Hechos clave desde mayo de 2003: En 2003, España
proporcionó asistencia y financiación para la acción contra
las minas por valor de cerca de 1,2 millones de dólares. El personal
español de neutralización de municiones explosivas y de desminado
participó en operaciones para el mantenimiento de la paz en
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Irak y Kosovo. El Centro Internacional de
Desminado impartió cursos sobre desminado humanitario a 71 miembros del
personal operativo de Afganistán, Angola, Mozambique y Colombia.
Hechos clave desde 1999: El 1 de julio de 1999, Españase convirtió en un Estado Parte del Tratado sobre la
Prohibición de Minas. La legislación que prohíbe las minas
antipersonales se aprobó con anterioridad a dicha fecha, en octubre de
1998. El 3 de octubre de 2000, España concluyó la
destrucción de sus existencias de minas antipersonales, que se cifraban
en cerca de 850.000. En un principio, tenía la intención de
conservar unas 10.000 minas, pero en mayo de 2000 anunció que
reduciría esa cantidad a 4.000. En febrero de 2000, el Ministerio de
Defensa informó de que se habían retirado las minas antipersonales
estadounidenses almacenadas en Rota. Entre 1999 y 2003, España
contribuyó con cerca de 4,7 millones de dólares a la acción
contra las minas. En septiembre de 2001 se fundó el Centro Internacional
de Desminado, que desde entonces ha ido ampliando sus actividades.
Política sobre la prohibición de las minas
España firmó el Tratado sobre la Prohibición de Minas el
3 de diciembre de 1997 y lo ratificó el 19 de enero de 1999,
convirtiéndose en un Estado Parte el 1 de julio de 1999. En los
años anteriores, España había asistido a todas las
reuniones preparatorias del Proceso de Ottawa, pero se consideraba que no
apoyaba enérgicamente la prohibición de las
minas.[1]
La legislación que regula la prohibición de minas
antipersonales se aprobó en octubre de 1998, e incluía un anexo en
el que se establecía que las
sanciones penales exigidas por el Artículo 9 del Tratado se
desarrollarían en la nueva legislación
introductoria.[2] En el año
2001, España consideró que la legislación existente ya
contemplaba sanciones penales.[3]
El 30 de abril de 2004, España presentó a la ONU su informe
anual con arreglo al Artículo 7 del Tratado. Previamente, había
presentado cuatro informes conforme al Artículo
7.[4] Los informes correspondientes a
los años 2003, 2002 y 2001 iban acompañados del Formulario
Voluntario J a efectos de facilitar información sobre el financiamiento y
la asistencia para la acción contra las minas.
España ha asistido a todas las Reuniones Anuales de los Estados Parte,
además de haber participado regularmente, aunque no de un modo destacado,
en el programa de trabajo intersesional.
Durante las reuniones de los Comités Permanentes del Programa
Intersesional, celebradas en febrero de 2004, España indicó, como
prueba del compromiso asumido con respecto al Tratado, que había
finalizado el programa para la destrucción de sus existencias de minas
antipersonales, así como su asistencia a la acción contra las
minas.[5]
Durante la celebración de esa misma reunión, la
delegación española confirmó que España
seguía participando en las iniciativas encaminadas a universalizar el
Tratado sobre la Prohibición de Minas. España sigue la estrategia
de la Unión Europea (UE), consistente en asignar países objetivo a
cada Estado miembro de la UE; sin embargo, España no ha identificado los
países que ha elegido como
objetivo.[6] Durante su presidencia de
la UE en la primera mitad de 2002, España alentó a otros
países a unirse al Tratado, en especial durante los contactos
bilaterales.[7] La legislación
de 1998 incluye un preámbulo en el que el Gobierno declara que tiene la
intención de promover el Tratado y de incluirlo en la agenda de foros
internacionales.[8] El 8 de diciembre
de 2003, España votó a favor de la Resolución 58/43 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), que hace un llamamiento a la
universalización e implementación del Tratado sobre la
Prohibición de Minas. Desde 1996, cada año ha votado a favor de
las resoluciones de la AGNU que fomentan la prohibición de minas.
España rara vez ha participado en los exhaustivos debates que los
Estados Parte han mantenido durante la celebración de reuniones
intersesionales en materia de interpretación e implementación con
respeto a los Artículos 1, 2 y 3. Sin embargo, en otras ocasiones ha dado
a conocer sus opiniones y prácticas por lo que se refiere a a operaciones
militares conjuntas con Estados No-Parte, el mantenimiento de existencias de
minas extranjeras, y la transferencia de minas antipersonales y de minas
antivehículos provistas de detonadores sensibles o de mecanismos
antimanipulación.
El Ministerio no ha respondido a las preguntas formuladas por el Landmine
Monitor acerca de su posición sobre la legalidad de las fuerzas
españolas que participan en operaciones militares conjuntas con
países que no son miembros del Tratado sobre la Prohibición de
Minas y en las que se emplean minas antipersonales. Sin embargo, el 29 de
septiembre de 2003, un diputado catalán recibió una respuesta
escrita a una pregunta parlamentaria formulada específicamente con
relación a las tropas enviadas a
Irak.[9] El Gobierno respondió
que el personal militar español no estaba autorizado a utilizar minas
antipersonales bajo ningún concepto, que no se planificarían,
dirigirían ni llevarían a cabo operaciones en las que se
utilizaran minas antipersonales, y que ninguna de las fuerzas bajo mandato
español utilizaría minas antipersonales, salvo con arreglo a las
excepciones permitidas por el Artículo 3 del Tratado sobre la
prohibición de Minas.[10]
El Ministerio de Defensa ha declarado que no existen minas antipersonales
extranjeras en territorio español, incluyendo las instalaciones
estadounidenses en Torrejón, cerca de Madrid, y en Rota y Morón de
la Frontera, cerca de Cádiz. En febrero de 2000, el Ministerio de Defensa
afirmó que se habían retirado de Rota las minas antipersonales
estadounidenses prohibidas por el Tratado sobre la Prohibición de
Minas.[11]
Al ser preguntado sobre la posición del Gobierno con respecto a la
legalidad de un Estado extranjero que transfiera minas antipersonales por el
territorio español, el Ministerio de Defensa se refirió a la ley
de 1998, que especifica que «por "transferencia" se entiende, además
del traslado físico de minas hacia o desde el territorio nacional, la
transferencia del dominio y del control sobre las
minas.»[12]
España está en posesión de dos minas
antivehículos provistas de dispositivos
antimanipulación.[13] El
Gobierno ha considerado que la cuestión de las minas antivehículos
provistas de dispositivos antimanipulación debería abordarse en la
Convención sobre Armas Convencionales (CAC), mediante un nuevo
protocolo.[14] Sin embargo, la
legislación española por la que se implementa el Tratado sobre la
Prohibición de Minas no sólo prohíbe las minas
antipersonales, sino también «armas similares». La
Campaña para la Prohibición de Minas ha argumentado que, por
consiguiente, los dispositivos antimanipulación que puedan ser detonados
por la acción fortuita de una persona ya están prohibidos por la
ley española. El Gobierno ha interpretado la legislación de otro
modo, y ha excluido las minas antivehículos provistas de dispositivos
antimanipulación o de detonadores sensibles de la implementación
del Tratado sobre la Prohibición de Minas y de la presentación de
informes con arreglo al Artículo
7.[15]
España es un Estado Parte de la CAC y de su Protocolo II enmendado.
Asistió a la V Conferencia Anual de los Estados Parte del Protocolo,
celebrada en noviembre de 2003, y el 7 de noviembre de 2003 presentó el
informe anual con arreglo al Artículo 13 según lo requerido por el
Protocolo. En los años anteriores ha asistido a las conferencias anuales
de los Estados Parte, además de presentar informes. El Ministerio de
Defensa manifestó su apoyo con respecto a la regulación de los
restos explosivos de guerra, incluyendo medidas preventivas, con arreglo a la
CAC.[16] En este sentido, el 29 de
octubre de 2002, la Comisión de Defensa aprobó un Libro Verde en
el que se destaca la postura de España, según la cual
debería prohibirse el empleo de bombas racimo contra civiles,
además de aplicarse medidas técnicas que permitan la
neutralización, desactivación y autodestrucción de estas
armas.
Producción, transferencia y uso
La producción de minas antipersonales cesó oficialmente en mayo
de 1996, y la moratoria a la exportación de 1994 adquirió un
carácter definitivo en mayo de
1996.[17] Anteriormente,
España había sido productor de como mínimo cinco tipos
distintos de minas antipersonales, así como exportador de
minas.[18] España importaba
minas de Italia. En abril de 2001, España informó de que las
instalaciones de producción se habían decomisado o se
habían convertido a otros
usos.[19] La última vez que
España utilizó minas antipersonales fue en 1975, en la frontera
marrueca con lo que entonces era su colonia del Sahara occidental.
Mantenimiento de existencias y destrucción
España completó el programa de destrucción de
existencias de minas antipersonales el 3 de octubre de 2000, mucho antes de la
fecha límite prevista por la legislación nacional de octubre de
1998 que establecía un plazo de tres años, y de la fecha
límite del 1 de julio de
2003[20] establecida por el Tratado
sobre la Prohibición de Minas, que determinaba un período de
cuatro años. En 1998, cuando se aprobó la legislación
nacional, España estaba en posesión de 853.286 minas
antipersonales. El informe inicial de España presentado con arreglo al
Artículo 7 indicaba que entre julio de 1998 y diciembre de 1999 se
habían destruido 496.415 minas del tipo P-5, lo que significaba que
todavía quedaban 356.871 por
destruir.[21]
A finales de 2003, España conservaba 3.815 minas antipersonales,
según lo permitido por el Artículo 3 del Tratado, lo que
representaba 185 menos con respecto a las 4.000 que había a finales de
2002. No se informa de cómo se usaron tales
minas.[22] En un principio,
España tenía la intención de conservar 10.000 minas para
destinar a propósitos permitidos, pero durante las reuniones de los
Comités Permanentes de mayo de 2000 anunció que las
reduciría a 4.000 (3.784 del tipo P-5 y 216 del tipo P-4B). Dichas minas
se conservaron para ser empleadas en la formación en desminado y para el
proyecto de investigación
ANGEL.[23] Entre 2001 y 2002 no se
consumió ninguna mina, y el Ministerio de Defensa explicó que su
empleo en los programas de formación no conlleva su destrucción,
por lo que pueden utilizarse varias
veces.[24]
Asistencia y financiamiento para la acción contra las minas
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de noviembre de 2003,
España recalcó que la acción contra las minas debe seguir
siendo una prioridad internacional y que es imprescindible contar con un
financiamiento adecuado. El representante español explicó que
durante los últimos años España había aportado 15
millones de euros (más de 16 millones de dólares) para programas
de formación y de asistencia a las víctimas de minas,
además de haber facilitado equipos de desminado a varios
países.[25] No se facilitaron
los detalles de dicha contribución, que supera con creces las
estimaciones del Landmine
Monitor.[26]
España no ha indicado cuál fue el total global que en 2003
destinó al financiamiento para la acción contra las minas, pero el
Landmine Monitor estima que fue de 1.073.579€
(1.214.755$).[27]
En el año 2003, la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) aportó un total de 286.047€ (323.662$) para
varios programas de ayuda a las víctimas de minas, incluyendo:
Camboya: 75.398€ (85.313$) para un programa de ayuda a los
supervivientes de minas.
Kosovo: 135.649€ (153.487$) para un programa que incluye la
prestación de apoyo a las familias de las víctimas de minas.
Nicaragua: 75.000€ (84.863$) para la capacitación y la
reintegracion de los supervivientes de minas, a través de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA).[28]
Durante 2003, el Centro Internacional de Desminado impartió cursos de
formación en desminado humanitario a 71 miembros del personal operativo
de Afganistán, Angola, Mozambique y Colombia. También se
impartieron 14 cursos a militares españoles, incluyendo aquéllos
que se estaban preparando para servir en Afganistán, Bosnia-Herzegovina,
Irak y Kosovo. El coste total al que ascendieron los cursos en 2003 fue de
787.532€ (891.092$).[29] En
años anteriores se impartieron otros cursos similares, con el apoyo
técnico del Ministerio de Defensa.
En 2003, el personal español de neutralización de municiones
explosivas y de desminado participó en operaciones para el mantenimiento
de la paz en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Irak y
Kosovo.[30]
Además, en 2003, la comunidad autónoma de Asturias donó
8.000€ (9.052$) a la ONG española Acadica para la
fabricación de sillas de ruedas para los supervivientes de minas y otros
en Camboya. El Gobierno de Cataluña proporcionó 10.000€ y el
Ayuntamiento de Barcelona 6.000€ (6.789$) a la ONG Moviment per la Pau
(Movimiento por la Paz, MxP) para dos programas destinados a sensibilizar a
la población sobre el peligro de las
minas.[31]
En 2002, la AECI aportó 462.625€ (523.460$) para programas de
asistencia a las víctimas de minas de Angola y Honduras, y para cursos
impartidos por el Centro Internacional de
Desminado.[32]
Entre 1999 y 2003, España aportó alrededor de 4,7 millones de
dólares para la acción contra las minas: (1999: 1.187.447$; 2000:
935.000$; 2001: 667.221$; 2002: 688.467$; 2003: 1.214.755$). Sin embargo,
sólo se trata de estimaciones, puesto que no se ha informado con detalle
de la financiación aportada por España para la acción
contra las minas en cada uno de los años
indicados.[33]
Entre 1995 y 1998, España aportó alrededor de 2,3 millones de
dólares al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para la
Asistencia en Acciones de Desminado, a la OEA, y bilateralmente. La
financiación correspondiente al período comprendido entre 1995 y
2003 se concentró en Angola, Mozambique, América Central y
América del Sur. Parte de la financiación también se
dirigió a Kosovo (1999, 2000, 2001, 2003), Bosnia-Herzegovina (1999,
2000) y Croacia (1999). La AECI se constituyó en
1997.[34]
Para 2004, el Centro Internacional de Desminado espera ofrecer cursos en
desminado humanitario a estudiantes chilenos, colombianos y
rusos.[35] El Centro se
inauguró en 2001. Los cursos se imparten con el apoyo técnico del
Ministerio de Defensa. El Ministerio presupuestó 1.442.420€
(1.370.299$) para la infraestructura del Centro. En 2002, el Centro
impartió formación en desminado a personal de Afganistán,
Angola y Mozambique. La AECI aportó financiación por valor de
190.604€ (181.074$), mientras que la asistencia prestada por el Ministerio
de Defensa ascendió a un total de 414.712€
(403.462$).[36] En 2001, el Centro
impartió formación a personal de Líbano, Nicaragua,
Honduras, Costa Rica y Guatemala. No se indica la financiación para los
cursos impartidos en 2001.[37]
La política de España relativa a la financiación para la
acción contra las minas se estableció en enero de 2001, como
respuesta a una pregunta parlamentaria. Los criterios por los que se
regía la AECI incluían el concentrarse en programas de asistencia
a las víctimas, la cooperación entre el Gobierno y las ONG (en
especial las ONG españolas), el desminado en países prioritarios,
el empleo de desminadores locales, el fomento de la independencia de las
comunidades afectadas, y el colocar la limpieza de las minas dentro del contexto
de desarrollo económico y social. Los fondos destinados al desminado
debían restringirse a países que fueran miembros de pleno derecho
del Tratado sobre la Prohibición de Minas, además de
«demostrar una clara voluntad a favor del
desminado».[38]
La Campaña Española para la Prohibición de Minas y otras
ONG expresaron su preocupación por el bajo nivel de la
contribución gubernamental a los programas de acción contra las
minas. En septiembre de 2001, el Parlamento también instó al
Gobierno español a aumentar los recursos destinados al desminado, a la
asistencia a las víctimas y a la sensibilización sobre el peligro
que las minas representan.[39] Como
respuesta a ello, se creó el Centro Internacional de Desminado, que
desde entonces ha ido ampliado sus
actividades.[40]
Investigación y desarrollo
En 2001, se informó de que la empresa española GTD
Ingeniería de Sistema y de Software participaba en el proyecto
internacional ANGEL localizando y neutralizando minas antipersonales. En el
informe de España presentado con arreglo al Artículo 7 se indicaba
que el ejército español proporciona datos técnicos y otra
asistencia al programa. Algunas de las minas que España ha conservado con
arreglo al Artículo 3 del Tratado sobre la Prohibición de Minas se
emplean en el programa.[41]
Actividades emprendidas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Durante 2003, varias ONG y otras instituciones llevaron a cabo en
España actividades de sensibilización sobre el tema de las minas.
El 1 de octubre, la Fundació La Caixa organizó una jornada de
debate que contó con la asistencia de otras ONG, un representante del
Servicio de Acción Contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), y
supervivientes de minas. Este acontecimiento incluyó una
exposición fotográfica a cargo de Gervasio Sánchez,
«Vidas Minadas. Cinco años después», que pudo visitarse
todo el mes de octubre.
Acadica, en colaboración con el Servicio Jesuita a Refugiados,
emprendió un programa de asistencia a las víctimas en Camboya, que
incluía la provisión de educación y alojamiento para
niños discapacitados, así como la producción de 200 sillas
de ruedas para supervivientes de minas. El coste del programa, que
ascendió a 57.856€ (65.464$), fue cofinanciado por Acadica y el
Gobierno de Asturias. Acadica también transmitió mensajes de
sensibilización a través de emisoras de radio y televisión
locales. La ONG catalana Mestres per Bòsnia (Maestros por Bosnia)
llevó a cabo una campaña publicitaria de sensibilización en
2003. El Grup d’Estudis Pedagògics (Grupo de Estudios
Pedagógicos) lanzó un libro de cómics titulado Mines
antipersonal: l’últim pas (Minas antipersonales: el
último paso) con objeto de fomentar la participación de los
jóvenes en el tema de las minas, y presentó una exposición
y un audiovisual.
En 2003, MxP prosiguió con sus actividades de sensibilización
en las escuelas de Barcelona y de municipios cercanos. El 9 de septiembre de
2003, se organizó una conferencia de prensa para lanzar el Informe
del Landmine Monitor 2003 (acompañado de una traducción al
catalán del Resumen Ejecutivo). MxP también se unió a la
Coalición de las Municiones de Racimo.
En años anteriores, las ONG españolas habían emprendido
actividades para sensibilizar a la opinión pública, en concreto,
sobre la necesidad de prestar ayuda a los supervivientes de minas.
[1] España, por ejemplo, no
refrendó hasta más tarde la Declaración de Bruselas de
junio de 1997 en favor del Tratado, y durante las negociaciones de Oslo
lanzó la propuesta de que las minas antipersonales no se prohibieran en
aquellos casos en que la seguridad nacional exigiera lo contrario. El Tratado
contaba con un enérgico apoyo por parte de parlamentarios y del
público en general. Véase Landmine Monitor Report 1999, pp.
648–650. [2] «Ley de
prohibición total de minas antipersonales y armas de efectos
similares», Ley 33/1998, Boletín Oficial del Estado, n.º 239, 6
de octubre de 1998. La ley también prohíbe los sistemas de
transferencia de minas. [3] Véase
Landmine Monitor Report 2002, pp. 451-452.
[4] Véanse los informes presentados
con arreglo al Artículo 7 en las siguientes fechas: 30 de abril de 2004
(para el año natural 2003); 22 de octubre de 2003 (para el año
natural 2002); 7 de junio de 2002 (para el período comprendido entre el
28 de enero y el 31 de diciembre de 2001); 15 de abril de 2001 (para el
período comprendido entre el 28 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre
de 2000); 15 de diciembre de 1999 (para el período comprendido entre el 1
de julio y el 28 de diciembre de 1999). Por consiguiente, no existe
ningún informe para el período comprendido entre el 1 y el 27 de
enero de 2001. [5] Intervención de
España, Comité Permanente para la limpieza de minas, la
sensibilización con respecto al riesgo que conllevan las minas y las
tecnologías para la acción contra las minas, Ginebra, 11 de
febrero de 2004. [6] Entrevista con Luis
Gómez Nogueira, Departamento de Seguridad General y Desarmamento,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Ginebra, 11 de febrero de 2004.
[7] Respuesta gubernamental a la pregunta
parlamentaria formulada por el diputado Carles Campuzano, Secretaría de
Estado de Relaciones con las Cortes, 30 de abril de
2002. [8] Véase Landmine Monitor
Report 1999, p. 650. [9] Pregunta
parlamentaria formulada por el diputado Carles Campuzano, 31 de julio de 2003.
[10] Respuesta gubernamental a la
pregunta formulada por el diputado Carles Campuzano, Diario de Sesiones
(publicación oficial), 18 de noviembre de 2003.
[11] Véase Landmine Monitor Report
2001, p. 786, y Landmine Monitor Report 2002, p.
451. [12] Ley 33/1998, Artículo 1.
Véase Landmine Monitor Report 2001, p.
786. [13] Véase Landmine Monitor
Report 2001, p. 787. [14] Carta del
teniente coronel José Quevedo, Dirección General de
Política de Defensa, Unidad de Control de Armamento, Ministerio de
Defensa, 23 de enero de 2003. España, como presidente de la UE en 2002,
también propuso esta cuestión como posición de la
Unión; véase Landmine Monitor Report 2002, p.
452. [15] Véase Landmine Monitor
Report 2000, pp. 722–723, y Landmine Monitor Report 2002, pp.
452–453. [16] Carta del teniente
coronel José Quevedo, Ministerio de Defensa, 23 de enero de
2003. [17] Intervención de
España, Comité Permanente para la limpieza de minas, 11 de febrero
de 2004. Ello confirmaba declaraciones previas al
respecto. [18] Los cinco tipos de minas
antipersonales eran: Expal P-4B, P-4A, P-5, P-5AR (con mecanismo
antimanipulación), y P-Salta. Existían cinco empresas de
fabricación: Bressel, Explosivos Alaveses (Expal), Explosivos de Burgos,
Fabricaciones Extremeñas, y Unión Española de Explosivos.
Todas ellas formaban parte del grupo DEFEX (Defensa y Exportación),
controlado por el Instituto Nacional de Industria y receptor de subvenciones
públicas. Se han encontrado minas españolas en Irak, Mauritania,
las Malvinas y Marruecos. Véase Landmine Monitor Report 1999, pp.
650–651. [19] Informe presentado
con arreglo al Artículo 7, Formulario E, 15 de abril de
2001. [20] Véase Landmine Monitor
Report 1999, pp. 650–654; Landmine Monitor Report 2001, pp.
785–786. [21] Informe presentado con
arreglo al Artículo 7, Formularios B, G, 15 de diciembre de 1999. Las
existencias originales constaban de cinco tipos: P-5 (597.011), P-4B (163.579),
P-5AR (28.700), P-S1A (27.188), y P-S1
(36.808). [22] Informe presentado con
arreglo al artículo 7, Formulario D, 30 de abril de
2004. [23] Informe presentado con arreglo
al Artículo 7, Formulario D, 15 de diciembre de 1999; Intervención
de España, Comité Permanente sobre la Situación General y
el Funcionamiento de la Convención, Ginebra, 30 de mayo de 2000.
[24] Carta del teniente coronel
José Quevedo, Ministerio de Defensa, 23 de enero de
2003. [25] «La acción contra
las minas constituye un componente dinámico de las operaciones para el
mantenimiento de la paz, informa el subsecretario general al Consejo de
Seguridad», Comunicado de Prensa, Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, 13 de noviembre de 2003. [26] El
Landmine Monitor calcula que las donaciones efectuadas por España para la
acción contra las minas ascendieron a un total aproximado de 4,7 millones
de dólares entre 1999 y 2003, y de 2,3 millones de dólares entre
1995 y 1998. [27] En la totalidad de este
informe se ha utilizado para 2003 un tipo de cambio de 1€ = 1,1315$, que
corresponde a la tasa promedio 2003 de acuerdo con la List of Exchange Rates
(Annual), publicada por la Reserva Federal de Estados Unidos el 2 de enero de
2004. [28] Informe presentado con arreglo
al Artículo 7, Formulario J, 30 de abril de 2004 (para el año
natural 2003). La donación de 75.000€ a Nicaragua se utilizó
en 2003 de una parte del presupuesto para 2002. El gasto total correspondiente a
2002 se ha reducido en consecuencia. [29]
Ibíd., e informe presentado con arreglo al Protocolo II enmendado y al
Artículo 13, Formulario F, 7 de noviembre de 2003.
[30] Intervención de
España, Comité Permanente para la limpieza de minas, 11 de febrero
de 2004. [31] Informe presentado con
arreglo al Artículo 7, Formulario J, 30 de abril de 2004 (para el
año natural 2003). [32] Informe
presentado con arreglo al Artículo 7, Formulario J, 22 de octubre de
2004 (para el año natural
2002). [33] Véanse ediciones
anteriores del Landmine Monitor y la base de datos de Inversiones para la
Acción contra la Minas, www.mineaction.org, consultada el 4 de junio de
2004. No constaba registrado ningún dato de financiación
correspondiente a España. [34]
Véase Landmine Monitor Report 1999, pp. 654–655, y Landmine Monitor
Report 2000, p. 725. [35]
Intervención de España, Comité Permanente para la limpieza
de minas, 11 de febrero de 2004. [36]
Carta del teniente coronel José Quevedo, Ministerio de Defensa, 23 de
enero de 2003. Tipo de cambio 1€ = 0,95$, List of Exchange Rates (Annual),
Reserva Federal de Estados Unidos, 6 de enero de 2003.
[37] Intervención de
España, Comité Permanente para la limpieza de minas, 11 de febrero
de 2004; carta de Manuel Morato Ferro, Ministerio de Defensa, 24 de octubre de
2001. [38] Véase Landmine Monitor
Report 2001, pp. 788–789. [39]
Véase Landmine Monitor Report 2003, p.
436. [40] Véase Landmine Monitor
Report 2001, pp. 788–789. [41]
Informe presentado con arreglo al Artículo 7, Formulario J, 22 de octubre
de 2003; informe presentado con arreglo al Protocolo II enmendado de la CAC y al
Artículo 7, Formulario E, 11 de octubre de 2002. Véase Landmine
Monitor Report 2002, p. 455.
About Us
Our Research Products