio de 2003 el batallón de Alta Montaña del
Ejército destruyó 496 minas antipersonales SOPRO PRB M969 de
fabricación belga, en una ceremonia que se llevó a cabo en Usme,
Cundinamarca y que fue presenciada por el Vicepresidente Francisco Santos
Calderón y la entonces Ministra de Defensa Marta Lucía
Ramírez de
Rincón.[54]
El 30 octubre de 2003 un total de 795 minas antipersonales fueron destruidas
en el mismo lugar (552 minas MAP-1, 140 minas SOPRO PRB M969, 99 minas M16 y
cuatro M48). El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
dirección de la oficina colombiana de las Naciones Unidas, estaba entre
los dignatarios que atestiguaron la destrucción.
El 1º de marzo de 2004, un total de 4.692 minas antipersonales fueron
destruidas en el mismo lugar (3.540 minas MAP-1 AP y 1.152 minas de
entrenamiento MAP-2).[55]
El 15 de abril de 2004, la IX brigada del Ejército destruyó
828 minas MAP-1 en Neiva, en el departamento del Huila.
El 31 de mayo de 2004, un total de 836 minas MAP-1 y MAP-2 fueron destruidas
en la base militar Larandia, en el municipio la Montañita, departamento
del Caquetá.[56]
El 16 de julio de 2004 la II Brigada destruyó 4,545 minas en un
evento que se llevó a cabo en la Mesa de los Santos, Bucaramanga, en el
departamento de Santander. Por primera vez, sobrevivientes de minas estuvieron
presentes.[57]
El 31 de agosto de 2004, el batallón de Buga destruyó 677
minas (389 MAP- 1.268 SOPRO y 20 M16) en el Valle del
Cauca.[58]
Entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de agosto de 2004, Colombia
destruyó un total de 11.717 minas antipersonales (sin incluir las minas
de entrenamiento MAP-2). De acuerdo con las Fuerzas Armadas, otros tres eventos
de destrucción se llevaron a cabo sin presencia de representantes de la
sociedad civil.[59] Según una
carta de septiembre de 2004 del Ministerio de Defensa, 391 minas fueron
destruidas en total en la Escuela Militar, en el batallón Bejarano
Muñoz y en el Batalló de
Cartagena.[60]
Un evento final de destrucción de almacenamiento fue programando para
el 25 de octubre de 2004, en donde, conforme a una carta de octubre de 2004 del
Ministerio de Defensa, 8.288 minas serían
destruidas.[61]
Previamente, el gobierno reportó que 2.542 minas INDUMIL fueron
destruidas el 2 de julio de
1999.[62]
En mayo del 2004 Colombia reconfirmó su deseo de retener 986 minas
antipersonales con propósitos de entrenamiento y desarrollo, todas MAP
– 1 (786 minas retenidas por el Ejército, 100 por la Fuerza
Aérea y 100 por la
Marina).[63]
Los actores armados no estatales parecerían tener considerables
reservas de minas antipersonales. Adicionalmente al extendido uso de MAP por los
ANE según el Observatorio de Minas, entre 1990 y el 1º de septiembre
de 2004, hubo 1.534 eventos de incautación de minas
antipersonales.[64]
De acuerdo con un reporte de enero de 2004, el Grupo de Explosivos y
Demolición del Ejército (EXDE) en Santander, encontró y
destruyó armas que incluían 38 minas de cajón, 357 minas
quiebrapatas, 97 minas abanico y 151 minas
antipersonales.[65] En mayo de 2003
los medios reportaron que miembros de las FARC capturados en Medellín
tenían minas.[66] En
diciembre de 2003 los medios reportaron que fueron incautadas minas
antipersonales a las fuerzas paramilitares que luchaban contra el
Ejército en el municipio de Pacho en
Cundicamarca.[67] En febrero de
2004, el Batallón “Diosa del Chará” del
Ejército descubrió un arsenal de armas que incluía 40 minas
antipersonales, durante la “Operación Leopardo” en el
departamento de Caquetá.[68]
Entre enero y mayo de 2003, por lo menos 136 minas antipersonales fueron
incautadas, según información proporcionada en una docena de
reportes de los medios.[69] De
acuerdo a los medios, entre 1993 y 1995 la segunda brigada móvil del
Ejército encontró y destruyó 17.000 MAP que habían
sido escondidas o puestas.[70] En
1993, se reportó que 2.000 minas fueron destruidas en el departamento de
Bolívar.[71]
Uso
No hay ejemplos confirmados de minas antipersonales sembradas por el
Ejército colombiano desde que el gobierno firmó la
Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997. Se cree que las FARC y
el ELN son los mayores usuarios de minas antipersonales y de dispositivos
explosivos improvisados –DEI-, mientras que los grupos paramilitares
sólo usan minas
antipersonales.[72]
El conflicto armado colombiano cambió su curso dramáticamente
en el 2003 y el 2004 bajo la “política de seguridad
democrática” de la administración del Presidente
Álvaro Uribe. Como las Fuerzas Armadas recuperaron territorio cedido a
las FARC por la previa administración del Presidente Andrés
Pastrana en el departamento del Meta, las guerrillas se retiraron a remotas y
boscosas áreas, dejando minas mientras se iban. En el mismo periodo, los
grupos paramilitares empezaron negociaciones con el gobierno, así como un
proceso de
desmovilización.[73]
El Monitor de Minas Terrestres reportó que en el 2001 las guerrillas
colombianas habían usado minas antipersonales y DEI por más de una
década, según información recogida por la CCCM,
habían usado minas quiebrapata de fabricación casera por
más de 15 años.[74] En
el 2003, la OEA destacó el uso de minas por parte de los ANE no
sólo en zonas de combate y alrededor de sus campamentos, sino
también a lo largo de las rutas de paso obligado, alrededor de puentes,
fuentes de agua, cultivos ilícitos y en el paso de oleoductos, así
como para impedir o retardar su
reparación.[75] De acuerdo al
Departamento de Estado de los EEUU, los grupos guerrilleros usan minas
antipersonales para defender posiciones estratégicas (como campamentos
base, laboratorios de cocaína y lugares donde se encuentran retenidos los
secuestrados) y como armas indiscriminadas de
terror.[76]
En agosto de 2003, la OEA reportó que el Ejército
destruyó 1.226 puntos donde los ANE sembraron minas en los años
2002 y 2003.[77] Aunque en el
pasado, el Observatorio de Minas reportó los responsables de los
accidentes de minas
antipersonales,[78] la última
información disponible aún no incluye este
análisis.[79]
Los informes de prensa de uso de de minas, son una fuente útil de
información, pero deben ser vistos con cuidado debido a que con
frecuencia presentan información poco precisa. La categorización
de algunos dispositivos explosivos improvisados como minas antipersonales,
también puede generar problemas. Por ejemplo, en Bolívar se
reportó que se descubrió un campo minado con seis minas
antipersonales de diez kilogramos de explosivos cada
una,[80] pero según el
coordinador de la CCCM en el Cesar, en realidad eran cantinas de leche llenas de
explosivos.[81] Varias
organizaciones dirigidas por UNICEF Colombia están analizando las
definiciones para alcanzar un acuerdo en el uso de la
terminología.[82] El
Observatorio también logró acuerdos institucionales con las
Fuerzas Armadas en la utilización de terminología para documentos
pedagógicos.[83]
Uso por Parte de las Fuerzas Gubernamentales
No se presentaron acusaciones sobre uso de minas por parte de las fuerzas
gubernamentales colombianas en el 2003 y en la primera mitad del 2004. Desde que
el Tratado empezó a ejercerse en Colombia el 1º de marzo de 2001, ha
habido tres acusaciones no corroboradas sobre uso de minas antipersonales por
parte de las fuerzas gubernamentales.
Una publicación de la Defensoría del Pueblo en septiembre de
2002, reportó que se sembraron minas antipersonales alrededor de una base
del Ejército localizada en Alguacil, un lugar sagrado para los
indígenas Arahuacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de
Colombia en la costa
caribeña.[84] De acuerdo a
este reporte, las minas ponían en peligro a la población y estaban
matando ganado. En marzo de 2004, el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas
Colombianas, General Carlos Alberto Ospina Ovalle, le dijo al Ministro de
Defensa que en noviembre de 2003, el batallón “La Popa” del
Ejército confirmó la existencia de un campo minado alrededor de la
base militar Alguacil y ordenó su destrucción. Cuando las minas
fueron retiradas, el batallón revisó su remoción e
informó a los indígenas que podían moverse libremente por
el lugar.[85] El 20 de abril de
2004, el Ministerio de Defensa informó al Director del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y Ley Internacional Humanitaria, Doctor Carlos
Franco Echavarría, sobre la comunicación del comando General de
las Fuerzas Armadas.[86] Ninguna
comunicación indicaba la fecha en que las minas antipersonales
habían sido sembradas en Alguacil.
Un informe anual del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas del 2002, emitido en febrero de 2003, declara que a principios del 2002
la Oficina fue informada de que el Ejército minó los Cerros de
Munchique, un área crucial para las telecomunicaciones en el suroeste de
Colombia. Según el informe, el batallón José Hilario
López en Popayán afirmó que la colocación de las
minas fue una medida extrema necesaria para proteger una estación de
energía y dijo que el área fue claramente demarcada para proteger
a la sociedad civil.[87] En
respuesta a una solicitud de aclaración, el 30 de julio de 2003, la
Ministra de Relaciones Internacionales Carolina Barco Isakson informó al
Monitor de Minas Terrestres que el tipo de mina usada fue de detonación
programada Claymore, la cual no es considerada como mina antipersonal por la
Convención de Ottawa.[88]
En enero de 2001, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
emitió un comunicado público donde relataba que un joven local
resultó herido por una mina colocada por el Ejército colombiano en
el lugar donde los batallones Vélez y Bejarano habían
acampado.[89] En respuesta a la
petición del Monitor de Minas Terrestres, la defensoría del
municipio reportó las lesiones del joven, pero no mencionó el
responsable de colocar la mina.[90]
La brigada 17 del Ejército envió una negativa al abogado Estatal
de la zona de Urabá, afirmando que el incidente fue causado por una mina
sembrada por las FARC.[91]
Colombia ha reportado información diferente y contradictoria respecto
al número de minas y campos minados colocados alrededor de la
infraestructura e instalaciones militares. En septiembre de 2004, el Ministerio
de Defensa reportó que para mayo de 2004, las Fuerzas Armadas
tenían bajo su jurisdicción 22 campos minados, adecuadamente
mapeados y delimitados, con aproximadamente 2.768 minas utilizadas para
protección de las bases e infraestructura de
comunicación.[92]
En su informe del artículo 7 de mayo de 2004, Colombia no
proporcionó ninguna información sobre minas sembradas en el pasado
en las bases e infraestructura de la Fuerzas Armadas Colombianas, pero en abril
de 2003 Colombia declaró que 1.655 minas NM-MAP1 fueron colocadas en
bases de la Fuerza Aérea y la
Marina.[93] En mayo de 2002, el
Comandante del Batallón de Ingeniería del Ejército, le dijo
al Comité sobre Remoción de Minas que había 54 campos
minados del Ejército que contenían más de 20.000 minas,
estaban ubicados alrededor del país en puntos estratégicos para la
economía nacional. Dijo que no ha habido “accidentes de civiles con
estas minas”.[94] En agosto
de 2002, Colombia reportó 9.409 minas antipersonales sembradas en bases e
instalaciones militares (995 minas NMAP1 alrededor de las bases de la Fuerza
Aérea y de la Marina y 8,414 minas antipersonales alrededor de las bases
del Ejército).[95]
Según el Observatorio de Minas, los campos minados sembrados alrededor de
las bases permanentes y unidades tácticas, se encuentran en condiciones
deplorables debido principalmente a las condiciones
climáticas.[96]
En enero de 2004, el Ejército le dijo al Monitor de Minas que de 40 a
50 hectáreas de tierra, propiedad de la Compañía de
Explotación Mineral en Santander, han sido minadas con 350 minas para
proteger la infrastructura.[97]
Uso por parte de la FARC
A finales del 2003 y comienzos del 2004, las FARC llevaron a cabo una
retirada estratégica que incluye el uso de
minas.[98] Los bloques principales
del Oeste y del Caribe de las FARC reconocieron usar minas y reportaron a las
víctimas soldados del Ejército Nacional en sus campos minados como
un resultado positivo.[99] La
mayoría de la información obtenida de los medios sobre incidentes,
por el Monitor de Minas, corresponde con la información emitida por las
FARC en su página web.[100]
El Monitor de Minas Terrestres ha registrado el uso de minas por parte de la
FARC cada año desde 1999.
Hubo numerosos informes de prensa sobre el uso de minas por las FARC en el
2003, en lugares que incluyen San Vicente del Caguán en el departamento
de Caquetá, el pueblo de Aguas Calientes, Libano, Solita, Borugo, y
Milán. Los incidentes de minas continuaron en el 2004; por ejemplo, el 18
de Enero, dos soldados de la brigada 12 del Ejército fueron heridos por
minas antipersonales presuntamente colocadas por el Frente 15 de las FARC en el
pueblo la Montañita.
En febrero de 2004, un oficial del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) en Caquetá proporcionó al Monitor de Minas
información sobre la remoción de minas colocadas por las FARC en
el 2003.[101] Estos incluyen
campos minados removidos en Paujil, Aguas Calientes, Morelia y Milán en
mayo; en San José del Fragua en agosto y en Doncello en septiembre.
La Cuarta División del Ejército en Villavicencio, Meta, le
informó al Monitor de Minas sobre la delimitación que hace el
Ejército de los campos minados hechos por las FARC en el
2003.[102] La División
demarcó 29 campos minados instalados por las FARC: uno en Guaviare, uno
en Vaupés y 27 en cinco municipios del Meta (uno en Puerto Lleras, uno en
Mapiripan, cuatro en Vistahermosa, nueve en Mesetas y 12 en
Uribe).[103]
Un portavoz del municipio de El Dorado, en el departamento del Meta de dijo
al Monitor de Minas que los campos minados dejados por las FARC en los
municipios de Alto de Cumaral, Caño Amarillo y San Pedro han causado el
desplazamiento de 33 familias en enero del
2004.[104] La información
fue verificada por una entrevista con un habitante de El Dorado, quien
reportó que en la noche del 3 de enero, hombres armados que se
identificaron como miembros de las FARC, irrumpieron en su hogar y le ordenaron
dejar la casa en las siguientes 24 horas, hicieron lo mismo con los vecinos, les
informaron que el área sería
minada.[105] El caso
también fue reportado por los medios
locales.[106]
Se registró un caso en que el Frente 40 de las FARC le advirtió
a una joven sobre la presencia de siete minas colocadas a 30 metros del camino
principal usado por las tropas del Ejército en los Naranjos, municipio de
Mesetas, departamento del Meta. El hermano de la joven fue herido por una mina
mientras trabajaba en el
área.[107]
En Febrero de 2004, los medios reportaron que la Cuarta Brigada
desactivó un campo minado instalado por el Frente 47 de las FARC en La
Quiebra, entre Sonsón y Argelia, en
Antioquia.[108]
Uso por parte del ELN
El uso de minas por parte del ELN en Colombia, continuó en los
años 2003 y 2004, especialmente en el sur del departamento de
Bolívar. Algunos campos minados de la zona, han sido señalados por
el ELN con signos de
prevención.[109] En el
municipio de Micoahumado, Bolívar, el ELN advirtió a la
población civil sobre sus campos minados, incluyendo uno ubicado en la
ruta principal al pueblo la Caoba y otros en los caminos cercanos al pueblo
Guasima.[110] Aparentemente el
ELN volvió a minar una cancha de fútbol en el pueblo la Caoba
después de que el Ejército la
desminó.[111]
El uso de minas por parte del ELN ha causado desplazamiento de civiles, como
es el caso de Perijá, en el municipio de Codazzi, Cesar, donde 57
familias fueron forzadas a abandonar sus fincas después de que el ELN las
minara durante sus luchas con grupos
paramilitares.[112]
En marzo de 2004, los medios reportaron que el Cuarto Batallón de Alta
Montaña del Ejército había ubicado y removido campos
minados dejados por el ELN en la de vereda San Andrés, municipio de San
Sebastián, en el sur del
Cauca.[113] En abril de 2004, la
Oficina del Vicepresidente reportó que el Ejército desminó
un campo ubicado alrededor de un campamento del
ELN.[114]
El ELN considera las minas como “un instrumento de protección,
un arma popular de fácil fabricación, y que es muy valiosas para
confrontar el desarrollo tecnológico del
enemigo.”[115] Las minas
para el ELN son un arma de defensa popular y eficiente contra las tropas
numerosas, proporcionando “protección a unidades
pequeñas” y previniendo “ataques de las tropas
expedicionarias.” Según el ELN, las denuncias políticas del
uso de minas no alteran la necesidad de
protección.[116] Sin
embargo, el ELN ha expresado un interés en lograr acuerdos para poder
informar a la sociedad civil sobre la presencia de campos minados y crear mapas
de las áreas minadas.
[117]
Uso por parte del EPL
En años previos, el EPL ha usado minas antipersonales de
fabricación casera en el sur del departamento de Córdoba, Norte de
Santander, Santander y la Guajira, y afirman que las minas fueron removidas una
vez las operaciones militares terminaron, pues ya no tenía ningún
territorio que proteger. Se reporta que las guerrillas del EPL no han usado
minas antipersonales en el
2004.[118]
Uso por parte de las fuerzas Paramilitares
Los grupos paramilitares, incluyendo las Autodefensas Unidades de Colombia
–AUC-, operan en casi todo el país. En enero de 2003, el
Observatorio de Minas Antipersonales recomendó que mientras no se tengan
reportes oficiales recientes sobre el uso de minas por parte de los grupos
paramilitares, no se puede asegurar que estos grupos utilicen las minas con
menos frecuencia.[119] Por
ejemplo, un poco más de un tercio (37 %) de los incidentes registrados en
Arauca entre 1990 y 2002 fueron causados por usuario
“desconocidos”, pero en el 2001-2002 este porcentaje aumentó
a un 60 porciento y coincidió con incursiones por parte de las fuerzas
paramilitares en el
departamento.[120]
El Observatorio de Minas Antipersonales registró 19 eventos de minas
durante el 2003 y cuatro entre enero y el 22 de abril de 2004, atribuidos a los
grupos paramilitares.[121] No
había detalles disponibles sobre dichos eventos.
En agosto de 2001, un grupo humanitario que repartía suministros en el
sur de Bolívar reportó que, de acuerdo a representantes de la
comunidad local, “Durante operaciones de contrainsurgencia, los grupos
paramilitares han forzado a los campesinos a entrar a los campos minados con sus
mulas a fin de limpiar dichos terrenos, también han usado pobladores
locales como escudos humanos para entrar a terrenos
peligrosos.”[122]
En septiembre de 2004, grupos paramilitares, incluyendo las AUC, estaban en
negociaciones de paz con el gobierno y algunos grupos se estaban desmovilizando,
pero las minas no fueron un arma que se incluyera en las entregadas como parte
del proceso de desmovilización. Esto se puede deber al hecho de que entre
los paramilitares que habían entregado sus armas en noviembre de 2003,
el Bloque Cacique Nutibara de las AUC, operaba principalmente en áreas
urbanas de Medellín.[123]
El Problema de las Minas Terrestres
En enero de 2004, el Observatorio reportó que de los 32 departamentos
del país, sólo dos - Amazonas y Guainía- no se veían
afectados por las minas (sin incluir el departamento de San Andrés y
Providencia)[124] y que 508 (46 %)
de los 1.110 municipios del país reportaban problemas de
minas.[125] Para el 1 septiembre
de 2004, sin embargo, un incidente se reportó en el municipio de Puerto
Arica en el Amazonas, dejando a Guainía y San Andrés y
Providenciacomo los últimos dos departamentos no afectados
por la expansiva crisis de minas en
Colombia.[126]
Entre 1990 y el 1 septiembre de 2004, el Observatorio de Minas
registró un total de 5.274 eventos relacionados con minas, de los cuales
70% (3.717) fueron clasificados como “incidentes” y el resto como
“accidentes.”[127] Un
accidente en un evento en el que hay víctimas humanas mientras que un
incidente no deja dichas víctimas. El problema de las minas
antipersonales en Colombia es principalmente rural, un 95 % de los eventos
registrados por el Observatorio ocurrió en áreas rurales.
Los departamentos en los que hay más eventos relacionados con minas
registrados, desde 1990 hasta septiembre de 2004, son los
siguientes:[128]
Antioquia cuenta con el 21 % de todos lo eventos registrados en el
país y los municipios que más eventos de minas registran son:
Apartadó (24 eventos), Argelia (31), Cocorná (68), El Bagre (37),
Granada (53), Ituango (30), Medellín (48), Remedios (49), San Carlos
(44), San Francisco (91), San Luis (69), Segovia (62), Turbo (31), Urrao (28) y
Zaragoza (23 eventos);
Santander cuenta con el 11% de los eventos del país y los municipios
más afectados incluyen: Barrancabermeja (99 eventos), El Carmen (40), El
Playón (23), Matanza (31), Rionegro (21), y San Vicente Chucurí
(91 eventos);
Caquetá cuenta con el 7 % de los eventos del país. Los
municipios afectados incluyen: Cartagena del Chairá (18 eventos), el
Paujil (18), Florencia (75), Milán (21), Montañita (85) y San
Vicente del Caguán (86 eventos);
Cundinamarca también cuenta con el 7 % de los eventos del
país. Los municipios más afectados son: Cabrera (28 eventos), La
Palma (48), Pulí (22) y Topaipí (20 eventos);
Meta cuenta con el 6 % de los eventos del país y los municipios
afectados incluyen: El Castillo (21 eventos), La Macarena (22), Lejanías
(25), Mesetas (53), Puerto Lleras (26), Puerto Rico (22), San Juan de Arama
(18), Uribe (33) y Vistahermosa (34);
Bolívar cuenta con el 6 % de los eventos del país. Sus
municipios afectados incluyen: Achí (23 eventos), el Carmen de
Bolívar (63), Morales (50), San Pablo (42) y Santa Rosa (23
eventos);
Norte de Santander también cuenta con el 6 % de los eventos del
país. Sus municipios afectados incluyen: Abrego (18 eventos),
Convención (23), El Tarra (33), Hacarí (17), Sardinata (17),
Teorama (23) y Tibú (50);
Arauca cuenta con el 5 % de los eventos del país. Los municipios
afectados incluyen: Arauca (44 eventos), Arauquita (71), Saravena (58) y Tame
(88);
Cauca cuenta con el 4 % de los eventos del país. Los municipios
afectados incluyen: Cajibío (14 eventos), El Tambo (14), San
Sebastián (18), Santa Rosa (27) y Toribío (19);
Cesar registra un 3 % de los eventos del país. Los municipios
afectados incluyen: Aguachica (18 eventos), Curumaní (22), Pailitas (15)
y Vallepudar (28).
El número de municipios afectados por minas ha aumentado de manera
constante desde el primer reporte del Monitor de Minas. En 1999, el Monitor de
Minas Terrestres reportó por lo menos 125 municipios afectados por minas
en 21 departamentos. En el 2000 había por lo menos 168 municipios
afectados, 26 departamentos. En el 2001, eran por lo menos 168 los municipios
afectados en 27 departamentos. En el 2002, el número de municipios
afectados por minas aumentó drásticamente a 256 en 28
departamentos. En el 2003, se estimó que 422 municipios estaban afectados
en 30 departamentos.
Pueden existir diversas razones para el aumento de municipios afectados,
entre las cuales está el acrecentamiento del uso de minas por parte de
los grupos guerrilleros, el incremento en el movimiento de la población,
y las mejoras, refinamientos y expansión de los mecanismos reportados.
Según las Naciones Unidas es necesario un estudio de Impacto de las Minas
Terrestres para entender el alcance del problema de las minas en
Colombia.[129] Debido al conflicto
actual, no hay planes de llevar a cabo dicho estudio.
Coordinación y Planificación de la Acción Contra Minas
La Comisión Nacional Intersectorial para la Acción Contra las
Minas Antipersonal –CINAMA- se estableció el 8 de octubre de 2001
por el Decreto 2113 y fue confirmada por el Artículo 5 de la Ley 759 el
25 de julio de 2002. El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos
Calderón, lidera la CINAMA, quien es responsable de la
implementación del Tratado Contra Minas, el cual incluye el desarrollo de
un plan nacional, la toma de decisiones sobre las políticas y la
coordinación de la cooperación internacional. La Comisión
tiene dos comités técnicos, uno sobre asistencia a víctimas
y otro sobre prevención, señalamiento, mapeo y remoción de
minas.[130]
El programa de Prevención de Accidentes y Atención a las
Víctimas por Minas Antipersonal -PAAV- establecido en enero de 2001, es
el programa principal del
CINAMA.[131] El Observatorio de
Minas Antipersonales, establecido por el Artículo 13 de la Ley 759 de
julio de 2002, es el componente central del PAAV. El Observatorio funciona como
un Secretariado Técnico del CINAMA y se describe como la entidad
técnica colombiana responsable de recolectar, categorizar, centralizar y
actualizar toda la información sobre el tema de
minas.[132]
La información recolectada por el Observatorio es usada para facilitar
la toma de decisiones respecto a las acciones contra minas, así como para
la dirección general y técnica, la coordinación, la
implementación y el monitoreo del plan nacional de acción contra
minas.[133] Entre junio de 2001 y
febrero de 2003, personal del GICHD instaló el Sistema de Manejo de
Información para Acciones Contra Minas –IMSMA- en el Observatorio y
se encargó del entrenamiento para su
uso.[134] En los años 2002
y 2003, el Observatorio realizó numerosas publicaciones sobre
educación en el riegos de minas,
[135] asistencia a
víctimas[136] y el problema
de minas en varios departamentos del
país.[137]
Bajo el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2002-2006, “Para un
Estado Comunitario” del 23 de abril de 2003, el cumplimiento de la
Convención de Ottawa es considerado una prioridad, así como lo son
el fortalecimiento del Observatorio de Minas Antipersonales, la educación
sobre el riego, la asistencia a víctimas y la destrucción de las
reservas.[138] De acuerdo con el
decreto 3787 de diciembre de 2003, el gobierno aprobó aproximadamente
$863,000 (COP 2,500,000,000) para el PAAV en su año fiscal del
2004.[139] Los fondos deben ser
utilizados para rediseñar y fortalecer el Observatorio de Minas, y para
el desarrollo regional del plan de acción nacional contra minas,
así como debe permitirle al Observatorio un funcionamiento independiente
de las contribuciones
internacionales.[140] El
Observatorio realizó una serie de reuniones: en febrero de 2004, con el
comité de atención a víctimas del CINAMA; el 2 de abril con
el comité de prevención, señalamiento, mapeo y
remoción de minas; el 13 de abril, con las autoridades gubernamentales
departamentales; el 14 de abril con las ONG; y el 19 de abril con organizaciones
internacionales y donantes.[141]
Como resultado de estas reuniones, se lograron numerosos acuerdos entre varios
actores en lo referente a las directrices de políticas nacionales,
prioridades, objetivos, actividades y cronogramas para los próximos diez
años.
En marzo de 2004 UNICEF Colombia realizó dos reuniones de
organizaciones que trabajan contra minas y que operan en Colombia, para discutir
sus actividades y las maneras de trabajar
coordinadamente.[142]
El 5 de marzo de 2003 el gobierno logró un acuerdo con la OEA para la
cooperación y asistencia técnica en las acciones contra
minas.[143] La OEA abrió
una oficina en Bogotá en noviembre de
2003.[144] En los años 2003
y 2004, la OEA -AICMA- Colombia tenía las metas de abrir la oficina,
apoyar campañas de educación preventiva y asistencia a
víctimas y fortalecer la capacidad nacional de desminado humanitario para
proteger a la población
civil.[145]
En los días tres y cuatro de abril de 2003, una delegación de
las Naciones Unidas visitó Colombia para revisar el estado de minas y
evaluar las necesidades de
acción.[146]
Limpieza de Campos Minados
El Artículo 4 de la Ley 759 de 2002, permite que el Ministerio de
Defensa conserve las minas sembradas antes del 1º de marzo de 2001 para la
protección de las bases militares y la infraestructura de energía
y comunicaciones, siempre y cuando las áreas sean claramente
señaladas para garantizar la seguridad de la
población.[147] De acuerdo
con la Convención de Ottawa, Colombia está obligada a destruir
todas las minas antipersonales que se encuentren en los campos minados bajo su
jurisdicción o control lo más pronto posible, pero no más
tarde del 1º de marzo del 2011. Según el Observatorio de Minas,
existe un plan para la remoción de minas sembradas por las Fuerzas
Militares, que se encuentra dentro del cronograma del
Tratado.[148]
Aún no hay una limpieza humanitaria sistemática en Colombia. En
marzo de 2003, el Vicepresidente Santos Calderón dijo que no era
“posible llevar a cabo una limpieza de los campos minados mientras el
país estuviera en guerra.” Pero también manifestó la
urgente necesidad de un desminado humanitario en lugares como escuelas,
acueductos y lugares
públicos.[149] Un informe
del Departamento de Planeación Nacional, de marzo de 2002,
concluyó que la mejor opción de remoción de minas en
Colombia a corto y mediano plazo es crear 29 equipos de 30 miembros militares
para operar durante los próximos 20 años; lo cual tendría
un costo estimado de US $21.9
millones.[150]
De los 5.274 eventos relacionados con minas registrados por el Observatorio
de Minas, y entre 1990 y el primero de septiembre de 2004, la mayor
categoría— 1.943 o 37 %—involucró desminado militar,
mientras que 205 eventos (4 %) involucraron áreas donde se sospechaba la
presencia de minas.[151]
El Ejército ha realizado desminado limitado por razones
tácticas y durante
combate.[152] El desmiando
militar es realizado cuando las bases y los campamentos están
establecidos, como fue el caso de Micoahumado, donde se eliminaron las minas de
toda la periferia del pueblo.[153]
En agosto de 2003, la OEA manifestó que dicha remoción no
cumplió con los patrones de desminado
humanitario.[154]
Según el Observatorio, a las fuerzas armadas les reportaron 22
emergencias humanitarias en el 2003 y otras cuatro emergencias fueron reportadas
en el primer trimestre de
2004.[155] En 18 de estos casos,
el Ejército respondió y desminó 14 campos en el Catatumbo
en el departamento de Norte de
Santander;[156] uno en Caño
Rallado en el Meta; uno en Puerto Guzmán, Putumayo; y uno en
Arbeláez,
Cundinamarca.[157]
La información sobre desminado militar en Colombia está
disponible, pero la mayoría es contradictoria y poco detallada.
Según el Ejército, éste desminó 705 campos en el
2003, siendo junio el mes de mayor actividad (93 campos desminados) y enero y
diciembre los de menor actividad (16 y 17 campos desminados,
respectivamente).[158] En mayo de
2004, Colombia reportó que la Policía Nacional había
detectado y destruido 58 minas, pero no se dieron más
detalles.[159] En agosto de 2003,
la OEA reportó que el Ejército destruyó 1.226 minas
sembradas por los ANE en los años 2002 y
2003.[160] En abril de 2003,
Colombia reportó que el Grupo Marte del Ejército desminó
1.054 campos en los últimos dos años (incluyendo 877 minas en 25
departamentos, en el 2002) y que entrenó a 877 desminadores en la Escuela
de Ingeniería Militar, en al 2002, y a otros 177 en el primer trimestre
de 2003.[161] Según los
medios, en los primeros nueve meses de 2002, un total de 450 perros detectores
de minas de la Escuela de Entrenamiento Canino del Ejército en
Bucaramanga, descubrieron 480 campos minados, lo cual condujo a la
destrucción total de aproximadamente 5.000
minas.[162] En mayo de 2002,
Colombia reportó que durante el 2001 las Fuerzas Armadas removieron 1.053
minas de 103 campos minados.[163]
De acuerdo con el informe del Artículo 7 de marzo de 2002, en 1999 el
Ejército desminó 51 campos minados y
“desactivó” otros
370.[164]
De acuerdo con la CCCM, debido a la presión de las comunidades,
algunos actores armados no estatales han realizado remoción de minas a
corto plazo en algunos
departamentos.[165] En enero de
2003, los medios reportaron que los ANE accedieron a desminar varios campos en
el municipio de Morales al sur de Bolívar, para que la población
local pudiera regresar a sus
hogares.[166]
Sensibilización sobre el Riesgo de las Minas
En Colombia, se llevan a cabo actividades de educación sobre el riesgo
de las minas –ERM-, por parte de numerosos actores que incluyen al
gobierno, organizaciones internacionales, ONG nacionales y
locales.[167] En agosto de 2003,
la OEA reportó que las organizaciones internacionales y las ONG en
Colombia trabajaban de forma independiente, lo cual representaba una
duplicación de esfuerzos así como la transmisión de
mensajes de sensibilización
contradictorios.[168] En el 2003,
alrededor de 12,500 personas asistieron a sesiones de ERM respaldadas por la
UNICEF, lo cual es un aumento en comparación con las aproximadamente
9,000 personas que asistieron en el 2002 y las 6,000 del
2001.[169] Se desconoce el
número de personas que asistieron a sesiones de ERM en los años
1999 y 2000.
En los años 2003 y 2004, la UNICEF ha focalizado su
sensibilización sobre riesgos de minas en dos departamentos, apoyando las
ONG Paz y Democracia en Antioquia y Fundemos en el Cauca. Según la
UNICEF, todos los eventos relacionados con minas reportados por la comunidad
fueron presentados al Observatorio de Minas.
[170] La UNICEF sólo lleva
a cabo actividades donde UNICEF trabajará en el futuro. Para el 2005 se
tiene planeada una evaluación del programa de ERM de la
UNICEF.[171]
En Antioquia, Paz y Democracia realizó dos proyectos de
sensibilización de riesgos de minas en al 2003, uno en siete municipios
(El Bagre, Remedios, San Carlos, Segovia, La Unión, Yolombo y Zaragoza) y
otro en seis municipios (Campamento, Carmen de Viboral, Cocorná, San
Luis, San Rafael y Vigía del Fuerte). En el 2004, Paz y Democracia
continuó con la implementación de ERM en cuatro de estos
municipios (El Bagre, Cocorná, Remedios y San Carlos) y dio inicio a
nuevas actividades de ERM en seis municipios más (Anorí, Argelia,
Granada, Mutata, Urrao y
Yarumal).[172]
En el 2003, la ONG Fundación Antonio Restrepo Barco empezó un
proyecto de sensibilización dirigido a jóvenes en los
departamentos de Bolívar (municipio de Santa Rosa del Sur), Cundinamarca
(Soacha) y Santander
(Barrancabermeja).[173]
En el 2003, la Organización Internacional para las Migraciones
–OIM-, en coordinación con el Observatorio, apoyaron tres proyectos
de sensibilización de riesgos y de asistencia a víctimas en
catorce departamentos, beneficiando directamente a 1.329 personas y de manera
indirecta a otras 10.100.[174] La
USAID contribuyó con US $110,355 para los proyectos y para la
consumación de alianzas con CCCM, CIREC y la ONG Hogar Jesús de
Nazareth en Bucaramanga,
Santander.[175] En el 2003, la
CCCM fue responsable de las actividades de ERM en los departamentos de
Caquetá, Cesar, Magdalena y Santander, también ofreció
actividades de ERM a los empleados de Médicos sin Fronteras de los
Países Bajos.[176]
En el 2003, el CIREC ofreció herramientas para la educación en
riesgos de minas a 52 líderes comunitarios, como parte de su programa
Semillas de Esperanza.[177] En el
Cauca, la Arquidióseis de Popayán llevó a cabo ERM para
miembros del clero, educadores y a través de los medios de
comunicación, beneficiando de manera directa a unas 80
personas.[178] La
secretaría de gobierno del departamento del Cauca coordinó el
Comité Técnico Contra Minas del Cauca en el 2003, incluyendo
instituciones locales que trabajan en el tema de minas así como en la
sensibilización de riesgos. Este programa no recibió
financiación para el
2004.[179]
En el año 2003, la Cruz Roja Colombiana realizó un estudio
diagnóstico del problema de minas antipersonales en 20 comunidades de
Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, el cual reveló que dichas comunidades
no estaban al tanto del problema de las minas. La Cruz Roja Colombiana
incluyó ERM en los programas educativos realizados en 12 departamentos,
cubriendo una población aproximada de 8.000
niños.[180]
La Asociación Scout de Colombia continuó ejerciendo la
educación sobre el riesgo de minas en cuatro departamentos en el 2003
(Cauca, Valle del Cauca, Santander y Norte de
Santander).[181] En el 2003, los
Scout cooperaron con la Fiscalía en Popayán, Cauca, para
implementar un programa llamado, “Porque en tiempos de Guerra, aun podemos
soñar,” que usaba juegos y otras actividades para discutir el ERM y
para entrenar a los líderes juveniles como facilitadotes de
ERM.[182]
En el 2003, la ONG Corpojurídica capacitó en educación
sobre el riesgo de accidente por minas a los indígenas desplazados de
Naya, en el departamento del Cauca. Corpojurídica en conjunto con la
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), llevó a
cabo ERM para los indígenas de Cofán en la región del
Amazonas.[183]
Entre marzo y julio de 2003, el Observatorio realizó diez trabajos
locales de ERM.[184] En el 2003,
con la cooperación de las ONG nacionales, el Observatorio envió un
cuestionario a 199 comunidades en 23 departamentos para evaluar el
conocimiento, actitudes, prácticas y
creencias.[185] Los resultados
detallados del cuestionario están incluidos en el informe del
Artículo 7 de mayo de
2004.[186]
El gobierno también reportó que con el respaldo del Comando Sur
del Ejército Americano, se establecieron una serie de programas de
capacitación, respecto a ERM y al soporte psicológico que se le
debe ofrecer a los sobrevivientes, que serán realizados por el
Observatorio.[187] Se llevó
a cabo un taller en Cartagena los días 21-23 de febrero de
2004.[188] En mayo de 2004,
Colombia reportó que se logró un acuerdo entre Suiza y la GICHD
para realizar talleres de asistencia técnica y educación sobre el
riesgo.[189]
En el 2002, el Observatorio con la asociación “Por un Hombre
Nuevo” organizaron campañas de educación sobre el riesgo de
minas en varios municipios de
Bolívar.[190] La UNICEF y
Paz y Democracia llevaron a cabo ERM en 14 municipios de Antioquia y
Cauca.[191] El CICR en conjunto
con la Cruz Roja Colombiana, realizó una asesoría de las
necesidades de MRE.[192] Entre
julio de 2001 y enero de 2002, el Observatorio, la UNICEF y la ONG REDEPAZ
realizaron un proyecto piloto de ERM y asistencia a víctimas en 16
municipios de Antioquia, Bolívar y Santander; en cooperación con
numerosas ONG y
organizaciones.[193] La iniciativa
fue respaldada por el Observatorio, Canadá y los EEUU (a través de
la UNICEF). En agosto de 2002, el programa nacional de televisión del
Ejército “En Contacto” ofreció educación sobre
el riesgo de minas.[194]
Previamente, en octubre de 1999, el gobierno, la UNICEF y la embajada
canadiense en Bogotá, firmaron un acuerdo para implementar la
educación sobre el riesgo de minas en Colombia. Videos, afiches y
documentos de la Convención de Ottawa fueron
reprocucidos.[195]
Financiación para las Acciones Contra Minas
A diferencia de otros países altamente contaminados por minas, los
donantes internacionales han contribuido muy poco en las acciones
específicas contra las minas en Colombia. Un ejemplo de una
contribución directa fue el entrenamiento que España dio al
Ejército Colombiano para la labor de desminado en el 2003. La
mayoría de los gobiernos han proporcionado apoyo indirecto a
través de organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el 2003, Suiza
dio fondos al Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra
–CIDHG- para la supervisión de la educación sobre el riesgo
de minas en Colombia, y en conjunto con la Unión Europea, Suiza ha
apoyado actividades del Llamamiento de Ginebra para comprometer a los actores
armados no estatales. El informe del Artículo 7 de abril de 2003 estima
que US $13.8 millones (38.35 billones de pesos) son necesarios para las acciones
contra minas entre los años 2003 y 2006, incluyendo US $2.4 millones
(6.7 billones de pesos) para el
2003.[196] En mayo de 2003, el
gobierno reportó una asignación nacional de US $4.9 millones
(13.78 billones de pesos) para actividades contra minas terrestres en el periodo
de 2003-2006.[197]
En el 2003, el gobierno colombiano reportó la inversión de
aproximadamente US $882,000 (2.47 billones de pesos) en actividades de minas,
así como otros US $12,000 proporcionados a través del Fondo de
Inversión para la Paz del Plan
Colombia.[198] En el 2003, Suiza
contribuyó con US $50,000 para el Observatorio, para respaldar la
cooperación y asistencia técnicas del
CIDHG.[199]
En diciembre de 2003, el gobierno colombiano aprobó aproximadamente
US $863,000 (COP 2,500,000,000) para el año fiscal 2004 PAAV, para el
Observatorio de Minas
Antipersonales.[200] En el 2004,
el Observatorio recibió US $116,267 de la OIM a través de un
acuerdo de cooperación con la Presidencia y US $50,000 del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, para acciones contra minas en el Meta,
Antioquia y la región de los Montes de
María.[201] En el 2004,
Suiza donó US $123,200 para el Observatorio, para las actividades de
educación sobre el riesgo de minas con la asistencia del
GICHD.[202]
En junio de 2004, un informe del Grupo de Contacto de Movilización de
Recursos de los Estados Parte, indicó que el gobierno colombiano
gastó un total de US $8.5 millones ($8,478,346) en acciones contra minas
entre 1999-2002, incluyendo US $3.3 millones ($3,277,208) en 2002, US $4.8
millones ($4,852,528) en el 2001, US $86,803 en 2000 y US $261,807 en
1999.[203]
Según el informe del Artículo 7 de abril de 2003, la OEA
debía dar US $496,906 para las acciones contra minas en Colombia, bajo un
acuerdo de dos años que se realizó con el gobierno en marzo de
2003.[204] En febrero de 2004, el
programa AICMA de la OEA Colombia reportó que el Canadá
donó US $115,000 de los fondos del presupuesto para el periodo de abril
2003-abril 2004.[205] En mayo de
2003, la OEA presentó la proyección financiera de los
requerimientos para sus actividades en Colombia, estimando que un total de US
$3.3 millones sería necesario entre el 2003-2007: US $200.000 en el 2003,
US $300.000 en el 2004, US $800.000 en 2005, US $1 millón en el 2006 y US
$1 millón en el
2007.[206]
Según la UNICEF, se presupuestaron US $428.063 para sus actividades de
minas en Colombia (educación sobre el riesgo de minas, asistencia a las
víctimas y acompañamiento) para el periodo de enero 2003-diciembre
2004.[207] De acuerdo con la Cruz
Roja Colombiana su presupuesto para las acciones contra las minas para el 2004
fue de US$25,000.[208] Entre
2003-2004, la CCCM presupuestó US $124.994 para sus actividades y
recibió US $98.448 de la USAID y la OIM, y el resto lo obtuvo de sus
propios fondos.[209] El
presupuesto anual del CIREC para el 2004 fue de US $140,000, con fondos
obtenidos de la OIM y el
CIREC.[210] El presupuesto del
2004 para el proyecto de ERM de la Fundación Antonio Restrepo Barco fue
de US $120,000 y los fondos fueron donados por la Caridad del Reino Unido
“Niños de los Andes” (Children of the Andes) y de los
recursos propios de la Princesa Diana de
Gales.[211]
Víctimas de Minas
En el 2003, el Observatorio de Minas registró 668 nuevas
víctimas de minas y MUSE (156 muertos y 512 heridos); 195 eran civiles,
incluyendo por lo menos 19 mujeres y 49
niños.[212] El
número de nuevas víctimas ha aumentado significativamente desde
1999. Entre 1999 y 2002, el Observatorio registró 1,085 nuevas
víctimas (233 muertos, 848 heridos y cuatro que no se sabe): 626 en 2002
(132 muertos, 490 heridos y cuatro no se sabe); 268 en 2001 (47 muertos y 221
heridos); 141 en 2000 (31 muertos y 110 heridos); 50 en 1999 (23 muertos y 27
heridos). Del total de víctimas, 520 eran civiles, incluyendo por lo
menos 41 mujeres y 177 niños.
Las víctimas continúan siendo reportadas en el 2004. Para
septiembre de 2004, el Observatorio registró 421 nuevas víctimas
de minas (109 muertos y 312 heridos) desde enero; 127 eran civiles, incluyendo
por lo menos siete mujeres y 31 niños. El Observatorio utiliza el IMSMA
para registrar a las víctimas y la información es obtenida de las
autoridades departamentales y municipales, de la defensoría regional, de
los boletines del Departamento de Seguridad Administrativa, de los civiles y de
los seis periódicos
colombianos.[213] La
recolección de datos en un proceso continuo donde las estadísticas
se actualizan constantemente con las nuevas víctimas o con la
identificación de víctimas de periodos
previos.[214] En 2002/2003 el
programa AICMA de la OEA en Colombia apoyó al Observatorio en el
registró y monitoreo de la información de víctimas y
sobrevivisntes.[215]
Se asume que no todos los casos de víctimas se reportan. Los civiles
heridos por minas en áreas rurales, con frecuencia se encuentran a una
distancia considerable de los centros de salud, y dado el caso de que accedan al
servicio, muchas veces no dicen que su accidente fue consecuencia de una mina.
Puede que los civiles no reporten que las minas fueron causa de sus heridas por
miedo a ser rotulados como combatientes de una u otra parte del conflicto.
También se oculta información entre los ANE en Colombia. El
Observatorio tiene un registro de, únicamente, 16 víctimas de
minas de los ANE desde 1999 y un total de 33 desde 1990.
Desde 1990 al 1º de septiembre de 2004, el Observatorio registró
un total de 3.022 víctimas de MAP y MUSE (732 muertos, 2.295 heridos y
cuatro que no se sabe) de 1.557
accidentes;[216] 1.114 fueron
civiles, incluyendo por lo menos 115 mujeres y 368
niños.[217] Las
actividades más comunes en el momento del accidente fueron actividades
militares; 1.852 víctimas (61 porciento); que pasaban cerca del lugar 283
víctimas (nueve porciento); cultivando 113 víctimas (4 %); jugando
49 víctimas (2 %); otras 66 víctimas (2 %); manipulando los
artefactos 15 víctimas (1 %); recogiendo agua, leña o comida 13
víctimas (1 %) y desconocido 598 víctimas (20
%).[218]
Los diez departamentos colombianos que reportan la mayor cantidad de
víctimas son: Antioquia con 678 víctimas (22 %); Bolívar
323 víctimas (11 %); Santander 256 víctimas (8 %); Caquetá
236 víctimas (8%); Norte de Santander 172 víctimas (6%); Meta 164
víctimas (5%); Cauca 163 víctimas (5%); Cundinamarca 140
víctimas (5%); Arauca 109 víctimas (4%); y Cesar 104
víctimas (3%).[219]
Asistencia a Sobrevivientes
En Colombia, la asistencia en las emergencias de accidentes por minas es
deficiente, el tratamiento médico y la cirugía en los hospitales
regionales son muy lentos y el transporte para acceder a los servicios
médicos es inadecuado. En las áreas rurales, es muy difícil
acceder a una ayuda médica inmediata y algunas veces puede tomar
días llegar al hospital más cercano. Los servicios médicos
y de rehabilitación para los sobrevivientes de accidentes por minas en
Colombia están ubicados, en gran medida, en las zonas urbanas, a pesar de
que la mayoría de las víctimas viven en las zonas rurales. Algunos
sobrevivientes afirman que no han recibido ningún tratamiento de
rehabilitación seis meses después del accidente, algunos ni
siquiera un año
después.[220]
Los sobrevivientes rurales no tienen los recursos necesarios para el
transporte, el alojamiento y la
alimentación.[221] Los
controles de carretera, las huelgas del transporte público y las
prohibiciones impuestas por los combatientes, impiden que algunas veces los
sobrevivientes accedan a los centros de salud. Las entrevistas realizadas por el
Monitor de Minas a los sobrevivientes revelaron que les tomó un promedio
de 12 horas para llegar al hospital regional, algunos sobrevivientes fueron
enviados a casa sin las prótesis ni la rehabilitación
después de la cirugía, otros han pagado por el tratamiento que por
ley deberían recibir
gratis.[222] Las autoridades
reconocieron que los cuidados médicos se dificultan por varias razones:
la distancia entre el lugar del accidente y los centros de salud, por falta de
conocimiento sobre primeros auxilios y por todo tipo de limitaciones socio
económicas en cuanto a la rehabilitación. La mayoría de
los recursos para la asistencia a los sobrevivientes están destinados a
los cuidados médicos de emergencia y a la rehabilitación
física, mientras que las actividades enfocadas al apoyo psicosocial y a
la reintegración económica, son bastante
limitadas.[223]
En respuesta a la inadecuada asistencia a los sobrevivientes, el gobierno
lanzó un Programa de Asistencia para Víctimas y Prevención
de Accidentes de Minas en el 2001. El componente de asistencia a
víctimas del programa incluye cuidados médicos,
rehabilitación, reintegración educativa y vocacional y
accesibilidad al ambiente
físico.[224]
En mayo de 2003, Colombia reportó que el costo promedio para el
transporte de un sobreviviente de minas era US $2.668, para la terapia US $517 y
para una prótesis US
$25.000.[225]
El personal militar tiene acceso a programas de rehabilitación
física y de apoyo
psicosocial.[226] El Centro de
Amputados del Hospital Militar Central en Bogotá, reporta que en el
año 2003, fueron registrados 69 amputados por arma de
guerra,[227] incluyendo
sobrevivientes de minas.
Existen cinco centros principales que ofrecen rehabilitación
física y prótesis para los sobrevivientes de minas y para otras
personas con discapacidades en Colombia: el Hospital Militar de Colombia en
Bogotá; el Centro Ortopédico San Juan Bautista en Bucaramanga,
Santander; el Comité de Rehabilitación de Antioquia en
Medellín; la Fundación REI en Cartagena, Bolívar; y el
CIREC (Centro Integral de Rehabilitación de Colombia) en Bogotá.
Otro punto de ayuda está ubicado en Santa Marta, Magdalena, donde un
amputado francés Jean-Charles Dérien fundó la
Fundación ‘El derecho a caminar’. Dicha fundación ha
producido 43 prótesis gratis para niños y Dérien
está trabajando para crear un centro de rehabilitación para
amputados de guerra.[228]
El CIREC (Centro Integral de Rehabilitación de Colombia) proporciona
servicios de rehabilitación integral a amputados y otras personas con
discapacidades, produciendo un promedio de 500 prótesis de miembros
inferiores y 3,000 órtesis anuales, así mismo brinda servicios
médicos, terapia ocupacional y física, apoyo psicosocial,
oportunidades de educación, y asistencia económica si es
necesario. Los habitantes rurales con recursos económicos limitados
constituyen el 90% de los sobrevivientes de minas, el 60% son hombres cabeza de
familia entre los 20 y los 40 años de edad. Casi la mitad (45 %) de los
empleados del CIREC son personas con
discapacidad.[229] La Agencia
Internacional de Desarrollo Sueca (SIDA), a través de “Estrella de
Esperanza Internacional” (Star of Hope Internacional), ha apoyado al CIREC
desde 1985.[230] Otros donantes
en el 2003 incluyen la OIM.
En mayo 8-11 de 2003, en el Segundo Encuentro Nacional de Asistencia a
Víctimas del CIREC, un total de 220 personas, incluyendo 60
sobrevivientes de minas, participaron en talleres sobre liderazgo,
rehabilitación comunitaria, tecnologías, derechos de los
discapacitados, artes, y otros
temas.[231] En septiembre de 2003,
el CIREC en asocio con la CCCM, atendió siete sobrevivientes de minas
quienes vinieron del departamento de Bolívar, donde no hay programas de
asistencia del gobierno. En enero de 2004, el CIREC atendió otros 16
sobrevivientes de minas que fueron traídos a Bogotá por la CCCM
con el apoyo de la OIM, la cadena supermercados Mercadefam S.A. y la ONG Paz y
Democracia. De acuerdo con la Ley 418 de 1997, se le pidió al gobierno
que asumiera los costos de esta asistencia. El programa de liderazgo comunitario
“Semillas de Esperanza” del CIREC, pretende empoderar personas con
discapacidades, incluyendo los sobrevivientes de
minas.[232] A finales de enero de
2004, los equipos y coordinadores regionales del programa, incluyendo grupos
indígenas, presentaron y discutieron sus proyectos en una reunión
nacional que se llevó a cabo en el CIREC en Bogotá. Los
sobrevivientes de minas participantes del programa hicieron presentaciones en
los seminarios regionales de acción contra minas que se llevaron a cabo
en Perú (agosto 2003) y Ecuador (agosto 2004).
El taller ortopédico de la Fundación para la
Rehabilitación Integral –REI- en Cartagena, Bolívar, es
respaldado por Handicap Internacional (HI). La Fundación REI se enfoca en
la prevención, rehabilitación y reintegración de personas
discapacitadas. Un proyecto de rehabilitación comunitaria fue empezado en
el 2000. En el 2003, HI capacitó a profesores y trabajadores
comunitarios en Cartagena para facilitar el acceso de personas con discapacidad
a los servicios de salud. El programa HI también provee prótesis,
apoyo psicosocial y cuidados domiciliarios, y es apoyado por las embajadas del
Canadá y Suiza, y por la Agencia de Cooperación Internacional de
Bélgica.[233]
En abril de 2002, la ONG italiana Movimondo dio inicio a un proyecto de
rehabilitación comunitaria en dos barrios de Cartagena y en los
municipios de Carmen de Bolívar y Magangué en el departamento de
Bolívar, para personas heridas en el conflicto armado. En el 2003,
Movimondo tuvo dos proyectos, uno fue un proyecto de atención primaria de
salud y de rehabilitación integral para víctimas de la violencia,
beneficiando 252 familias en Tumaco, Nariño y en Buenaventura, Valle del
Cauca. El segundo, se enfocó en rehabilitación en tres municipios
del departamento de Bolívar para fortalecer la capacidad de las
instituciones locales para responder de una mejor manera a las necesidades de
las personas con
discapadades.[234]
El CICR facilita el acceso a los cuidados médicos especializados para
civiles heridos de guerra y provee información sobre derechos y
asistencia disponible. Cuando no hay asistencia disponible, el CICR remite los
casos de modo que puedan recibir rehabilitación, transporte, alojamiento
y alimentación. El CICR no cuenta con instalaciones propias para la
rehabilitación, pero tiene acuerdos con el CIREC y el Hogar de San Felipe
Nieri. En el 2003, el CICR permitió el tratamiento de 48 heridos de
guerra, remitió 368 al servicio de salud nacional, y respaldó la
rehabilitación física de otros 18 herido de guerra. En el 2002, el
CICR manejó cuatro unidades de salud móviles y facilitó el
acceso a los servicios especializados de salud para 304 civiles heridos de
guerra.[235] No se sabe si alguno
de ellos era sobreviviente de minas. En Santander, el CICR sostuvo 23 heridos de
guerra en el 2002 y ocho en el
2003.[236]
Un Directorio de Servicios de Rehabilitación en Colombia fue publicado
en mayo de 2003, como una iniciativa conjunta del CIREC, el Monitor de Minas
Terrestres, la Red de Sobrevivientes de Minas (LSN) y el Canadá. El
directorio cubrió quince departamentos y 66 municipios seriamente
afectados por minas. El CIREC también lanzó “Las Minas
Antipersonales: un rompe-cabezas por armar – Diagnóstico de la
rehabilitación de los sobrevivientes en Colombia). El estudio,
respaldado por Canadá, Noruega y el LSN, fue llevado a cabo para
entender mejor las necesidades de los sobrevivientes de minas y
MUSE[237]
Otras iniciativas para apoyar los sobrevivientes de minas y MUSE incluyen
planes de desarrollo en el departamento de Bolívar con un componente de
asistencia a víctimas y un comité de asistencia a víctimas
en el departamento de Sucre.[238]
En Antioquia, un comité ofrece rehabilitación y prótesis a
sobrevivientes de minas remitidos por la CCCM y los hospitales de
Medellín, cargando los costos al FOSYGA (Fondo de Garantía y
Seguridad Social).[239] En algunos
casos, los gobiernos departamentales han proporcionado los recursos para
facilitar la reintegración de los sobrevivientes. En Magdalena, el
gobierno departamental contribuyó con US $1.200 para apoyar el reintegro
de dos sobrevivientes de
minas.[240]
En Antioquia y Cauca, las ONG Paz y Democracia y Fundemos ofrecen asistencia
legal y educativa a los sobrevivientes de minas, con el apoyo de la
UNICEF.[241] El Hogar Jesús
de Nazareth con la cooperación de la Fundación Mujeres en Pie y de
Christoffel Blindenmission (CBM) ha respaldado la rehabilitación de 20
sobrevivientes de minas y MUSE. La OIM también proporciona profesionales
de la salud para que atiendan a los
sobrevivientes.[242] En Santander,
el taller ortopédico Juan Diego Restrepo provee prótesis a las
Fuerzas Armadas y el taller ortopédico Everardo Rojas provee
prótesis y órtesis al Hogar Jesús de
Nazareth.[243] El Hospital
Universitario Ramón González Valencia en Bucaramanga, Santander,
atendió a 12 víctimas de minas de Bolívar, Arauca, Norte de
Santander, Cesar, y Santander, en el
2003.[244] La asociación
Confepaz apoya 400 ex-soldados y guerrilleros desmovilizados; muchos
están discapacitados. La asociación proporciona asesoría
laboral, ayuda legal, y apoyo psicosocial a veteranos de ambos
lados.[245] En el 2002 la ONG
Corpojurídica ofreció asistencia legal a 15 sobrevivientes de
minas.[246] En Bolívar, la
asociación “Por un Hombre Nuevo,” con la colaboración
del gobierno departamental y la iglesia, organizó talleres y
entrenó equipos para darles apoyo psicosocial a los sobrevivientes en
numerosos municipios. [247]
Los días 12-14 de noviembre de 2003, la Vicepresidencia respaldada por
la OEA y la Universidad de James Madison(EEUU), realizó un seminario
regional sobre asistencia de víctimas, en Bogotá. Asistieron
representantes de Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, OEA,
Universidad James Madison, CIDHG, PNUD, CCCM y
CIREC.[248]
Dos sobrevivientes de minas colombianos participaron en el programa Alzando
las Voces en el 2001.[249]
Colombia presentó el Formulario J con sus informes del Artículo
7, con información detallada de las actividades de asistencia a
víctimas.
Política y Práctica de Discapacidad
Colombia cuenta con una legislación que protege los derechos de las
personas con discapacidad incluyendo a los sobrevivientes de accidentes por
minas.[250] La efectividad de
dicha legislación es limitada por la poca capacidad que el sector salud
tiene para reaccionar, la falta de coordinación intersectorial y la falta
de liderazgo institucional[251]
Los civiles víctimas de minas antipersonales y MUSE tienen el derecho
a recibir servicios, subsidios y asistencia, de acuerdo con la Ley 418 de 1997,
la cual establece la obligación del Estado para atender a las
víctimas de la violencia política. La Ley 418 fue extendida y
modificada por la Ley 548 de 1999 y extendida nuevamente por le Ley 782 de 2002.
La indemnización en forma de beneficios y subsidios es disponible en
diferentes niveles. El fondo FOSYGA, a través del Ministerio del
Interior, debe hacerse cargo de los subsidios de transporte, asistencia
hospitalaria, médica y quirúrgica de las víctimas de la
violencia política; así como de la rehabilitación
física y psicológica durante un año, pudiendo extenderse
seis meses más; y, si no se está afiliado a un fondo de pensiones,
la víctima recibirá una compensación permanente por
discapacidad o muerte.
A través de la Red de Solidaridad Social, las víctimas de la
violencia política tienen derecho a recibir asistencia por discapacidad
permanente, indemnización por muerte, asistencia por heridas o
pérdidas materiales sin discapacidad permanente, educación para
los hijos de la víctimas y asistencia en la obtención de
créditos. Las víctimas también tienen derecho a recibir
subsidios de vivienda a través del Ministerio del Medio Ambiente,
Desarrollo Territorial y de Vivienda, servicios del Sistema Nacional de
Aprendizaje, servicios a través del Fondo de Inversión para la Paz
y los niños hijos de las víctimas de la violencia política
tienen derecho a ser atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Colombia reportó que, según la base de datos del Observatorio
del 28 de febrero de 2004, la Red de Solidaridad Social ha entregado beneficios
a 79 sobrevivientes de minas y Fisalud, a 155 sobrevivientes.
Muchos sobrevivientes de minas no están al tanto de los servicios y
beneficios disponibles para ellos. En el 2003, Paz y Democracia publicó
una guía de procedimientos para acceder al sistema de salud y a la
asistencia humanitaria, para las víctimas de minas y MUSE; la guía
contiene las Leyes
pertinentes.[252] Esta
publicación tiene el propósito de complementar la
“Guía de asistencia a víctimas producida por el
Observatorio, la cual incluye los derechos y procedimientos disponibles a
través de FOSYGA y la Red de Solidaridad Social.
[1] En el 2002, el salario mensual mínimo
era aproximadamente US $110 (309.000 pesos Colombianos). El Monitor de Minas
Terrestres (Landmine Monitor) usó la tasa de conversión US$1 =
2,800 pesos (mayo de 2003). Ver CIREC, “Las Minas Antipersonal, un
rompecabezas para armar. Diagnóstico de la rehabilitación de los
sobrevivientes en Colombia,” Bogotá, abril 2003, p.
37. [2] La Ley también provee para
que las Misiones Humanitarias Nacionales verifiquen los hechos y hagan
recomendaciones (Artículo 10) y para que las Misiones Internacionales
Determinen los hechos (Artículo
12). [3] La OEA y la Universidad de James
Madison (EEUU) apoyaron el evento. Ver Presidencia de la República,
“Expertos internacionales sobre minas antipersonales se reúnen en
Bogotá,” 11 noviembre 2003. [4]
Dr. Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de
Colombia, Apertura del Foro Regional de Víctimas de Minas Antipersonal,
Bogotá, 12 noviembre 2003. Participantes de Argentina, Canadá,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Perú, los EEUU, OEA, el GICHD y PNUD
participaron. [5] Correo electrónico
de Jackie Hansen, Program Officer, ICBL, 1 abril 2004; Carta a Jackie Hansen,
ICBL, de Gabriela Febres Cordero de Moreno, esposa del Embajador de Colombia en
EEUU, 5 abril 2004. [6]
“Vicepresidencia convoca a medios a foro de minas antipersonales,”
ANCOL (Bogotá), 15 abril 2002; “Palabras del Director del Programa
Presidencial en Clausura del Foro,” ANCOL, 17 abril
2002. [7] Ver artículo 7 del reporte
presentado: mayo 27 de 2003 (cubriendo el periodo del 1 marzo 2002 al 30 abril
2003 y los 21 anexos); agosto 6 de 2003 (para el periodo del 1 septiembre del
2001 al 30 de abril de 2002); y marzo 15 del 2002 (para el periodo del 1 de
marzo al 31 de agosto de 2001) el reporte inicial debía ser entregado el
28 de agosto de 2001. [8] Comentarios orales
del comité sobre Estado General y Operación de la
Convención, Ginebra, 25 junio de 2004. Monitor Minas Terrestres
(Landmine Monitor) notas HRW. [9] En
septiembre de 2000, UNICEF Colombia y CCCM presentaron un reporte de
61páginas sacado del Monitor de Minas Terrestres e investigaciones
adicionales, titulado “Sembrando Minas, Cosechando Muerte”. La CCCM
también asistió al establecimiento de la Comisión Nacional
de Acciones Contra Minas, CINAMA. [10] Los
departamentos son Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Cuaca,
Caquetá, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta,
Nariño, Santander y Norte de Santander. Ver también CCCM, Proyecto
de Fortalecimiento de las Acciones de la Sociedad Civil, OIM, Bogotá,
octubre 2003. [11] Los miembros de la
Alianza incluyen varias ONG nacionales tales como la Asamblea Permanente de la
Sociedad Civil por la Paz, la Asociación Latinoamericana para los
Derechos Humanos (ALDHU), la Fundación Cultura Democrática e
INDEPAZ. [12] Correo electrónico de
Luis Alfonso Fajardo Sánchez, Alianza, 9 enero de
2004. [13] ICBL, “Campaña
deplora uso continuo de minas en Colombia, Comunicado de Prensa, 28 enero
2004. [14] Grupos paramilitares operan con
la tolerancia y el apoyo de unidades del Ejército colombiano. Ver Human
Rights Watch, The “Sixth” Division: Military-Paramilitary Ties y
U.S. Policy in Colombia, (New York: Human Rights Watch, septiembre de
2001). [15] Ver por ejemplo:
declaración de Julio Enrique Ortiz Cuenca, embajador colombiano en
Nicaragua, Tercera Reunión de Estados Parte, Managua, 19 Septiembre de
2001; Declaración de Nicolás Rivas, Representante Diputado
Permanente de Colombia en las Naciones Unidas, en el debate general del Primer
Comité, Sesión 58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Nueva York, 15 octubre 2003. [16] El ELN
también propuso una amnistía general para prisioneros
políticos y prisioneros de guerra y un cese al fuego bilateral y
temporal. Ejército de Liberación Nacional, Comando Central,
“Foro Internacional Minas Antipersonales, ANE y Acuerdos
Humanitarios,” Montañas de Colombia, 4 junio de
2004. [17] Presidencia de la
República, “Intervención del Vicepresidente en Foro
Internacional: minas antipersonal,” Bogotá, 4 junio de 2004. Ver
también, Llamamiento de Ginebra, “Cuando la pelea contra las minas
revive esperanzas de paz en Colombia,” Especial en Colombia, junio de
2004; Llamamiento de Ginebra y Campaña Colombiana Contra Minas,
Bogotá y Ginebra, 8 junio de
2004. [18] Correos electrónicos de
Álvaro Jiménez Millán, Coordinador, CCCM, 23 y 24 mayo
2003; Entrevista con Mehmet Balci, Director Regional para el Medio Este y
Europa, Llamamiento de Ginebra, 15 mayo de 2003; Correo electrónico de
Mehmet Balci, Llamamiento de Ginebra, 1 julio de
2003. [19] Llamamiento de Ginebra ,
“Pilot mine action zone planned for Bolivar region of Colombia,”
Noticias de ANE, Vol. 2 Número 1, enero 2004, p.
5. [20] CCCM, Comunicado No. 010,
“Foros regionales sobre minas antipersonales, actores armados no estatales
y acuerdos humanitarios en Antioquia y Santander,” Bogotá, 20
agosto de 2004. [21] CCCM, Elizabeth
Yarce, “ELN revisa propuesta de paz del Gobierno,” El Colombiano
(Medellín), 21 agosto de 2004; “El Ejército de
Liberación Nacional (ELN) anuncia un estatuto humanitario,” El
Tiempo (Bogotá), 20 agosto 2004; “Líderes del ELN dicen que
quieren buscar acuerdos de paz,” El Universal, 21 agosto
2004. [22] “Apoyan paramilitares
plan de desminado en zona norte de Colombia,” Notimex (Bogotá), 27
agosto de 2004. [23] Comisión
Humanitaria de Antioquia, Acta de Posesión, Palabras del señor
Gobernador Aníbal Gaviria Correa, Medellín, 3 septiembre de
2004. [24] Glemis Mogollón V.,
“AUC, a favor de la comisión humanitaria,” El Colombiano, 7
septiembre 2004. Coordinador Nacional CCCM, Álvaro Jiménez
Millán, es un miembro de la
comisión. [25] Entrevista con
Andrés Goyeneche, Asesor, Observatorio de Minas Antipersonal,
Bogotá, 23 abril de 2004. [26]
Yilberto Lahuerta Percipiano e Ivette María Altamar, Oficina de Estudios
Económicos, “La erradicación de minas antipersonales en
Colombia: Implicaciones y Costos,” Documento de Archivos Económicos
178, Oficina de Justicia y Seguridad, Departamento de Planeación
Nacional, 1 marzo de 2002, p. 3. [27]
Reporte de Artículo 7, Formulario E, 15 Marzo 2002. Ver también
PAAV, “Reporte enero 2002,” p.
10. [28] Carta del Comando General de las
Fuerzas Armadas, 21 enero 2000. [29]
Entrevista con el Ingeniero Sergio Rodríguez, Segundo Administrador
Técnico, INDUMIL, 5 julio de 2000 y 24 julio de
2001. [30] Carta del Comando General de la
Fuerzas Armadas, 21 enero 2000. [31]
Observatorio de Minas Antipersonales, “Minas Antipersonales en
Colombia,” diciembre de 2001, p.
5 [32] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Frecuencia de Eventos,” 1990 al 1 de septiembre
2004. [33] “Las zonas minadas en
Colombia,” El Tiempo, 29 septiembre
1998. [34] Formato de registro de minas
almacenadas de la Marina colombiana, presentación por la Marina en
“Minas Antipersonales: Colombia y la Convención de Ottawa,”
Seminario, Bogotá, 27 febrero de
2001. [35] Cuatro M48 minas checoslovacas
fueron incluidas en un evento de destrucción el 30 Octubre de
2003. [36] Marina americana, armamento,
municiones y químicos (USAMCCOM), Carta a “Human Rights
Watch”, 25 agosto de 1993 y tablas estadísticas adjuntas; Agencia
de Asistencia a la Seguridad de Defensa Americana (US Defense Security
Assistance Agency), Ventas Militares al Extranjero de Minas Antipersonales, FY
1983-1992. [37] Informe de Artículo
7, Forma B, 30 abril de 2003. [38]
“Cuando el río suena,” Revista Cambio (Bogotá), 29
octubre 2003. [39] “Desmantelan en
Panamá red de traficantes de armas para Colombianos,” Notimex
(Panamá), 16 mayo 2003. [40]
“Policía desmantela depósito de minas antitanque de las
FARC,” (Bogotá), 2 octubre
2002. [41] Informe del Artículo 7,
Formulario B, 30 abril 2003. El Ministerio de Defensa está autorizado
para conservar hasta 1.000 minas antipersonales para entrenamiento y desarrollo,
de acuerdo con la Ley 554, Ratificación de Legislación Colombiana.
El informe no proporciona información sobre los tipos de minas
conservadas. [42] Informe del
Artículo 7, Formulario B, 15 marzo 2002; Informe Artículo 7,
Formulario B, 6 agosto 2002. [43] Un
número de minas no reportadas previamente por Colombia, fueron listadas
en el reporte, incluyendo las minas M-18, HE, A-1, M-3, M-21, ATM-19, y
MAT-2. [44] Formato de registro de minas
almacenadas de la Marina colombiana, presentación por la Marina en
“Minas Antipersonales: Colombia y la Convención de Ottawa,”
Seminario, Bogotá, 27 febrero de 2001. Correcciones posteriores a este
documento fueron proporcionadas al investigador del Monitor de Minas Terrestres
en julio de 2001. Esto incluyó 2.194 minas MN-MAP-1; 1.986 minas
AP-SOPRO; y 14 minas M-14. Ver Reporte de Monitor de Minas Terrestres (Landmine
Monitor Report) 2001, pp. 309-310. [45]
Informe del Artículo 7, Formulario B, 30 abril 2003, pp.
14-35. [46] Informe del Artículo 7,
11 mayo 2004, p. 25. [47] Informe del
Artículo 7, 11 mayo 2004, p.
27. [48] “Destrucción de
minas almacenadas en Colombia,” Presentación al Comité en
Destrucción de Almacenamiento, 24 junio
2004. [49] Carta No. 24828 MDAI del
Ministro Nacional de Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría al
Vicepresidente Francisco Santos Calderón, fechada 3 septiembre 2004,
enviada al Monitor de Minas Terrestres (MAC) por Emersson José Forigua
Rojas, Asesor, Director de Asuntos Internacionales, Ministerio Nacional de
Defensa, 5 octubre 2004. [50]
Ibíd. [51]
Ibíd. [52] Informe del
Artículo 7, 11 Mayo 2004, pp. 23-27 y Formulario B, pp.
54-57. [53] Informe del Artículo 7,
Formulario B, 30 abril de
2003. [54]Oficina del Vicepresidente y
Ministerio de Defensa, Comunicado de Prensa Articulado, “Colombia empieza
Programa de Desminado,” Bogotá, 26 junio de 2003; “Militares
inician destrucción de 23.451 minas antipersonales,” EFE
(Bogotá), 27 junio de 2003. [55]
Estas minas han sido almacenadas por la Fuerza Aérea (356 minas), la
Marina (294 minas) y el resto por el Ejército. La OEA no certificó
la destrucción de las 1.152 minas MAP-2 pues mostró que estas
minas de práctica no contenían explosivos. Entrevista con
Andrés Goyeneche, Asesor, Observatorio de Minas Antipersonales,
Bogotá, 23 abril 2004. [56] CCCM,
Comunicado de Prensa N° 002, Bogotá, 31 mayo
2004. [57] CCCM, Comunicado de Prensa
N° 008, Bogotá, 16 julio
2004. [58] CCCM, Comunicado de Prensa
N° 011, Bogotá, 31 agosto
2004. [59] Declaraciones por Col.
Páez, Director, Ingeniería, Fuerzas Armadas, en una reunión
con CINAMA, CCCM y representantes del Llamamiento de Ginebra, 22 enero
2004. [60] Carta del Ministro Nacional de
Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarria, fechada el 3 de septiembre de 2004. El
total de 391 difiere de la información proporcionada al Monitor de Minas
en la reunión del 22 de enero de 2004. En esa fecha, las Fuerzas Armadas
reportaron que un total de 151 minas fueron destruidas en el batallón
Bejarano Muñoz en Urabá; 154 minas fueron destruidas en el
batallón de Cartagena; y 10 minas fueron destruidas en el batallón
de Alta Montaña en Usme, Cundinamarca. El tipo de minas y las fechas de
destrucción exactas no estaban disponibles. Declaraciones del Cor.
Páez, Fuerzas Armadas, en una reunión con CINAMA, CCCM y
representantes del Llamamiento de Ginebra, 22 enero
2004. [61] Carta del Ministro Nacional de
Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarria, fechada el 3 de septiembre de
2004. [62] Observatorio de Minas,
“Bolívar,” Boletín Regional No. 2, enero 2003, p. 9;
Carta del General Nelson Mejía Henao, Administrador General, INDUMIL, a
Bernardo Ortiz Bravo, Viceministro de Defensa, No. 16971 G-OJ-016 fechada el 6
noviembre de 2000. La carta menciona el Acta 188, 2 julio
1999. [63] Informe del Artículo 7,
Formulario D, 11 mayo 2004, pp.
65-66. [64] Observatorio de Minas,
“Frecuencia de eventos, 1990 al 1 septiembre
2004.” [65] Reporte proporcionado
por Brig. Gen. Germán Galvis Corona, Comandante V Brigada del
Ejército, Bucaramanga, 16 enero
2004. [66] El Colombiano, 18 mayo
2003. [67] “Caen 35 paramilitares en
Meta y Cundinamarca,” La Libertad (Barranquilla), 18 diciembre
2003. [68] “Hallan caleta con armas
en Caquetá,” El Colombiano, 26 febrero
2004. [69] Reportes en archivo con el
Monitor de Minas Terrestres. [70]
“Las zonas minadas en Colombia,” El Tiempo, 29 septiembre 1998, p.
13A. [71] Ministerio Nacional de Defensa,
“Infracciones de la Ley Internacional Humanitaria, por el uso de Minas
Antipersonales,” mayo 1997. [72] Ver
sección de este informe sobre Política Contra Minas, para la lista
de los participantes en el conflicto armado interno
colombiano. [73] Juanita León,
“Una Colombia más segura,” Semana (Bogotá), 22
diciembre 2003, p. 62. [74] Visitas de
campo de la CCCM a zonas afectadas por minas en Santa Rosa del Sur, San Pablo,
Bolívar, San Vicente de Chucurí, departamento de Santander y
Apartadó, en el departamento de Antioquia, noviembre 2000 a febrero
2001. [75] OEA, AICMA, Portafolio
2003-2004, agosto 2003, p. 6. [76]
Departamento de Estado de los EEUU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos, y
Prácticas, “Reportes Nacionales en Derechos Humanos y
Prácticas – 2000: Colombia,” febrero 2001, p.
42. [77] OEA, AICMA, Portafolio 2003-2004,
agosto 2003, p. 6. [78] Según el
Observatorio, de 638 accidentes relacionados con minas reportados en 2002, el
usuario responsable no fue conocido en más de las mitad de los accidentes
(283 o 45 %). Se piensa que las FARC es el probable responsable de 237
incidentes (37 %), seguido por el ELN, con 85 incidentes (14 %), “sin
identificación” 11 incidentes (2 %), y las AUC con siete eventos (1
%). Observatorio de Minas, “Frecuencia anual por autor de eventos por
MAP/UXO 1990-2002,” 9 junio
2003. [79] Observatorio de Minas,
“Situación de Minas Antipersonal al 1 de septiembre 2004,”
disponible en www.derechoshumanos.gov.co,
consultado el 4 de septiembre 2004. [80]
Informe de prensa de la Primera Brigada, Infantería Naval, Corozal, 25
febrero 2004. [81] Entrevista por
Álvaro Gómez, Coordinador CCCM en el Cesar, con el Sistema de
Alarma Temprana (SAT) Analista de Córdoba, Angélica Pimienta,
Valledupar, 15 febrero 2004. [82]
Reunión del equipo de acción contra minas UNICEF Colombia,
Bogotá, 10 marzo 2004. [83]
Entrevista con Adriana Córdoba, Coordinadora de Programa, Observatorio de
Minas Antipersonales, Bogotá, 21 abril
2004. [84] Defensoría del Pueblo,
Resolución Defensorial No. 24, “Situación de los derechos
humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de
la Serranía del Perijá,” Bogotá, 18 septiembre 2002,
p. 14. [85] Carta No.
150609/CGFM-EMC-JEOPC-DOPEC-441, “Respuesta oficio No. 13327 –
Resolución Defensorial No. 24, Minas antipersonal cerro ALGUACIL o
INARWA,” General Carlos Alberto Ospina Ovalle, Comandante en Jefe, Fuerzas
Armadas Colombianas, al Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe
Echavarría, Bogotá, 25 marzo
2004. [86] Andrés Peñate
Giraldo, Asuntos Políticos y Temática Internacional, Ministerio
Nacional de Defensa, Carta No. 381, al Dr. Carlos Franco Echavarría,
Director, Programa Presidencial en Derechos Humanos y Ley Internacional
Humanitaria, Bogotá, 20 abril 2004. El Monitor de Minas Terrestres tiene
copia de ambas cartas. [87] Consejo Social
y Económico de las Naciones Unidas, “Reporte de la UNHCR en la
situación de DDHH en Colombia,” Documento E/CN.4/2003/13, 24
febrero 2003, p. 59, disponible en
www.hchr.org.co. [88] Carta DM/DPM No.
29088 a Mary Wareham, Coordinadora Global de Monitor de Minas Terrestres, de la
Ministra Colombiana de Relaciones Internacionales Carolina Barco Isakson, 30
julio 2003. [89] Declaración
firmada por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
Antioquia, 5 enero 2001. [90] Carta de
Cesar Augusto Muñoz Lopera, Defensor del Pueblo de Apartadó, a la
CCCM, No. PMA-140, firmada el 14 de marzo de
2001. [91] Denuncia penal No. 01, No.
00021/DIV-BR17-DH-725, dirigida a José David Ibarra Contreras, Abogado
Estatal para la zona de Urabá, Carepa, Antioquia, 13 enero
2001. [92] Carta del Ministro de Defensa
Jorge Alberto Uribe Echavarria, fechadas el 3 de septiembre de
2004. [93] La Marina reportó tener
998 minas NM-MAP1 colocadas en un campo minado localizado en Cartagena Mamonal
(167 minas), Cerro La Pita (166), Cerro Mochuela (498), Cerro Tokio en Valle del
Cauca (93) y Cerro Mecana en Chocó (74). La Marina había
retraído sus tropas del Cerro Tokio y del Cerro Mecana. La Fuerza
Aérea tenía un total de 657 minas antipersonales NM-MAP1 en campos
minados localizados en el Cerro Pan de Azúcar (370 minas), Cerro La
María (101), Cerro Nuesa (100) y Cerro Manjui (86). Ver informe del
Artículo 7, Formulario C, primera y segunda tabla, 30 abril
2003. [94] Notas tomadas por el Monitor
de Minas (MAC) y declaración por escrito proporcionada al MAC por el
Col. Julian Cardona Montoya, Comité de Destrucción de
Almacenamiento, Ginebra, 30 mayo 2002. Un reporte de marzo de 2002, del
Departamento de Estado de EEUU estimó que los militares colombianos
conservaron aproximadamente 18.000 minas para defender posiciones
estratégicas. Departamento de Estado de EEUU, “Reportes Nacionales
en Prácticas de DDHH – 2001,” Colombia, Reporte presentado el
4 de marzo de 2002. [95] Las 8.414 minas
del Ejército eran: 2.023 APR M14, 1.538 minas plásticas, 1.587
Antipersonal M1, 865 Explosivas, 690 MAP, 514 M18, 437 M3A1, 311 Sopro, 207 MAP2
Indumil, 87 M16, 74 Indumil ATP, 53 M3, y 28 Explosivas M21. No se
reportó la locación de las bases, pero se especificó que
todos los campos minados fueron delimitados. Informe del Artículo 7,
Formulario C, primera Tabla, 6 agosto
2002. [96] Documento proporcionado por el
Observatorio de Minas al Monitor de Minas, Bogotá, 14 abril
2004. [97] Entrevista con Brig. Gen.
Germán Galvis Corona, Quinta Brigada del Ejército, 16 enero
2004. [98] “Uno de cada tres
soldados muertos este año en Colombia ha sido víctima de las minas
antipersonales,” El Tiempo, 6 marzo
2004. [99] FARC, “Partes militares y
de guerra.” Disponible en www.farcep.org , consultado el 30 de marzo de
2004. [100] FARC, “Partes
militares y de guerra.” Disponible en www.farcep.org , consultado el 30 de
marzo de 2004. [101] Entrevista con
Carlos Alberto Riaño, Director, DAS, Florencia, Caquetá, 13
febrero 2004. [102] Entrevista con Col.
Fredy Vargas Maldonado, Cuarta División del Ejército,
Villavicencio, 16 febrero 2004. [103]
Ibid. [104] CCCM entrevista con Carlos
Enrique Melo Valencia, Portavoz Municipal, El Dorado, Meta, 4 febrero
2004. [105] CCCM Entrevista con una
fuente que permanece anónima, El Dorado, Meta, 4 febrero
2004. [106] “Sigue tensión
en El Dorado,” El Tiempo (Región Oriente, Villavicencio), 6 febrero
2004. [107] “Oía salir la
sangre de mi pierna,” Llano 7 días (Villavicencio), 9 febrero
2004. [108] “Desactivan Minas en
Argelia,” El Tiempo, 21 febrero
2004. [109] Visita del Monitor de Minas
a Micoahumado, Bolívar, 14 marzo 2004. El Monitor de Minas observó
las señales de alerta. [110]
Información proporcionada por habitantes locales que prefieren permanecer
anónimos. Visita del Monitor de Minas a Micoahumado, Bolívar, 14
marzo 2004. [111]
Ibid. [112] Información
proporcionada por el Coordinador de la CCCM en Cesar, después de la
visita a la región y de las entrevistas con los habitantes locales y con
el portavoz del municipio de Codazzi, Casacará, Cesar, 26 marzo
2004. [113] “Desactivan campo
minado,” El Liberal (Popayán), 25 marzo
2004. [114] Oficina de la
Vicepresidencia, Observatorio de DDHH, Boletín de Prensa Semanal,
Bogotá, 31 marzo–6 abril
2004. [115] Información
proporcionada al Monitor de Minas Terrestres (MAC), marzo
2004. [116]
Ibid. [117]
Ibid. [118]
Ibid. [119] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Santander,” Boletín Regional No. 3, enero
2003, p. 8. [120] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Arauca,” Boletín Regional No. 4, febrero
2003, pp. 11-12. [121] Correo enviado al
Monitor de Minas Terrestres por Fernando Guevara, Asesor del Observatorio de
Minas, Bogotá, 27 abril
2004. [122] Rodrigo Hurtado,
“Caravana por el sur de Bolívar,” El Espectador
(Bogotá), 3 agosto 2001; Maribel Marin, “Un grupo humanitario con
37 españoles, atrapado en una zona de Combates en Colombia,” El
País (Madrid), 8 agosto 2001; “Nos quedamos aquí... vayan y
cuéntelo,” Caravana Internacional por la Vida en el Sur de
Bolívar, Bogotá, 20 Agosto 2001. In correo Wereldwijd (E-zine),
No. 81, 24 agosto 2001. [123] Ver
Informe de Prensa OEA C-234/03, “César Gaviria expresa
satisfacción por desmovilización en Colombia,” 26 noviembre
2003. [124] Colombia tiene 32
departamentos, y el distrito capital de Bogotá, DC. El Observatorio
continua e incorrectamente ha mencionado a Bogotá como un departamento
en su base de datos y ha omitido al departamento de San Andrés y
Providencia (Islas del Caribe). [125]
Informe del Observatorio de Minas, Bogotá, 26 enero
2004. [126] Informe del Observatorio de
Minas Antipersonales, “Frecuencia municipal de eventos por MAP/MASE, 1990
al 1 de septiembre 2004.” [127]
Un evento de minas antipersonales o artefactos explosivos abandonados es
definido por el Observatorio como todos los actos que ocurren o han ocurrido
bajo la sospecha o existencia de minas antipersonales o artefactos explosivos
abandonados. Los eventos con clasificados como accidentes o incidentes. Un
incidente no involucra víctimas humanas. Ver “ABC Minas
Antipersonal, Glosario” IMSMA base de datos, Observatorio de Minas
Antipersonales. [128] Lista preparara
por el Monitor de Minas Terrestres con base en los informes del Observatorio de
Minas Antipersonales, “Frecuencia departamental” y “Frecuencia
municipal de eventos por MAP/MASE,” 1990 al 1 de septiembre 2004.
[129] NU, “Portafolio de
Proyectos relacionados con minas 2003,” p.
88. [130] Defensoría del Pueblo,
Resolución Defensorial Humanitaria No. 10, “Minas
Antipersonal,” 1 marzo 2002, pp. 14-15; y Programa de Prevención de
Accidentes y Atención a las Víctimas por Minas Antipersonal,
“Reporte enero 2002,” p.
8. [131] El Monitor de Minas Terrestres
usa el acrónimo PAAV por conveniencia, aunque no es un acrónico
oficial. Administrado por la Vicepresidencia de la República, PAAV es
parte del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario. [132]
Informe del Artículo 7, Formulario A, 11 mayo 2004, p.
31. [133] Informe del Artículo 7,
Formulario A, 30 abril 2003. [134] Ibid,
p. 8. [135] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Concientización sobre Minas Antipersonales,”
Bogotá, marzo 2003. [136]
Observatorio de Minas Antipersonales, “Atención a las
Víctimas,” Bogotá, marzo
2003. [137] Ver boletines regionales de
Antioquia, Bolívar, Santander, Arauca, César, Putumayo y Norte de
Santander, fechados en diciembre 2002 a mayo
2003. [138] Informe del Artículo
7, Formulario A, 11 mayo 2004, p. 40; Informe del Artículo 7, Formulario
A, 30 abril 2003. [139] La
conversión de pesos colombianos a dólares americanos fue realizada
por el gobierno. Ver informe del Artículo 7, 11 mayo 2003, p.
40. [140] Informe del Artículo 7,
Formulario A, 11 mayo 2004, pp. 40-41; Decreto Regulatorio 3787, 26 de diciembre
2003 a Ley 848, 12 noviembre 2003, Gaceta Oficial, Bogotá, 12 noviembre
2003. [141] Entrevista con Adriana
Córdoba, Observatorio de Minas Antipersonales, 21 abril
2004. [142] Organizaciones que
participaron incluyen le Observatorio de Minas, el CICR, la Cruz Roja
Colombiana, la OEA, agencias de las Naciones Unidas (PNUD, UNICEF y UNHCR), OIM,
CCCM, CIREC, la Alianza Humanitaria y otras ONG. Actas de las reuniones de
Equipos del País, UNICEF Colombia, Bogotá, 10-25 marzo
2004. [143] Correo electrónico de
Beatriz Elena Gutiérrez Rueda, Coordinadora, Observatorio de Minas, 5
marzo 2003. (El Monitor de Minas tiene copia del acuerdo.) Ver también el
documento “Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica entre
el Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos relativo al Plan Nacional de
Acción Integral contra las Minas Antipersonal en Colombia,” 5 marzo
2003; “OEA y el Gobierno se unen para erradicar minas
antipersonales,” El Universal, 5 marzo
2003. [144] Actualización OEA
AICMA, Comité Remoción de Minas, Educación en Riesgos y
Tecnologías de Acción, junio
2004. [145] AICMA es el acrónimo
en español del Programa para la Asistencia de Acción Integral de
la OEA. OEA, Programa de Asistencia a la Acción Integral Contra las Minas
Antipersonal, Portafolio 2003-2004, agosto 2003, p.
7. [146] CCCM, “Visita de
Misión de Naciones Unidas a Colombia y Antioquia,” abril 2003.
Documento enviado por correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres
(MAC) por Álvaro Jiménez Millán, Coordinador, CCCM, 24
abril 2003. [147] Artículo 4 de
la Ley 759, 25 julio 2003. [148]
Entrevista con Adriana Córdoba, Observatorio de Minas Antipersonales, 21
abril 2004. [149] SNE, “Una mina
vale US$80 centavos; Quitarla cuesta US$500,” Presidencia de la
República-SNE, 5 marzo
2003. [150] Oficina de Estudios
Económicos, “La erradicación de minas antipersonales en
Colombia: Implicaciones y Costos,” Departamento de Planeación
Nacional, 1 marzo 2002, p. ii. [151]
Observatorio de Minas Antipersonales, “Eventos por Minas Antipersonal
(MAP) / Municiones Abandonadas sin Explotar (MASE),” 1990 – 1
septiembre 2004. [152] Oficina de
Estudios Económicos, “La erradicación de minas
antipersonales en Colombia: Implicaciones y Costos,” Departamento de
Planeación Nacional, 1 marzo 2002, p
9. [153] CCCM visita a Micoahumado, sur
del departamento de Bolívar, septiembre
2003. [154] OEA, AICMA, Portafolio
2003-2004, agosto 2003, p. 6. [155]
Entrevista con Ana Luisa Torres, Asesora de Emergencias Humanitarias,
Observatorio de Minas, Bogotá, 23 abril
2004. [156] Documento No. 7324
CGFM-ING-DH-DIH-725, General Mayor Jorge Ballesteros, Inspector General Fuerzas
Armadas, Bogotá, 17 marzo
2004. [157] Información
proporcionada al Monitor de Minas Terrestres por el Observatorio de Minas,
Bogotá, 23 abril 2004. [158]
Reporte presentado por el Capitán del Ejército Cepeda,
Reunió del Observatorio de Minas, Bogotá, 26 enero
2004. [159] Informe del Artículo
7, Formulario D, 11 mayo 2004, p.
70. [160] OEA, AICMA, Portafolio
2003-2004, agosto 2003, p. 6. [161]
Informe del Artículo 7, Formulario C y Anexo 16, 30 abril
2003. [162] “Los perros de la
guerra,” Semana (Bogotá), 10 octubre 2002; “Guerrilla emplea
minas antipersonales de plástico que no pueden ser detectadas,” El
Tiempo, 3 septiembre 2002; “Denuncian uso de minas explosivas de
plástico que no se detectan,” El Espectador (Bogotá), 5
septiembre 2002. [163] Notas tomadas por
el Monitor de Minas (MAC) y declaración escrita de Coronel Julián
Cardona Montoya, Comité de Destrucción de Almacenamiento, 30 mayo
2002. [164] Informe del Artículo
7, Formulario E, 15 marzo 2002. [165]
Álvaro Jiménez Millán, Coordinador, Campaña
Colombiana Contra Minas, en respuesta a cuestionario del Monitor de Minas,
Bogotá, 7 abril 2004. [166]
“Guerrilleros y AUC actúan como buenas personas,” Caracol
(Cartagena), 31 enero 2003; “ELN y AUC quitarán minas de
Morales,” El Tiempo, 4 febrero 2003. Un reporte indica que guerrillas de
las FARC, el ELN y el ERP estaban involucradas así como los
paramilitares. El otro reporte indica que eran sólo el ELN y los
paramilitares. [167] Actores
involucrados en ERM desde 1999 incluyen UNICEF, Observatorio de Minas, UNHCR,
Cruz Roja Colombiana, las gobernaciones de Antioquia, Santander, Cauca y
Bolívar, la Dirección del Sector de Salud, el Secretariado de
Gobierno, el Secretariado de Educación, alcaldías de algunos
municipios, la Asociación Scout de Colombia, la Arquidiócesis de
Popayán, INDEPAZ, REDEPAZ, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil
por la Paz, Corporación Paz y Democracia, CCCM, FUNDEMOS, la
Fundación “Mujeres en Pie,” entre otros
grupos. [168] OEA, AICMA, Portafolio
2003-2004, agosto 2003, p. 9. [169]
Correo electrónico de Jorge Valles, Oficina de Proyectos, UNICEF
Bogotá, 27 septiembre 2004. [170]
Entrevista con Diana Roa Castro, Minas y Protección, UNICEF Colombia,
Bogotá, 26 marzo 2004. [171]
Ibid. [172] Correo electrónico de
Juan Carlos Villegas, CCCM Antioquia, Medellín, 12 abril
2004. [173] Entrevista con Diana
Díaz y Adriana Leal, Coordinadora y Asistente General, Proyecto ERM,
Fundación Antonio Restrepo Barco, Bogotá, 23 marzo
2004. [174] Antioquia, Arauca,
Bolívar, Caldas, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó,
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Santander y Norte de
Santander. [175] Respuesta de la OIM al
cuestionario del Monitor de Minas, Bogotá, 6 abril
2004. [176] CCCM, de Fortalecimiento de
la Sociedad Civil, Informe del Primer Trimestre, Bogotá, diciembre
2003. [177] Entrevista con Jorge
Quesada, Coordinador de Proyectos, Semillas de Esperanza, 16 febrero
2004. [178] Respuesta al Monitor de
Minas, de Iván Molano, Director, Pastoral Social, Arquidiócesis de
Popayán, Cauca, 17 febrero
2004. [179] Respuesta al Monitor de
Minas, de Nancy Muñoz, Coordinadora, Observatorio de Minas
Antipersonales, Popayán, Cauca, 18 febrero
2004. [180] Entrevista con José
Raúl García, Director, Programa Nacional de Juventud, Cruz Roja
Colombiana, Bogotá, 17 febrero
2004. [181] Entrevista con Harold May,
Director Ejecutivo Nacional, Asociación de Scout de Colombia,
Bogotá, 16 febrero 2004. [182]
Respuesta al Monitor de Minas, de Jesús Hernando Paz, Popayán,
Cauca, 17 febrero 2004. [183] Correo
Electrónico al Monitor de Minas (MAC) de Héctor Castro Portillo,
Corpojurídica, 13 mayo
2003. [184] Informe del Artículo
7, Formulario I, 11 mayo 2004, pp.
85-97. [185] Informe del Observatorio de
Minas Antipersonales, Bogotá, 26 enero
2004. [186] Informe del Artículo
7, Formulario D, 11 mayo 2004, pp.
85-97. [187] Ibid, pp.
90-91. [188] “Misión
internacional en la costa del Caribe para hacer frente al peligro de las minas
antipersonales,” El Tiempo, 23 febrero
2004. [189] Informe del Artículo
7, Formulario I, 11 mayo 2004,
p.85. [190] Informe del Observatorio de
Minas Antipersonales,”Bolívar”,Boletín Regional No. 2,
enero2003, p. 2. [191] Naciones Unidas,
“Portafolio de Proyectos Relacionados con Minas 2003,” p.
89. [192] Correo electrónico de
Laurence Desvignes, Coordinador de Programa de Minas CICR, 26 julio
2002. [193] Incluyendo Hospital
Roosevelt, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, INDEPAZ, Scout y
REDEPAZ. NU, “Portafolio de Proyectos relacionados con Minas:
Colombia,” 2 mayo 2002. [194]
“Las armas de la guerrilla en televisión,” El Espectador
(Bogotá), 14 agosto 2002. [195]
Entrevista con Clara Marcela Barona, Oficina de Comunicaciones, UNICEF Colombia,
Bogotá, 10 mayo 2000. [196]
Informe del Artículo 7, Formulario A, Anexo 2, 30 abril 2003. La tasa de
conversión de US $ = 2,800 pesos (mayo 2003) fue usada. El presupuesto
fue dividido en cinco áreas de acuerdo con el plan nacional.
“Desminado humanitario para emergencias humanitarias” contó
con cerca del 80 % del total del presupuesto, con aproximadamente US $1.6
millones (4.47 billones de pesos) asignados para el 2003 y US $11 millones
(30.79 billones de pesos) para el periodo de 2003-2006. El siguiente gasto mayor
fue el “Plan de Acción Nacional” con US $550,000 (1.54
billones de pesos) asignados para el 2003 y US $1.6 millones (4.58 billones de
pesos) para 2003-2006. “Prevención de accidentes de minas”
fue presupuestado en US $200,000 (553 millones de pesos) para el 2003 y US
$900,000 (2.57 billones de pesos) para 2003-2006. “Manejo de
Información en Acciones de Minas” fue presupuestado en US $33,000
(92.5 millones de pesos) en 2003 y US $267,000 (748 millones de pesos) para
2003-2006. Finalmente, “Manejo de Cooperación Internacional”
fue presupuestado en US $16,000 (45 millones de pesos) para 2003 y US $60,000
(165 millones de pesos) para
2003-2006. [197] Informe del
Artículo 7, Anexo 2, 30 abril
2003. [198]
Ibid. [199] Informe del Artículo
7, Formulario A, 30 abril 2003. [200]
Informe del Artículo 7, Formulario A, 11 mayo 2004, pp. 40-41; Decreto
Regulatorio 3787, 26 Diciembre 2003, a Ley 848, 12 noviembre 2003,
Periódico Oficial, Bogotá, 12 noviembre
2003. [201] Entrevista con Mariany
Monroy, Coordinadora de Información, Observatorio de Minas,
Bogotá, 23 abril 2004. [202]
Ibid. [203] Grupo Contacto de
Movilización de Recursos, “Una revisión de los recursos para
alcanzar los propósitos de la Convención,” Tabla 2, p. 7,
presentado por Noruega en el Comité de Estado General y Operaciones de
la Convención, 25 junio
2004. [204] Informe del Artículo
7, Formulario A, 30 abril 2003. Los fondos serán asignados de la
siguiente manera: US $256,506 para administración y supervisión,
US $130,000 en educación preventiva, US $30,000 para entrenamiento de
personal colombiano, US $30,000 para asistencia a víctimas, US $30,000
para logística, y US $9,400 para otras
actividades. [205] Entrevista con Tammy
Hall, Coordinador, OEA AICMA Colombia, Bogotá, 18 febrero 2004. En
concordancia con el Informe del Artículo 7 de abril de 2003, la OEA
contribuyó con US $114,000. [206]
OEA, “Programa de Acción de Minas: Haciendo seguro el territorio
minado del Hemisferio Oeste,” Movilización de Recursos:
Proyección de los Recursos y Requerimientos Financieros 2003-2007, p. 6.
Presentado en el Comité de Estado General y Operaciones de la
Convención, 12 mayo 2003. [207]
Acciones Contra Minas de la Naciones Unidas “Emine” página
web, ver portafolio de proyecto para Colombia, en
www.mineaction.org. [208] Entrevista con
José Raúl García, Director, Programa Nacional de Juventud,
Cruz Roja Colombiana, Bogotá, 17 febrero
2004. [209] CCCM, Programa de
Fortalecimiento de las Acciones de la Sociedad Civil, Resumen y datos
técnicos, 057, Bogotá, octubre
2003. [210] Entrevista con Jorge
Quesada, Coordinador Proyecto “Semillas de Esperanza”,
Bogotá, 16 febrero 2004. [211]
Entrevista con Diana Díaz y Adriana Leal, Coordinadora y Asistente
General, Proyecto ERM, Fundación Antonio Restrepo Barco, Bogotá,
23 marzo 2004. [212] Excepto que se diga
lo contrario, toda la información de esta sección es tomada del
Observatorio de Minas, “Víctimas según estado de eventos por
MAP/MASE” y “Frecuencia víctimas según
condición por MAP/MASE,” 1990 – 1 de septiembre 2004. La base
de datos del Observatorio contiene información detallada de
víctimas de minas antipersonales y municiones abandonadas sin explotar
(MASE);sin embargo, el Monitor de Minas utiliza el acrónimo MUSE para
los dispositivos sin explotar. [213] Los
periódicos son El Tiempo (Bogotá), El Espectador (Bogotá),
El Colombiano (Medellín, Antioquia), El País (Cali, Valle del
Cauca), El Heraldo (Barranquilla, Atlántico) y Vanguardia Liberal
(Bucaramanga, Santander). Ver Observatorio de Minas Antipersonales,
“Eventos por minas antipersonal (MAP) / municiones abandonadas sin
explotar (MASE),” 1990 – 1 de septiembre
2004. [214] Por ejemplo, el Observatorio
reportó en junio de 2003 que hubo 530 nuevas víctimas de minas y
de MASE en el 2002. En septiembre de 2004, la figura ha aumentado a 626 nuevas
víctimas en el 2002. [215]
“Programa de Asistencia en Minas en Colombia/OEA,” Portafolio de
Programas de Asistencia a Víctimas de Minas Terrestres, septiembre 2002;
Informe del Artículo 7, Formulario A, 30 abril
2003. [216] Desde 1999, el Observatorio
registró un total de 5,274 eventos relacionados con minas de los cuales
1.557 fueron reportados como accidentes (30 %) y 3.717 como incidentes (70 %).
De los 1.557 accidentes, 1.436 fueron causados por minas antipersonales. El
Observatorio de Minas, “Eventos por minas antipersonal (MAP) / municiones
abandonadas sin explotar (MASE),” 1990 – 1 de septiembre 2004.
[217] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Víctimas según sexo y edad de eventos por
MAP/MASE,” 1990–1 de septiembre
2004. [218]
Ibíd. [219] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Frecuencia de víctimas por minas antipersonal
(MAP)/municiones abandonadas sin explotar (MASE),” 1990–1 de
septiembre 2004. [220]
Presentación del CIREC, Comité de Asistencia a Víctimas y
Reintegro Socio económico, 28 mayo 2002; Ver también Informe
Monitor de Minas (Landmine Monitor Report) 2001, p.
321. [221] Respuesta de Álvaro
Jiménez Millán, Coordinador Nacional, CCCM, al cuestionario del
Monitor de minas, Bogotá, 7 abril
2004. [222] Intervención de
Álvaro Jiménez Millán, Coordinador, CCCM, en el foro
regional de asistencia a víctimas, Bogotá, 12 noviembre 2003.
Los casos incluyen sobrevivientes en Morales, Bolívar; El Bagre y
Zaragoza, Antioquia; y Belén de Bajirá, Chocó. Entrevista
con un sobreviviente de minas en El Bagre, Antioquia, marzo
2004. [223] Programa de Asistencia a
Víctimas y Prevención de Accidentes de Minas (PAAV),
“Reporte enero 2002,” p.
2. [224] Para más detalles sobre
la implementación del PAAV. Ver Reporte del Monitor de Minas Terrestres,
(Landmine Monitor Report ) 2002, pp.
192-193. [225] Presentación de
Beatriz Elena Gutiérrez Rueda, Observatorio de Minas Antipersonales,
Comité en Asistencia a Víctimas y Reintegro
Socio-Económico, Ginebra, 13 mayo 2003; para más detalles sobre
gastos: Ver Informe del Artículo 7, Formulario J (“Marco legal para
la atención de víctima Civiles y sus familias,” pp. 51-60),
27 mayo 2003 e informe del Artículo 7, Formulario J, 11 mayo 2004, p.
106. [226] PAAV, “Reporte enero
2002,” p. 2. [227] “La
recuperación física y moral de los soldados heridos comienza en el
Hospital Militar Central,” El Tiempo, 6 marzo
2004. [228] Carlos Andrés
Jaramillo Palacios, “Jean Charles Derien, el francés de
Taganga,” El Espectador (Bogotá), 16 septiembre 2004; Entrevista
con Jean Charles Dérien, Santa Marta, Magdalena, 28 marzo
2004. [229] Presentación por
CIREC, Comité de Asistencia a Víctimas, 28 mayo
2002. [230] Correo electrónico de
Jeannette Perry de Saravia, CIREC, 23 septiembre
2004. [231] El evento se llevó a
cabo con el apoyo de UNICEF Colombia y Canadá. Correo electrónico
de Jeannette Perry de Saravia, CIREC, 24 mayo
2003. [232] Correo electrónico de
Jeannette Perry de Saravia, CIREC, 29 mayo 2003; para detalles sobre las
actividades en años previos Ver ediciones previas del Monitor de Minas
Terrestres (Landmine Monitor
Report.) [233] HI, “Informe de
Actividades 2003,” Bruselas, 15 julio 2004, p. 19. Para detalles sobre
actividades en años previos: Ver ediciones previas del Monitor de Minas
Terrestres (Landmine Monitor
Report.) [234] Movimondo,
“Assistenza primaria e sviluppo di soluzioni integrali di riabilitazione
per la popolazione disabile e vittima di violenze nella Colombia
sud-occidentale;” “Riabilitazione di disabili a causa del conflitto
armato nel departamento di Bolívar;” y Reporte Anual
2003. [235] Entrevista con Mauricio
Hernández, Asesor de Comunicaciones, ICRC, Bogotá, 5 abril 2004;
CICR Reportes Especiales, “Acciones de Minas 2003,” Ginebra, agosto
2004, p. 59; “Acciones de Minas 2002,” julio 2003, p.
36. [236] Carta enviada a CCCM
Santander, por André Junod, CICR, Bucaramanga, Santander, 10 febrero
2004. [237] Correo electrónico de
Jeannette Perry de Saravia, CIREC, 29 mayo 2003; CIREC, “Las Minas
Antipersonal, un rompecabezas para armar. Diagnóstico de la
Rehabilitación de los sobrevivientes en Colombia,” Bogotá,
abril 2003. [238] “Presentado a la
Asamblea Plan de Desarrollo de Bolívar,” El Universal, 5 marzo
2004; “Minas antipersonal causan inquietud en Sucre y
Bolívar,” El Universal (Sincelejo), 25 marzo
2004. [239] Carta de Juan Carlos
Villegas, CCCM Antioquia, Medellín, 12 abril
2004. [240] Certificado de Compromiso
del Gobierno de Magdalena, Santa Marta, 15 diciembre
2003. [241] Entrevista con Diana Roa
Castro, UNICEF, 26 marzo 2004. [242]
Correo electrónico de Guillermo Gil, CCCM Santander, Bucaramanga, 15
febrero 2004. [243]
Ibid. [244] Carta de Mauricio Sierra,
Oficina de Estadísticas, Hospital Universitario Ramón
González Valencia, Bucaramanga, 11 febrero
2004. [245] “Former foes in
Colombia’s civil war blaze peace trail,” Guardian (Londres), 5 junio
2003. [246] Correo electrónico de
Héctor Castro Portillo, Corpojurídica, 13 mayo
2003. [247] Observatorio de Minas
Antipersonales, “Bolívar,” Boletín Regional No. 2,
enero 2003. [248] Seminario Regional
sobre Víctimas de Minas Terrestres Antipersonales, Bogotá, 12-14
noviembre 2003, procedimientos y declaraciones disponibles en
maic.jmu.edu/conference/proceedings/2003Colombia/index.htm, consultado el 12
octubre 2004. [249] LSN, “Reporte:
Alzando las Voces; Programa de entrenamiento para abogar por los sobrevivientes
de minas terrestres,” 5-12 mayo
2001. [250] Excepto que se diga lo
contrario, la información es tomada del informe del Artículo,
Formulario J, 11 mayo 2004. Ver también Reporte del Monitor de Minas;
Landmine Monitor Report 2002, pp.
192-193. [251] CIREC, “Las Minas
Antipersonal,” abril 2003, p.
24. [252] Paz y Democracia,
“Guía de trabajo para seguir los requerimientos necesarios para
poder acceder al sistema de servicios de salud y para obtener asistencia
humanitaria, en los casos de víctimas de MAP y MUSE”
Medellín, junio 2003.
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